2 de octubre de 2024.- Contradicciones y discrecionalidad entre las instituciones venezolanas, como el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y la Cancillería, adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, dejan a más de 8 Millones de compatriotas entre el desamparo y la vulnerabilidad, debido a decisiones contrarias a lo que establece el Artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que:
“(…) Los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas”.
Debido a las tensiones políticas y diplomáticas producto de la crisis abierta el 28 de julio por la no publicación de los resultados electorales de parte del CNE, desde el gobierno de Nicolás Maduro se desarrollan “estrategias, medidas, resoluciones o mecanismos” que impiden a los ciudadanos venezolanos en el mundo y en particular los radicados en Argentina, Uruguay, Ecuador, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá y República Dominicana, ya que al retirar su personal diplomático de sus instalaciones, quedan los venezolanos sin poder acceder a los trámites consulares, aún en el contexto de alguna emergencia humanitaria (fallecimiento, salud, extravío, etc.). Se trata de un hecho de dominio público, que desde Venezuela los trámites en lugar de simplificarse se hacen más complejos, por ejemplo:
1.- Desde el miércoles 25/09/2024 el Saime informó a través de sus redes sociales que:
“los venezolanos que se encuentran fuera del país y hayan tramitado el pasaporte a través de los consulados que están cerrados, podrán dirigirse a nuestra sede principal en Caracas para retirar el documento de viaje”.
2.- El viernes 27/09/2024 el gobierno venezolano envió una notificación oficial a las aerolíneas que aún tienen vuelos hacia Venezuela en la que especifica que:
“los pasajeros venezolanos deben tener su pasaporte venezolano vigente al momento del viaje, y en caso contrario deberán solicitar un “Documento de Viaje” ante el Consulado o la Embajada venezolana acreditada en el exterior y registrarlo con la aerolínea con al menos 72 horas antes del embarque”.
3.- Otra medida que impide el embarque a venezolanos con cédula de identidad, aun estando vigente y además, agrega que aquellos pasajeros venezolanos que tengan doble nacionalidad, deberán presentar de igual manera el pasaporte venezolano vigente, como se subraya en la nota del medio digítal Tal Cual: Si el pasaporte venezolano está vencido, no podrá ser embarcado aun teniendo el pasaporte de su otra nacionalidad vigente, a pesar de que todas, son medidas contrarias a lo que establece la CRBV en el Art. 50, donde también señala:
“(…) Los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas”.
En estas circunstancias, surgen las siguientes preguntas de la ciudadanía venezolana:
- ¿Quién tiene la responsabilidad de garantizar los Derechos Humanos y el Art, 50 de la Constitución Nacional?
- Al no contar con representación diplomática, los migrantes venezolanos quedan expuestos a problemas de legalidad en materia civil, penal y administrativa, lo que a su vez repercute en el acceso a documentos legales, servicios públicos, empleo y educación, incluyendo situaciones de xenofobia, sin la posibilidad de poder recurrir a su embajada o consulado en busca de protección, asesoría y demás gestiones.
- Hasta hoy, ningún organismo del gobierno se ha pronunciado sobre la situación, específicamente, sobre cómo pueden hacer los venezolanos para tramitar el salvoconducto si residen en países donde no hay representación consular venezolana.
Dado el impacto perjudicial de este tipo de medidas gubernamentales, es importante hacer seguimieno a los casos de los ciudadanos afectados e insistir con el llamado a la cordura, a la reflexión del gobierno de Nicolás Maduro para que cumpla con la Constitución y con su responsabilidad hacia todos los venezolanos. En el entendido, de que nada, ni nadie los puede exonerar de sus responsabilidades.