No podemos permitir que la corrupción pueda poner en riesgo la marcha de la Revolución
En los tres años y medio largos en el ejercicio del cargo como Fiscal General de la República (desde agosto de 2017), estas son las cifras que mostró a la Asamblea Nacional el Dr. Tarek William Saab, el pasado 25 de febrero en curso:
Durante el periodo 2017-2020 el Ministerio Público (MP) develó 28 tramas de corrupción en la industria petrolera venezolana. Identificó a 194 personas implicadas en estas acciones, de las cuales han sido judicializadas 103, todas pertenecientes a la empresa estatal, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales.
En lo que va de este año, que apenas comienza, se iniciaron 232 investigaciones por corrupción contra 232 funcionarios públicos. El pasado año de 2020, el ente Fiscal estableció un récord histórico de 802 personas condenadas, para alcanzar un total de 2.274 condenados desde 6 de agosto de 2017, fecha en que él asumió dicha responsabilidad.
Como estamos viendo, la situación es realmente preocupante, de manera que se nos hace imposible dejar de continuar con nuestra prédica persistente sobre la urgente necesidad de seguir exigiendo a las más altas instancias de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la mayor atención a las propuestas que se han formulado, a través de estos medios digitales, hacia el objetivo de reformular y reforzar las normas legales en materia de contraloría y las de carácter estratégico que hasta el momento se han venido aplicando, sin éxito alguno en la lucha contra la corrupción, las cuales se han limitado a exigirles y/o rogarles a los funcionarios a que sean honestos en el manejo de los dineros públicos o a lanzar discursos encendidos que nacen de la rabia y la indignación que se provoca cuando se descubren mafias o sujetos que, bajo mil triquiñuelas, se roban los dineros de la Patria en cifras mil millonarias, como vimos que sucedió con ese tal joven "promesa" de la Revolución, Jacobo Grey, designado pocos meses antes Presidente de la empresa "PDVSA-Gas Comunal", que hizo lo que le vino en gana y que llevó al Presidente Maduro, a preguntarse, ¿cómo se corrompió ese joven, cómo se metió a ladrón, a ratero?, para agregar, "Nos sangra la garganta llamando a los funcionarios públicos para que hagan lo correcto. Pero el que se echa a perder, se echa a perder. Pegan cuatro gritos y cuatro consignas, pero por detrás están robando a la patria"
En la crianza y formación de niños y jóvenes, la persuasión es una herramienta infaltable, sin duda alguna, para lograr el objetivo, pero cuando hablamos de la administración y manejo de dinero, de bienes ajenos, en nuestro caso de recursos monetarios del país, de todos los venezolanos, no hay otra fórmula para garantizar la pulcritud en los delicados procesos de su administración, que imponer rígidos controles externos, de las fiscalización permanentes y, por supuesto, sometidas todas esas prácticas de contraloría a una estricta e incansable SUPERVISIÓN...!!!
De manera que volvemos de nuevo sobre el tema de la corrupción, absolutamente convencidos de que ocupa lugar de preeminencia en conjunto con los problemas más graves hoy confronta nuestro país, como lo son, la consolidación de la paz entre los venezolanos y los muy complejos asuntos relativos al salario y la terrible inflación que lo hace, días tras día, más insuficiente, como resultado de la atroz guerra económica que resolvieron las economías más poderosas del occidente cristiano, declararle a nuestra Patria, en flagrante violación del derecho internacional y solo porque se niegan a reconocer nuestra soberanía y el derecho sagrado que tenemos los venezolanos a gobernarnos como a bien los dispongamos, sin injerencia extranjera alguna…
En tal sentido, en lo que sigue, de nuevo nuestras propuestas que apuntan al objetivo de definir planes para enfrentar con efectividad a los pillos que resuelvan convertirse en funcionarios públicos, hábilmente disfrazados de chavistas, rojos rojitos, buscando cómo robarse, por la vía de la matraca, del chantaje, del cobro de las coimas, de la mordida, dineros y bienes que son del sagrado patrimonio de la Nación.
Estas son nuestras propuestas:
1) Establecer los controles previos al gasto y al pago, correspondientes a los proyectos de compromisos presupuestarios de todos los entes públicos, sin excepción alguna, por órgano del máximo ente de control del país, la Contraloría General de la República. Es un mecanismo de control que, desde nuestra visión, está bien definido en la actual Ley Orgánica de la Contraloría General (artículo 38), pero que los legisladores de la 4ta. República que lo adoptaron (diciembre/1995) y se mantiene sin cambio alguno en la vigente Ley de 2010, incurrieron en la enorme pifia de otorgar dicha competencia a los mismos administradores de los respectivos presupuestos, es decir, que convirtieron a los responsables del manejo y disposición de los recursos de la Nación, de las Gobernaciones, de las Alcaldías, de los Institutos Autónomos y Empresas del Estafo, etcétera, en sus propios contralores, algo inexplicable que haya sucedido y que nosotros tratamos de entender que dicha decisión no fue otra cosa que una imperdonable concesión del gobierno de la época (Caldera II), al llamado consenso de Washington (que impuso las privatizaciones, las desregulaciones y en, fin, el Estado totalmente marginado de las responsabilidades que le imponían gobernar para todos…);
2) Revisar exhaustivamente, dentro de la mayor rigurosidad, las declaraciones Juradas de Patrimonio de todos los funcionarios del Estado que manejan y dispongan de dineros y bienes públicos, bajo cualquier circunstancia y de manera selectiva, las correspondientes al resto de los funcionarios públicos;
3) Hacer públicas dichas declaraciones patrimoniales en la página oficial de la Institución Contralora, de aquellos funcionarios que en el cumplimiento de sus responsabilidad tengan directa o indirecta participación en el manejo y disposición del presupuesto que corresponda al ente de que se trate y/o de aquellos recursos adicionales que reciba del Estado o que sean generados a lo interno del mismo;
4) Instalar canales expeditos para facilitar las denuncias sobre hechos de corrupción, que operen bajo normas que, en lo absoluto, demanden del denunciante el "expediente probatorio" de los supuestos hechos delictuosos que sean denunciados, lo cual no descartamos que pudiera ocurrir en determinados y muy contados casos, pero que en la mayoría de los mismos, no se tienen las pruebas. Se maneja la sospecha de que las conductas de quiénes, siendo funcionarios públicos, de la noche a la mañana cambien sus modestos modos de vida a una totalmente distinta, con el derroche y la exhibición de nuevos automóviles de lujo, fiestas desenfrenadas con el mayor de los derroches, la adquisición de la segunda vivienda, de los incesantes viajes al exterior, etcétera, etcétera, todo lo cual sugiere, que esos sujetos en nada bueno andan en el desempeño de sus funciones. Es lo que llamamos la "riqueza súbita" y no creemos que haya una mayor y más contundente prueba que ésta, para que se activen de inmediato los órganos de investigación del Estado y,
5) Aprobar una Ley para proteger a denunciantes y testigos en materia de corrupción, acerca de lo cual debemos informarle a los camaradas y amigos Diputados de la nueva AN, que en sus archivos reposa un proyecto en esa materia que fue discutido y aprobado por la respectiva Comisión de Contraloría, durante el período 2011 al 2016, el cual fue propuesto durante la gestión de la Contralora, Dra. Adelina González.