Los últimos hechos de mega-corrupción que han salido a la luz, escandalizando a todo el país, con la detención de altos funcionarios militantes del PSUV y miembros del entorno del ahora exministro Tarek El Aissami, entre otros casos, no son algo excepcional. Son la muestra del modo de apropiación y acumulación de capital por parte de la burocracia político-militar y la lumpen-burguesía que impera en el Estado venezolano.
La V República, después de unos pocos años en los que prometía una transición socialista, en los se hicieron importantes reformas y el pueblo obtuvo valiosas conquistas sociales; terminó reproduciendo y hasta multiplicó los males de la IV, agregando otros nuevos. Eso, al no reemplazar el modelo capitalista, y encima por sufrir una marcada degeneración burocrática y deriva autoritaria. Es lo que ha hecho metástasis y hace brotar su purulencia con notoria intensidad hoy.
Los arrestos que vienen ocurriendo no son parte de una real "cruzada anticorrupción" sino de "ajustes de cuentas" y disputas intestinas por el poder y por el control de los negocios ilícitos, además de producirse practicamente en un marco preelectoral, en el que el gobierno busca su reacomodo, para asegurarse la reelección del presidente Maduro y la continuidad de la casta dominante. Cada vez que hay alguna reyerta por colocarse "donde haiga", salen algunos personajes importantes presos y sus más estrechos colaboradores o cómplices. Es la pelea por el control de la renta nacional y una manera de purgarse que tiene el sistema para soportar la presión.
Las luchas de los trabajadores y el pueblo están creciendo, y aunque no consigan todavía sus reivindicaciones, repercuten en la superestructura política; sobre todo cuando la reducción de la renta acorta el botín de los corruptos que le disputan al pueblo los recursos para satisfacer sus necesidades básicas.
En esta ocasión, con la operación "anticorrupción" que se está llevando a cabo, han caído también integrantes de gobiernos regionales y de los sectores militar y judicial, junto con quien fuera Ministro de Petróleo, de Industrias y Producción Nacional, Vicepresidente para el Área Económica, Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Gobernador del Estado Aragua, Ministro de Relaciones Interiores y Justicia, y uno de los máximos dirigentes del PSUV. No es cualquier cosa.
Pero cada cierto tiempo se producen este tipo de confrontaciones, como sucedio con Rafaél Ramirez, también ex Ministro de Energía y Petróleo, y expresidente de PDVSA. En 2017 fueron detenidos, con acusaciones de corrupción, Eulogio Del Pino y Nelson Martínez, cuando eran ministro del Petróleo y presidente de PDVSA respectivamente; aunque Nelson Martínez murió en la cárcel en 2018 sin haber sido juzgado y Eulogio Del Pino siguió preso desde 2017 sin que se sepa del juicio (lo que equivale a estar "secuestrado").
De manera que las remociones, persecuciones y arrestos son parte de las colisiones internas en el aparato del Estado y reflejo de la lucha de clases. No puede decirse que eso suceda porque el gobierno luche contra la corrupción, sino al revés: es su fuente, por lo que la corrupción es una constante y se la deja correr... Hasta que alguien por desaveniencias, por no hacer el acordado reparto, o por meter las narices en el terreno de otro, cae en desgracia y se destapa lo que estaba oculto, o simplemente se le pasa factura de alguna manera, sin que se sepa mucho del asunto. Unos se acusan a otros: Rafael Ramírez señala en la prensa que "operadores de Maduro y Delcy recibieron petróleo en la trama corrupta". Los demás le acusan a él.
Según reconoce con sus propias cifras el diputado del régimen burocrático Hermann Escarrá, los montos involucrados en la trama de corrupción develada recientemente, sumarían hasta 23.000 millones de dólares en diferentes hechos irregulares. Pero esto es sólo la espuma que se derrama de la olla podrida. Y lo que resulta aún más repudiable es que siga sucediendo mientras se denuncia un bloqueo imperialista y se confrontan dos años de pandemia.
Según la organización Transparencia Venezuela, "están comprometidos más de 42 mil millones de dólares del patrimonio público venezolano en un total de 127 casos de presunta corrupción o manejo irregular de los recursos de Petroleros de Venezuela, S. A. (Pdvsa)". Eso sin mencionar más "casos gigantescos" de miles de millones de dólares que involucran a más personas que trabajan dentro del Estado y otros que están fugitivos de las autoridades estadounidenses. Ver: https://www.aporrea.org/contraloria/n381454.html
En Venezuela, hay referencias de que las economías ilícitas constituyen el 21 % del Producto Interno Bruto, 1/5 del PIB (unos 9.400 millones de dólares al año), dato que apoya nuestra afirmación de que son parte principal del modo de apropiación de la burocracia y de los sectores del capital asociados a ella o nacidos de ella. Las principales actividades ilícitas son el narcotráfico, el contrabando de gasolina y oro, la extorsión en puertos, el fraude cambiario, las comisiones y sobreprecios, el juego ilícito, la especulación financiera...
