No nos sorprendieron las declaraciones del presidente Maduro acerca de abrirse al diálogo con la posición violenta venezolana, encabezada por Juan Guaidó y sus secuaces puesto que ya el presidente, así como Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello lo venían anunciando. Lo que molesta a mucha gente, incluidos nosotros, es evidenciar como el pragmatismo político se vuelve norma y se le da un trato diferenciado a las mismas situaciones, cuando por ejemplo, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 21 que "Todas las personas son iguales ante la ley"
Y esto se constata en el anterior caso de los gerentes de PDVSA Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, a quienes en una rueda de prensa se les expuso al escarnio público cuando sin pruebas ni juicio previo se les tildó hasta de traidores a la patria y colaboradores de nuestro principal enemigo, el gobierno estadounidense y luego el fiscal Tarek William Saab hizo lo propio, para que más adelante el tribunal los condenara a una pena de 5 años de prisión, más por quedar bien el TSJ con el gobierno que la propia culpabilidad de Aryenis y Alfredo. Eso se hizo mientras se "hacía la vista gorda" con el criminal de Leopoldo López facilitando tácitamente su fuga y se le daba libertad a otros opositores incursos en graves delitos contra la patria y los venezolanos que hoy, con plena impunidad siguen disfrutando de los dólares que les da el enemigo para que sigan con sus actos criminales.
En oportunidad anterior expusimos: "Si alguien debería estar preso en Venezuela es Juan Guaidó, quien ha cometido todo tipo de delitos contra el ordenamiento jurídico venezolano. Este sujeto ha usurpado funciones de presidente de la República y de presidente de la Asamblea Nacional, ha dispuesto de los activos de Venezuela en el exterior como CITGO en Estados Unidos y Monómeros en Colombia, por lo cual hemos perdido miles de millones de dólares, así como ha permitido que otras naciones se hayan aprovechado de su apoyo para robarnos nuestros activos en el exterior. Ha invocado en varias oportunidades la necesidad que fuerzas extranjeras intervengan en nuestro país (lo cual le hace un traidor a la Patria), se alió con gobiernos enemigos de Venezuela cuando se intentó hacer pasar por la vía violenta la falsa ayuda humanitaria e intentó dar un golpe de estado el 30 de abril del 2019, todo lo cual en plena flagrancia, asumida por él mismo como responsable de esas acciones.
La respuesta del estado venezolano ha sido no tocarlo "ni con el pétalo de una rosa" y lo que más se ha hecho es abrir averiguaciones y mofarse de sus "metidas de pata" mediáticas. Por ello, y eso es negativo para la credibilidad de los mismos, ya la gente está cansada de las ruedas de prensa y declaraciones recurrentes de Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro, entre otros dirigentes del gobierno venezolano, que han calificado a Guaidó de ladrón, criminal, traidor a la patria, estafador, responsable de la muerte de miles de venezolanos acá y en el exterior, corrupto, golpista, etc, etc, etc.
Pero desde el punto de vista de la aplicación de la justicia no se ha hecho nada. La Fiscalía (Tareck William Saab), el Tribunal Supremo de Justicia (Maikel Moreno), el Poder Ejecutivo (Nicolás Maduro), la Asamblea Nacional Constituyente (Diosdado Cabello),la Asamblea nacional (Jorge Rodríguez) y hasta la Contraloría General de la República están aplicando la política de "laissez faire, laissez passer" con ese tipo"….. https://www.aporrea.org/ddhh/a289952.html.
Nos parece excelente que en la lucha contra un mal endémico del capitalismo se actúe como en el reciente caso de Lácteos Los Andes (que pareciera otra sorpresa para el gobierno, cuando era una situación que "todo el mundo sabía") y que sus responsables sean sancionados de acuerdo a las leyes venezolanas. Pero encontramos otra contradicción en el caso del coronel Piligra y otros presuntos corruptos (no podemos ser irresponsables de calificarlos antes que los tribunales tomen las decisiones en base a las pruebas reales), pues mientras éste va preso, a Guaidó se le va a recibir en el palacio de Miraflores con alfombra roja y sonrisas diplomáticas.
De allí que compartamos a plenitud los planteamientos de Clodovaldo Hernández, en su reciente artículo quien expuso claramente: "En este sentido, una de las aristas de esta investigación debería ser –en mi opinión- llamar a todos los que debieron haber alertado sobre esto (antes de que lo hiciera la obrera) y, sobre todo, quienes estaban obligados a tomar las medidas preventivas y correctivas. No puede ser que ahora se haga leña con el presunto corrupto mayor (es obligación profesional usar la palabra presunto) y no se someta a indagación y eventualmente a castigo a quienes tenían la misión de supervisar y controlar y no lo hicieron, sea por complicidad o por negligencia. Que nadie se haga el desentendido.
En algunos casos no se trata de que los organismos encargados hayan incumplido su tarea, sino que no se tomaron las medidas correspondientes. Si se revisan los informes de la Contraloría General de la República podrán encontrarse objeciones y alertas sobre Lácteos Los Andes al menos desde 2016, por solo hacer referencia a uno de ellos. Según lo establecido en el ordenamiento jurídico, después de tales alertas, la misma Contraloría debió sancionar administrativamente y, en caso de no corregirse las infracciones, ha debido actuar el Ministerio Público. Tal parece que no lo hicieron".
Más coherencia, por favor…..