La Asamblea Nacional Constituyente, en su carácter soberano, aprobó una Ley anhelada que en la historia política nacional a los sectores de menores recursos les pareció verdadera justicia en la democracia, para beneficiar la gran mayoría que integran los más necesitados, consuetudinariamente maltratados. La Ley de Julio 2019 reconoce que en Venezuela hay personas naturales y personas jurídicas que tienen patrimonios importantes. La ANC determinó que por su situación y sin menoscabar sus derechos constitucionales, harán un aporte a la nación a través del sistema de impuestos, se estipula que las personas naturales que posean por encima de 236.000 euros, deben contribuir con la nación, igual que ocurre en numerosos países.
A no dudarlo aparecerán defensores del capitalismo a ultranza y por lo general violadores de las leyes, esos que compran conciencias y no les importa solicitar que invadan su patria, a decir que esto es "dictadura". Los ricos que radican sus familias fuera del país, roban el patrimonio de la nación, y acusan a los pobres de ser inoficiosos y pedigüeños, seguirán sus campañas de quejas y desazón. La colectividad se da cuenta que llegó la hora de medidas de beneficio al colectivo todo, sin restarle condiciones a los emprendedores honestos de la empresa privada, ni a individualidades.
La ANC busca evitar la tradicional corrupción ejercida por sectores acostumbrados a vivir de las ganancias petroleras, las que deben ser destinadas a la población sin exclusión. La Ley incluye para este impuesto a los poseedores de bienes muebles, bienes inmuebles, vehículos de alta gama, motos de alta cilindrada, yates, aviones, joyas, obras de arte, piedras preciosas, minerales, títulos valores y acciones. Se excluye del impuesto la vivienda principal de cada ciudadano, ropa, zapatos, prestaciones sociales, propiedad comunal, activos de agricultura y para la producción de alimentos.