La corrupción y el soborno -en cualquiera parte del mundo- constituyen un cáncer que corroe los cimientos morales y éticos sobre los que debiera erigirse toda sociedad. Es algo fácilmente identificable aunque, al momento de denunciarse, sean pocas las evidencias que puedan presentarse, dada la cadena de complicidades que le da visos de legalidad e impunidad. No importa cuántas leyes contemplen su castigo, así como las cruzadas que se ordenen desde las alturas del poder para extirparla, los corruptos (y los corruptores) siempre hallarán una manera de eludirlas, burlándose de todos los ciudadanos honestos que laboran a diario para la manutención de sí mismos y de sus respectivas familias. Es un fenómeno sistémico que obstaculiza y paraliza, en muchos casos, el ejercicio de la justicia y la acción efectiva de las instituciones del Estado, lo que termina reflejándose en la inercia o anomia de la población que, incrédula, decide no confiar en quienes están al frente de las mismas.
La pretendida guerra contra la corrupción tiene, entonces, que ser enfocada desde diversos puntos de vista. No solamente en lo que comprende el ámbito estrictamente político, cuestionando por igual a todos sus actores. De acuerdo a las múltiples formas que pueda adquirir la práctica social, este fenómeno lo determinan el comportamiento o predisposición de los individuos y la estructura general del Estado, la cual -dada la multiplicidad de funciones que cumple- logra que tal práctica sea vista como algo normal e inevitable cuando lo que debe imponerse es su desnormalización y criminalización. Por otra parte, es importante entender que su heterogeneidad y multivalencia van en detrimento de la inversión y del desarrollo económico, lo que se inicia mediante el uso inapropiado del servicio público para que haya beneficios privados o individuales; extendiéndose al usufructo de bienes públicos de manera ilegal o ilegítima.
La corrupción y el soborno (lo mismo que el tráfico de influencias y el desvío de recursos) se convierten en parte de las transacciones o recompensas ilegales que debería cumplir toda empresa o persona para acceder a un beneficio inmediato, bienes y servicios básicos, evitando así el engorroso tránsito de la burocracia. A pesar de las críticas vertidas en su contra, de forma general se consideran un mal necesario para que funcionen, de una manera algo adecuada, tanto las actividades gubernamentales como las económicas. Los procesos, los procedimientos, los códigos o las nomas que rigen el funcionamiento del Estado se convierten en excusas que propician la existencia de la corrupción y el soborno. En consecuencia, la corrupción y el soborno se expresan en distintas escalas, ideas y prácticas que, a la vista de muchas personas, los hacen ineludibles, sin merecer (generalmente) su estigmatización. La flexibilización o relajamiento de las fronteras morales y éticas que esto produce hace más dificultosa la tarea de imponer sanciones a quienes incurren en ello y reduce significativamente la credibilidad de los ciudadanos en relación con las distintas instituciones públicas.
La eficacia de las leyes y las acciones anticorrupción (prevención, detección, denuncia, investigación y enjuiciamiento) dependerán en gran parte de la disposición de los entes estatales para acabar o, al menos, reducir -estructural e integralmente- su influencia nefasta en el comportamiento general de la sociedad. Sin embargo, tendrán un mayor impacto en este logro las capacidades organizacionales que puedan generar por sí mismos los sectores populares, haciendo uso de sus derechos soberanos, en el marco de una democracia ampliamente participativa y protagónica. Como podrá observarse, en cada país la corrupción se manifiesta de diferentes maneras, por lo tanto, se requerirán medidas ajustadas a los niveles en que ésta tiene lugar. Es preciso fortalecer los valores morales y éticos entre los ciudadanos y fomentar, al mismo tiempo, la cultura de la legalidad entre los funcionarios o servidores públicos. De parte de los particulares, especialmente de los sectores económicos, debe sancionarse oportuna y efectivamente la evasión fiscal a la cual están acostumbrados muchos de ellos, perjudicando el desarrollo nacional. Aunque se consideren insuficientes para tratar de revertir el daño ocasionado hasta ahora, éstas serían las medidas más factibles e inmediatas, siendo constantes y extendidas a todos los ámbitos de la vida social. Sólo entonces podría garantizarse la vigencia y la práctica de una democracia ampliamente participativa y protagónica como todos la anhelamos, en beneficio de todos.