Otras fuentes dan porcentajes más altos para Venezuela, como un reporte de Global Financial Integrity de 2017, que indicó que el promedio mundial de los flujos financieros ilícitos en el mundo, relacionados con el comercio internacional, fue del 18% del comercio total en 2014, estando Venezuela ubicada entre los países de mayor porcentaje, con un 56% (unos 70 mil millones de dólares, en los que se incluyen actividades de la economía informal, cifra y porcentaje superior a Afganistán, por cierto).
En un estudio global publicado en 2018 por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), que evaluó a 84 países en cuatro áreas: gobierno e instituciones; transparencia y comercio; oferta y demanda; y aduanas e infraestructura; Venezuela obtuvo una puntuación de 14 sobre 100, solo superada en mala nota por Siria (11), Yemen (12), Libia (13) e Irak (13), paises que estuvieron o están en guerra.
Por las conductas y antecedentes conocidos y por los datos internacionales, podemos concluir que, cuando aquí se habla de "cruzada anticorrupción", no queda más que apelar al refranero popular con las frases de "zamuro cuidando carne" y "cachicamo diciéndole al morrocoy conchúo". El pueblo no debe dejarse arrastrar a engaño.
MAREA SOCIALISTA DENUNCIÓ EL DESFALCO CONTINUADO CONTRA EL PAÍS Y NINGUNA INSTITUCIÓN HIZO NADA
Marea Socialista viene denunciando desde hace años, con el soporte de investigaciones y estudios, la ocurrencia de un colosal desfalco y fuga de capitales en Venezuela, por más de 250 mil millones de dólares, así como un faltante en las cuentas de PDVSA estimado en una cifra superior a los 200 mil millones de dólares (el caso reciente representa sólo una fracción). Hemos afirmado que esto equivalía al menos a una década de importaciones para todo el país y supera los montos de nuestra Deuda Externa, así como desborda el monto de varios presupuestos anuales de otros países de América Latina. Se trata de un robo histórico que marca record y adquiere proporciones genocidas, cuyo resultado vemos en las miserias que soporta el pueblo venezolano y en la diáspora de millones de emigrados, junto con el desmantelamiento del país.
- El 27 de febrero de 2013 fuimos con un grupo de ciudadanos y ciudadanas, y con distintas organizaciones, ante el Ministerio Público, a introducir una exigencia de investigación y sanciones por la comisión un desfalco contra la República y de ilícitos cambiarios www.aporrea.org/actualidad/n223911.html
- En 2014, mediante un estudio, realizado por el Equipo de Investigación de Marea Socialista (www.aporrea.org/contraloria/n257348.html) mostramos la ocurrencia de un desfalco y fuga de capitales descomunal contra la República, estimado en alrededor de 259.000 millones de dólares.
- También en 2014, publicamos un trabajo sobre el pago de deuda externa ilegítima y presuntamente corrupta por el país: http://www.aporrea.org/contraloria/n258820.html
- El 3 de junio de 2015, acudimos con una comisión integrada por varios exministros del Presidente Chávez, y por el editor del portal de comunicación popular Aporrea.org Gonzalo Gómez, miembro de Marea Socialista, a consignar un documento en la Contraloría General de la República (www.aporrea.org/contraloria/n271555.html), en nombre de los y las participantes en el acto público de lanzamiento de la Plataforma para la Auditoría Pública y Ciudadana (www.aporrea.org/contraloria/a208509.html) para solicitar a dicho órgano investigaciones, sobre la ocurrencia de un presunto desfalco continuado a la nación.
- En septiembre de 2015, como parte de la Plataforma para una Auditoría Pública y Ciudadana www.aporrea.org/contraloria/n271368.html presentamos un documento ante el Consejo Moral Republicano https://www.aporrea.org/ddhh/a214280.html solicitando investigar y detener la desviación o pérdida de inmensas cantidades de recursos de la Renta Petrolera Nacional y de las divisas del país.
- En 2017 fue presentado otro estudio en el que participaron algunos miembros de Marea Socialista, titulado: "Recordando... ¿Qué pasó con los dólares petroleros de Venezuela? Corrupción en PDVSA: Apenas la punta de un iceberg!" www.aporrea.org/economia/n314042.html
Nada de esto generó en los años indicados ni en años posteriores ninguna "cruzada anticorrupción".
