Se ha develado una inmensa trama de corrupción, tráfico de influencias, malversación de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, red de prostitución, lavado de dinero, etc. Se anuncian detenciones de altos funcionarios, militares, jueces, alcaldes y diputados. Un ministro, con evidente responsabilidad, anuncia su renuncia y el Presidente de la República la acepta resaltando que ratificó su compromiso revolucionario. Se encienden las redes sociales y plataformas de comunicación. No se menciona a los mayores responsables, los autores intelectuales y comienza a aparecer la otra cara de la corrupción: La impunidad.
El Presidente de la República no se ha dirigido, formalmente, a la nación para explicar lo sucedido y las decisiones ante este vergonzoso hecho. Lo hizo ante la Dirección Nacional del PSUV y, en transmisión televisiva, se ha desgañitado con duras expresiones contra la corrupción advirtiendo que será implacable "caiga quien caiga". Las cámaras escrutan las caras de los asistentes y el país comienza a sospechar que están reunidos los responsables. Con esta reunión se ha subordinado el Estado al poder político y se desvaloriza su función social para reconocer que una mafia de burócratas ineficientes y corrompidos puede convertir los asuntos públicos en negocios privados.
Un diputado a la Asamblea Nacional y conspicuo vocero del gobierno ha afirmado que "no estamos hablando de poca cosa, 3.000 millones dólares por un lado, 8.000 millones por el otro y 12.000 millones son cuestiones extremadamente graves que le hacen mucho daño al pueblo…Se trata de mafias y de redes que venían trabajando altos niveles de corrupción". Mafias estructuradas para saquear el tesoro público. Nada sorprende. Nada asombra, las declaraciones oficiales desnudan un incalculable desfalco a la nación. Lo informan con pasmosa indolencia como si se tratara de un hecho cotidiano. Esos funcionarios solo han podido actuar bajo el amparo de repugnantes protectores. Creen que un cargo público es un premio que viene con privilegios, inmunidad e impunidad. Estamos ante un quiebre ético de impredecibles consecuencias.
En esta hora aciaga que vive la Patria, nada debilita tanto la cohesión social y la confianza de los ciudadanos como la corrupción administrativa y la perversión política. Se agotó el discurso de las sanciones económicas como causa de la crisis nacional y la falta de recursos financieros para dignificar sueldos, salarios y pensiones. Se demostró que la recuperación económica es una quimera cruel, basada en el lavado de dinero, que solo favorece al 10% de la población. Ningún país se recupera ni renace en medio de tanta corrupción y perversión.
Aunque el epicentro de esta trama de corrupción es PDVSA, en el estado Bolívar también es evidente el daño a las instituciones, al aparato productivo y a la ciudadanía. Bastaría con revisar los procesos administrativos en la Gobernación del Estado, alcaldías, Consejo Legislativo, organismos nacionales, CVG y sus empresas filiales para desenmarañar esa urdimbre de corruptelas de todo género.
Hasta ahora, solo presenciamos una escaramuza entre grupos de poder. La detención del alcalde de un pequeño municipio, un diputado maula, un juez obediente y algunos funcionarios de segunda línea no tiene la trascendencia que amerita el caso. Si no se aplican castigos ejemplares hasta llegar a los responsables intelectuales, esta alharaca se quedará en una escaramuza entre grupos concéntricos de poder que solo servirá para profundizar la desconfianza, encubrir la corrupción y sustentar la impunidad.