8 de agosto de 2023.-
La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 190 millones de trabajadoras y trabajadores en 167 países y territorios, y cuenta con 336 organizaciones afiliadas nacionales y su expresión regional, la Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA), que representa a 50 organizaciones nacionales del continente con una afiliación de más de 55 millones de trabajadores/as, manifiesta su solidaridad con el compañero Gabriel Blanco, Director de Comunicación de la seccional Caracas de la Central de Trabajadores ASI Venezuela quien, junto a un grupo de dirigentes sindicales y gremiales de diferentes sectores y que estaban siendo procesados por diferentes causas, fueron condenados a 16 de años de prisión, según sentencia emitida el día 1ero de agosto de 2023.
Esta sentencia afecta el derecho a la libertad sindical que en su actual evolución se integra muy estrechamente al conjunto de los Derechos Fundamentales de las personas de carácter civil y político, siendo expresamente así reconocido en los tratados más importantes a nivel internacional y regional, como el caso de los Pactos Internacionales de Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos y sobre derechos económicos, sociales y culturales y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional en el ámbito interamericano.
En el campo de la Organización Internacional del Trabajo, su Comité de Libertad Sindical tiene reiteradamente dicho que:
El concepto de derechos sindicales carece totalmente de sentido cuando no existen
las libertades civiles, y los derechos conferidos a las organizaciones de trabajadores
y empleadores se basan en el respeto de las libertades civiles, como la seguridad de
las personas y el no recurso a arrestos y detenciones arbitrarios (Recopilación de
Decisiones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, 2018, pár. 119).
De acuerdo con el conocimiento que se tiene del caso, la decisión aplicada a los dirigentes sindicales en Venezuela luce como arbitraria y conculcadora de los más elementales derechos de las personas, además de constituir una afectación grave al derecho a la actividad sindical.
Teniendo en cuenta la situación compleja que ha vivido el país en materia laboral y de las libertades sindicales, no resultará ajena a los poderes ejecutivo y judicial lo absolutamente inoportuna que resulta esta medida, ya que daña de manera irremediable, si no se corrige, el proceso de diálogo social que tan trabajosamente viene urdiéndose en Venezuela como forma de superar las observaciones y recomendaciones que los principales órganos de control de la OIT, (Comité de Libertad Sindical, Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia) han realizado, proceso en el cual tanto la Central ASI Venezuela como la CSA y la CSI han contribuido decisivamente, comprometiendo esfuerzos y cuadros sindicales en pos de una salida satisfactoria y consensuada.
Por tales consideraciones lamentamos profundamente esta decisión judicial que no favorece el clima democrático para el ejercicio de la actividad sindical y criminaliza a los dirigentes sindicales. Acompañaremos los recursos jurídicos de que dispongan los sindicatos para apelar dicha sentencia y recobrar la libertad del compañero Blanco y demás lideres sindicales y gremiales. Igualmente demandamos al poder ejecutivo, en el marco de la separación de poderes, que actúe para salvaguardar los derechos civiles y políticos y el derecho a la libertad sindical en Venezuela y que haya una reacción urgente frente a la medida judicial adoptada contra dirigentes sindicales y asegurar el más amplio ejercicio de la actividad sindical en su país y no comprometer el proceso de diálogo social
Lea la declaración completa: https://csa-csi.org/2023/08/04/csacsivenezuela/?fbclid=IwAR3HtGELLZGlfwmU8Q7LtMzK_M4Y_hGcRhSuQOqqnKte26yMJ3bycEyIYzs