La nueva Ley de Fiscalización y Regularización de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) aprobada por el Parlamento venezolano es un instrumento legal que busca regular el financiamiento y las actividades de estos organismos, en un contexto de constante injerencia de otros países, sobre todo EEUU, en los asuntos internos de Venezuela.
La normativa ha sido aprobada en un contexto de creciente preocupación sobre el papel de estas organizaciones en la política y la estabilidad de Venezuela. Carolina Escarrá, politóloga y experta en diplomacia estratégica, se trata de una herramienta fundamental para asegurar que las ONG operen dentro de los marcos legales establecidos y no utilicen financiamiento extranjero para desestabilizar el país.
"Esta ley es absolutamente necesaria", afirma Escarrá, aludiendo a la Ley de Autodeterminación y Soberanía de 2011 promulgada durante el mandato de Hugo Chávez. "En ese momento, ya había una regulación para evitar la influencia política externa en las actividades de las ONG".
Escarrá recuerda casos históricos, como el de la ONG Súmate, que, según informes previos de las autoridades venezolanas, recibió financiamiento de la USAID con el objetivo de influir en el proceso político venezolano. "Cuando financian estas organizaciones, a menudo lo hacen imponiendo ciertas limitaciones o direccionalidades en su trabajo", explica.
"Nos hemos dado cuenta de que no se libera el dinero que le pertenece al país, pero sí ingresa dinero para financiar no solamente ciertas ONG con alcance político y con características políticas, sino que además se financia para desestabilizar el país, que es lo que han venido haciendo algunas ONG, sobre todo de parte de los Estados Unidos, pero también del Reino Unido o de Francia, en especial dirigidos al tema de los medios de comunicación", abunda la analista.
"Teniendo todo ese precedente es sumamente importante que se regularice, que se limite, que se sepa por lo menos cuáles son las actividades que están teniendo estas organizaciones no gubernamentales y que se pueda además saber cuál es el alcance que tiene la financiación que se le da”, agrega Escarrá.
¿Hacia quién va dirigida la nueva ley?
Una de las preocupaciones que surgen con esta ley es su impacto en la autonomía y sostenibilidad de las ONG. Según Escarrá, la regulación no debería afectar negativamente a aquellas organizaciones que operan dentro del marco legal y constitucional.
"Cuando una ONG está trabajando dentro del marco de la ley y no está orientada a la desestabilización política o social, puede seguir operando con normalidad", asegura.
La experta destaca que la ley está diseñada para regular aquellas ONG que se desvían de estos principios y que podrían tener agendas políticas externas.
En comparación con otros países, como Estados Unidos, donde la Ley FARA (Foreign Agents Registration Act) regula las actividades de los agentes políticos extranjeros, Escarrá cuestiona el doble estándar del país norteamericano a la hora de criticar la legislación en otros países, pero no mirar sus propias realidades. "En Estados Unidos, la Ley del FARA exige que los individuos que trabajan en el ámbito político extranjero registren sus actividades y las informen al Departamento de Justicia", comenta Escarrá, subrayando que este tipo de regulación es común en diversas democracias para evitar la influencia externa indebida.
"Según esta ley [FARA], si tú estás en el área política como estadounidense, tú tienes que pasarle un informe al Departamento de Justicia sobre no solo las actividades que tú haces en el ámbito político, sino las actividades que hacen tus compañeros en el área política también. Porque si no, es penado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esa es una ley que es de 1938. Los estadounidenses que trabajan por un gobierno extranjero se tienen que registrar y tienen que pasar todo este tipo de información con cierta regularidad, so pena de que lo metan preso o que le pongan una multa”, explica la analista.