LA CORRUPCIÓN HACE TANTO O MÁS DAÑO QUE EL BLOQUEO Y ES MÁS ANTIGUA: ROBA EL DINERO PARA LOS SALARIOS, ARRUINA EL PAÍS E IMPIDE EL BIENESTAR DEL PUEBLO
Al menos desde 2017 el gobierno viene repitiendo la excusa del bloqueo y las sanciones imperialistas contra el país, que sin duda ocasionan problemas graves a nuestra economía, y sobre todo a la clase trabajadora y a la población, imponiendole inhumanas privaciones; pero peor aún es, en medio de todo eso, el efecto agravado que ocasiona la corrupción a la que se agrega el despojo de todo el valor del trabajo a la clase trabajadora venezolana, con una política antiobrera de "salario cero", que no cubre ni un día de la alimentación y el transporte del trabajador.
Si tomamos en cuenta que los últimos datos oficial disponibles (de 2018) reportan una población activa de 14.5 millones de personas en Venezuela -dato no muy creible, sabiendo que la crisis económica y social, ha hecho caer el empleo y mucha gente se ha tenido que ir del país- solamente los 23.000 millones de dólares de los que habla Escarrá, darían para repartir entre los trabajadores venezolanos (la población activa laboralmente) casi 1.600 dólares por cabeza; cifra a la que no llega en todo un año la suma actual de todos los salarios mensuales que recibe un trabajador con el salario mínimo oficial.
Pero si hablásemos del costo de la canasta básica (CB de alimentos y otros bienes y servicios no alimentarios) como referencia para el salario mínimo (Art. 91 CRBV que incumplen y violan el gobierno y los patronos), estimada en más de 900 dólares mensuales en Venezuela a finales de 2022, tenemos que los aproximadamente 475 mil millones de dólares sustraidos por el desfalco (ejecutado por funcionarios y por capitalistas), sólo hasta 2013, son un monto que permitiría cancelar el costo de 527 millones de salarios al valor del costo de la CB, y daría para repartir casi 33 millones de dólares por persona entre toda la población laboral activa existente. Y no estamos contando el desfalco continuado posterior a la fecha de la denuncia. Por eso debemos, entre otros reclamos, reforzar la lucha por un salario mínimo que cubra el costo de la canasta básica como establece el Art 91 CRBV, en vez de que los recursos se los chupe la corrupción.
¿A dónde fue a parar todo ese dinero? ¿En qué fue lavado? ¿Quienes fueron todos los autores de semejante saqueo? Algo tan inmenso no podía pasar desapercibido a ningún gobierno. Por eso todos están implicados.
LAS DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN NO SÓLO FUERON DESATENDIDAS: OCASIONARON REPRESIÓN A LOS DENUNCIANTES
Daremos algunos ejemplos:
No nos olvidamos de la desaparición de Alcedo Mora, después de denunciar corrupción en PDVSA, sin que ello moviese a realizar ninguna investigación oficial efectiva.
Están los casos de dos jóvenes de PDVSA (ahora exgerentes) que denunciaron corrupción y luego fueron detenidos bajo acusación de proporcionar información confidencial a los Estados Unidos. Exigimos la revisión de su causa y la concesión de libertad plena.
A MS se le ha impedido su legalización electoral y llegaron a allanar uno de nuestros locales. Nos han saboteado eventos con "apagones" y hasta nos han hostigado con "colectivos". Han puesto presos a algunos de nuestros dirigentes en algún momento. Hemos sufrido amenazas y campañas de descrédito por los medios de comunicación estatales.
No persiguen a la gran mayoría de los corruptos, a menos que les hagan competencia, pero se ensañan con los trabajadores que se quejan y luchan, que facilito van presos por "instigación al odio" y hasta con acusaciones de "terrorismo".
¿QUIÉN PUEDE LEVANTAR LAS BANDERAS DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN?
Ni el gobierno de la burocracia (la nueva derecha) ni la oposición burguesa (la vieja derecha) pueden levantar esas banderas, porque son parte de la corrupción. Incluimos a las burocracias sindicales de ambos bandos, porque son parte de los clanes y los corruptos son sus dirigentes políticos.
El gobierno, además de haber nombrado en sus cargos a los que han cometido corrupción, les mantuvo en ellos por un buen tiempo y no ha garantizado ni garantiza la recuperación de los recursos (hasta es posible pensar que se los volverían a robar). La oposición de la derecha clásica demostró con Guaidó y con casos como el de Citgo o el de Monómeros, entre otros, que tampoco tiene escrúpulos para echarle mano a los recursos públicos de los venezolanos. Muchos de los que son opositores en política andan en negocios turbios y lucrativos con el gobierno. La clase empresarial se aprovecha de las políticas antiobreras del gobierno sometiendo a un robo permanente a la clase trabajadora (es robo y corrupción quitarle su justo salario y sus beneficios para el enriquecimiento de unos pocos).
