22 de febrero9 de 2022.-
Albany Andara Meza | @AlbanyAndara
Se extiende por 30.000 kilómetros al sur de Venezuela, lleno de tepuyes, plantas milenarias, flores e indígenas que respetan a los Mawarí, esos espíritus que habitan en las montañas, acechando a los incautos; acaba en la frontera con Guyana y Brasil. Es el Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, donde más de 1.000 hectáreas (10 kilómetros) han sido destruidas, envenenadas con mercurio, a causa de la extracción de oro.
El viernes 4 de febrero 2022 se realizó una fiesta en lo alto de Kusari Tepuy (cerro Venado), un tepuy que queda justo frente a la laguna de Canaima. El evento, criticado por decenas de organizaciones ambientalistas, se llevó a cabo para celebrar los 50 años de edad de Rafael Oliveros, director del Grupo La Marea y director general del Campamento Canaima.
«El impacto humano por actividades irresponsables y que además están prohibidas tienen un efecto, no solo duradero sino probablemente imposible de remediar en una escala de tiempo humana. Sobre la cumbre del Kusari Tepuy crece una vegetación de herbazal, única de estas montañas tabulares del Escudo Guayanés, caracterizada por especies de gran valor científico», expresó SOS Orinoco en respuesta, en un comunicado publicado en su página oficial.
Sin embargo, la planificación irresponsable de un festejo no es la única problemática a la que se enfrenta la naturaleza que se desarrolla en Canaima. Si bien el lugar es Patrimonio Natural de la Humanidad declarado por la Unesco desde 1994, la lenta devastación del territorio lleva años ocurriendo bajo la indiferente mirada del Estado venezolano.
Destrucción acelerada en cuatro años
De acuerdo con la investigación realizada por diferentes medios venezolanos a través de los años, una de las primeras denuncias públicas sobre Canaima fue la de Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (Ciev). Este alertó, en enero de 2010, la existencia de cientos de equipos mineros que traficaban al menos 500 kilos de oro al mes en la zona de Guyana.
En febrero de 2011, volvieron a reportarse yacimientos ilegales. Ese año, Lanz indicó que se multiplicaban las denuncias de comunidades indígenas que miraban con preocupación como 2.000 personas trabajaban de forma ilícita en los alrededores, contaminando y talando a su paso.
El 29 de octubre de 2014, la periodista Valentina Quintero expresó que el sector occidental del parque experimentaba una caída del turismo considerable, a raíz de las actividades mineras.
«Minería se instaló en La Gran Sabana. Minas en Saltos Aponwao, Kamá, Quebrada de Jaspe y Mirador del Oso. Pemones destruyen Parque Nacional Canaima», publicó Quintero en su cuenta oficial de Twitter, en noviembre de 2014.
«El Gobierno de Venezuela ha rechazado la práctica de la minería ilegal denominándola ‘monstruo de mil cabezas’, pero habitantes de la zona señalan que sus acciones para detener la minería son vagas o nulas, y la minería depredadora sigue proliferando según han denunciado diversas organizaciones», compartió la ONG Vitalis durante el mismo mes.
Oro y desastre
El año 2015 estuvo marcado por las protestas de los indígenas, quienes insistían en que el agua de los ríos estaba cambiando de color, volviéndose peligrosa para la salud. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro apenas prestó atención a las decenas de manifestaciones.
La indiferencia del Estado se hizo más evidente en 2016, cuando se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, oficialmente registrada en el decreto 2.248 de la Gaceta Oficial 40.855. Esta no es más que un área de explotación irregular de recursos minerales y comercialización de alto impacto ambiental negativo, que abarca gran parte de Canaima.
La embajada venezolana en Canadá tildó el suceso como «uno de los desastres ambientales y sociales más terribles jamás ocurridos en Venezuela» y entregó un informe con las consecuencias derivadas en abril de 2021. En 2018, SOS Orinoco documenta el envenenamiento del río Supamo con mercurio.
En 2020, se realiza la investigación «Canaima: el paraíso envenenado por el oro», en la que tres medios venezolanos exponen los graves daños causados en el parque nacional, incluyendo las violaciones a los derechos humanos de indígenas de la etnia Pemón.
Para 2021 el grupo SOS Orinoco determinó que Venezuela es el país amazónico con mayor número de minas ilegales, con 680 sectores mineros en 51.286 hectáreas aproximadas.
«Hoy en día sigue aumentando la actividad minera ilegal al sur del Orinoco. Y los que la desarrollan están dañando la diversidad. Talan los bosques, utilizan sustancias nocivas y no tienen ningún plan de recuperación», expresó Zoila Martínez, Líder Global de Gestión de Biodiversidad en Vitalis Iberoamérica a Efecto Cocuyo, en febrero de 2022.
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Impacto humano en los tepuyes
Estaban ahí durante los primeros 4.000 millones de años de la Tierra y siguen de pie hoy en día, guardando secretos, mitos y especies únicas. Los tepuyes, esas montañas con cimas relativamente planas, son consideradas joyas geológicas y tesoros naturales únicos.
«Sabemos que el Macizo Guayanés es una de las zonas geológicamente más antiguas del mundo. Y por eso los tepuyes no tienen esa forma triangular que normalmente vemos en otras montañas, como el Ávila, y son muy difíciles de escalar. Por ello, no es fácil que la vegetación y los animales que están ahí se comuniquen con otras zonas. Es decir, las especies que se encuentran en un tepuy con frecuencia están solamente en ese tepuy», señaló Zoila Martínez.
Explicó que el turismo inconsciente y eventos como la fiesta del 4 de febrero contribuyen causar estragos en la zona, catalogada «ecológicamente sensible». Esto quiere decir que especies y plantas corren peligro de desaparecer totalmente del sitio si no se tiene cuidado.
«Se pide un turismo pasivo, especialmente de observación. Lo importante ahora es investigar cuál fue el impacto de esa fiesta. También hay que tomar en cuenta cómo esto puede repercutir con las mismas poblaciones, ya sean criollas o indígenas, que están en el parque nacional», apuntó la experta.
El 10 de febrero, Tarek William Saab, fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, informó que el Ministerio Público comisionó a la Fiscalía 87 Nacional en Defensa Ambiental para investigar los daños ocasionados en el Kusari Tepuy.