Muchas denuncias, han señalado los gremios de la salud, ante las condiciones en las que trabajan en sus respectivos centros asistenciales, el resultado de todo esto es la indiferencia de un gobierno que se dedico a saquear la república y a malversar el erario público, dejando a lo largo de su gestión gubernamental miles de muertos porque en los hospitales en general carecen de medicamentos, sólo hay equipos dañados, personal muy mal pagado, de apagones de luz permanentes, de insumos inexistentes para los respectivos laboratorios, de salas de operaciones contaminadas, enfermos hospitalizados que agonizan en medio del dolor de sus familiares y cuyo delito es ser pobres y para completar las morgues repletas de cadáveres que terminan de contaminar todas sus plantas físicas.
El gobierno lo niega todo y genera una política alimentaria para terminar de enfermar y eliminar a los más pobres, a los excluidos de siempre y donde hay que agregar a una clase media ya en términos de proletarización que ahora también reclama el llamado CLAP que trae harinas y de muy mala calidad, de leches contaminadas y de aceites no recomendados para la salud, testigo de éste macabro escenario son las empresas que sectores enchufados en el gobierno de Nicolás Maduro, fueron descubiertas y que contrataban a empresas mexicanas a través de los llamados CLAP y donde: " Las autoridades mexicanas sancionaron a personas y empresas que vendían al gobierno de Venezuela alimentos de baja calidad y con sobreprecio para la población más pobre del país sudamericano, con un pago de tres millones de dólares que se destinará a la ONU, informó la fiscalía mexicana. Según una investigación de la fiscalía general, desde 2016 «estas personas han obtenido recursos (del gobierno venezolano), desviándolo de sus fines humanitarios, para en cambio adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos», dijo en conferencia de prensa Israel Lira de la procuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada.
Numerosas denuncias apuntan a que estos productos, sobre todo la leche en polvo, no cumplen con los estándares mínimos de nutrición, mientras investigaciones periodísticas aseguran que detrás de estas despensas se teje una red de corrupción y lavado de dinero entre empresarios cercanos al gobierno venezolano".
EL CASO ROTONDARO
El proceso de militarización que el gobierno de Nicolás Maduro se ha propuesto con el fin de que estos le garanticen su estadía en el poder, le ha traído al pueblo de Venezuela resultados desastrosos como lo es el caso del General Rotondaro como uno de los tantos ejemplos que se han dado – en este caso- en materia de salud.
Carlos Rotondaro, ex presidente del Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS) quien huyó a Colombia y pidió protección, luego de haber atracado el sistema de salud de la mano de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, fue acusado por la Asamblea Nacional de Venezuela en el 2018, tras conocerse un desfalco de al menos 100 millones de dólares, que estaban predestinados a la adquisición de insumos médicos, obtenidos a través de testaferros; un ambiente que contribuyó con la actual crisis humanitaria y que ha dejado miles de pacientes fallecidos. Se calcula que unos 5.000 mil pacientes de diálisis habían muerto, por culpa de éste General genocida líder de la revolución bolivariana entre el 2017 y 2019 por falta de insumos de atención, sin contar a los enfermos terminales a quien se les negaba y se les sigue negando los medicamentos. Esta denuncia apenas mostraba la punta del iceberg de la situación sanitaria en Venezuela.
LA DENUNCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES
A pesar del gran esfuerzo que ha realizado el gobierno de Nicolás Maduro y sus respectivos cómplices, de querer ocultar la crisis hospitalaria y humanitaria, la verdad ha salido a flote, incluso en medios de comunicación internacionales tal y como lo reseña la revista médica "The Lance" donde en su editorial del 23 de marzo del presente año, que llevó por título: El derecho a la salud de Venezuela se derrumba en medio de la crisis política. En el mismo se denuncia la crisis sanitaria y alimentaria que flagela al país, marcado por el ambiente de crisis política, la falla de insumos y la deplorable situación en los servicios públicos, sobre todo en materia de electricidad y agua potable.
En la misma revista se encuentra un estudio, liderado por la doctora Kathleen R. Page, donde comienza indicando: "La crisis económica en Venezuela ha erosionado la infraestructura de salud del país y ha amenazado a la salud pública de su pueblo. La escasez de medicamentos, suministros de salud, interrupciones de los servicios básicos en los centros de salud y la emigración de trabajadores de la salud ha llevado a una disminución progresiva de la capacidad operativa de la atención de salud. El efecto de la crisis en salud pública ha sido difícil de cuantificar desde que el Ministerio de Salud de Venezuela dejó de publicar estadísticas cruciales de salud pública en 2016".
EL OTRO INFORME
El 4 de abril, la ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch (HRW) dio a conocer en rueda de prensa un informe de 73 páginas, titulado La emergencia humanitaria en Venezuela: se requiere una respuesta a gran escala de la ONU para abordar la crisis de salud y alimentaria.
El mencionado informe, elaborado colectivamente con expertos y médicos de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, evidencia un acrecentamiento de los niveles de mortalidad materna e infantil; brotes de enfermedades que podrían prevenirse con vacunación, tales como el sarampión y la difteria; e incrementos drásticos en la transmisión de enfermedades infecciosas, como malaria y tuberculosis. Las reseñas y datos estadísticos disponibles revelan altos niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil, así como una alta proporción de niños ingresados en hospitales con desnutrición.
Tanto el estudio de la doctora Kathleen R. Page como el HRW concuerdan en muchos datos, hoy negados por las autoridades sanitarias del régimen de Nicolás Maduro. Este ha negado hasta el cansancio la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela, la cual se ha exacerbado desde que asumió el poder en 2013.
Esta realidad está sucediendo en el país más rico de América Latina y el Caribe y donde lamentablemente se condena a una inmensa mayoría de venezolanos a una muerte segura. De allí la conclusión de que en Venezuela, los que llegan enfermos a los centros medico-asistenciales, los mismos entran por emergencia pero salen por la morgue, ante la mirada indiferente de un gobierno que pareciera sentir placer por sus políticas genocidas. Un gobierno que lo único democrático que tiene es la muerte, porque nos llega a todos por igual.