El gobierno con sus instrumentos, antes la ANC (2017) y ahora la AN, con aval de los demás poderes públicos, ha aprobado instrumentos inconstitucionales como la llamada Ley Antibloqueo y las Zonas Económicas Especiales, que amparan el secreto, la falta de transparecia y las decisiones inconsultas en las transacciones y negocios del Estado con el capital transnacional y nacional. Eso sirve para ocultar la corrupción.
Hay quienes desde el gobierno y desde la Asamblea Nacional proponen reforzar las leyes anticorrupción, pero de nada sirven sus leyes si ellos mismos las violan flagrantemente (las que ya existen) y pisotean la Constitución.
Corresponde a la clase trabajadora y a los sectores del pueblo en lucha, al Pueblo Soberano, levantar las banderas anticorrupción como víctimas de sus penurias y consecuencias.
LAS PROPUESTAS DE MAREA SOCIALISTA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL DESFALCO
- Marea ha llamado siempre a la clase trabajadora y al movimiento popular a ejercer el rol contralor y fiscalizador anti corrupción, lo cual va ligado a la educación y formación de valores y conciencia contra este flagelo, que en Venezuela es parte estructural del sistema de dominación.
- Sostenemos que la lucha consecuente contra la corrupción tiene que estar ligada a la necesidad de luchar por una nueva revolución, para implantar un gobierno democrático, anticapitalista, de los trabajadores y el pueblo, sin burócratas ni corruptos.
- En ese camino, planteamos la consigna de una Auditoría Pública y Ciudadana, con participación de los trabajadores, tanto de las empresas y cuentas del Estado (incluidas las de PDVSA, CVG, Arco Minero, sector agroalimentario...) como de las deudas externa e interna, muy sospechosas de ilicitud e ilegitimidad. Incluso creemos que los trabajadores tienen derecho a esto en las empresas de capital privado. Para aplicarla es necesario un movimiento social capaz de organizarla y darle impulso.
- Exigimos la investigación, destitución, juicio, prisión y confiscación de cuentas y bienes de los corruptos.
- Esto va aparejado a la imprescindible liquidación del nepotismo y la concentración de múltiples cargos en las mismas personas.
- Demandamos la desmilitarización de de la Administración Pública y la revisión de los negocios de las empresas de la FANB.
- Reclamamos que se investiguen todas las obras inconclusas y fallidas o no realizadas con las que se han dilapidado recursos del Estado (los "elefantes rojos").
- Incluimos en la exigencia de auditoría e investigación, con su debido castigo de comprobarse corrupción, los casos de empresas y fondos del Estado manejados por el auto-nombrado "presidente interino" Juan Guaidó y su equipo, con usurpación de competencias públicas, y de manera lesiva a la soberanía nacional, en complicidad o al servicio del imperialismo (gobiernos de los EEUU).
- Proponemos un Fondo Independiente y Bajo Control Social, para el depósito y manejo de los recursos que puedan rescatarse de manos de los corruptos, para destinarlos a la mejora de los salarios y de las condiciones sociales, así como a la recuperación de las empresas del Estado, inversión productiva y obras públicas necesarias para el bien común.
- En estos momentos, las consignas anticorrupción, junto con el reclamo de los derechos laborales y del salario constitucional, deben ser parte de los ejes principales que motoricen el desarrollo de la lucha de clases en Venezuela, y la recuperación sustantiva del protagonismo del movimiento obrero-popular.
- Ante el acercamiento de la coyuntura de elecciones nacionales y presidenciales, las demandas anticorrupción deberán ocupar también un lugar central, en el marco del gran descrédito que envuelve al sector gubernamental y a las formaciones burguesas opositoras; cosa que deberemos discutir cómo abordar.
- Para lograr los cambios necesarios, estamos empeñados y empeñadas en impulsar y unir todas las luchas, reconstruir la fuerza orgánica y capacidad de movilización de la clase trabajadora y el pueblo pobre, y continuar en el propósito de construir un partido revolucionario, anticapitalista y antiburocrático, de las mayorías explotadas.
Cerramos este documento reiterando la necesidad de una nueva revolución en Venezuela, que permita superar el actual gobierno y el sistema económico corrupto-capitalista imperante, mediante un gobierno de los trabajadores y el pueblo, sin burocracias político-militares, y con democracia y respeto por los derechos del pueblo.
"Zamuro no cuida carne", ¡que el pueblo cuide lo suyo! ¡Dinero para salarios, no para la corrupción!