Más allá del convencimiento propio o de la ética individual que profesen quienes estén al frente del Estado, tiene una mayor efectividad el control ejercido por las masas organizadas en cuanto a la transparencia y la eficacia que éste habría de tener. En Venezuela todavía se concibe al Estado (burgués liberal) como algo ajeno al pueblo, por lo que la corrupción administrativa se cuela por cualquier partida presupuestaria de los entes públicos, a tal grado que se considera algo totalmente normal, y hasta legítimo, mereciendo apenas un jalón de orejas por parte de la Contraloría General de la República, permitiendo a los infractores ocupar tranquilamente cualquier cargo de carácter oficial. Si bien es cierto que en este país está contemplada legalmente la contraloría social (a la cual le compete promover la rendición de cuentas y la vigilancia de las acciones de gobierno y el desempeño de los funcionarios) ésta se halla limitada por la burocracia encargada de proceder con las medidas pertinentes, lo que genera decepción, frustración e impotencia entre quienes asumen estas funciones derivadas del ejercicio de la democracia participativa y protagónica, constitucionalmente instituida.
Según se lee en la Ley Orgánica de Contraloría Social, ésta "tiene por objeto desarrollar y fortalecer el Poder Popular mediante el establecimiento de las normas, mecanismos y condiciones para la promoción, desarrollo y consolidación de la contraloría social como medio de participación y de corresponsabilidad ciudadanas". No obstante, su papel es, generalmente, infructuoso, bloqueado por aquellos que tienen el interés de dejar las cosas intactas, sin que haya ninguna investigación seria que les afecte en lo más mínimo. Algunas veces, por la solidaridad automática político-partidista mal entendida y, en otras, gracias a la cadena de corruptelas que se interpone. Por ello, será razonable proponer (como elemento de la ley) que la sola exhibición de cualquier tipo de lujo y de enriquecimiento súbito o inexplicable entre quienes conforman el estamento político debiera motivar una averiguación por los entes responsables de vigilar el uso correcto de los recursos públicos, aún cuando no haya una denuncia formal; dándole la credibilidad debida a las sospechas de los ciudadanos.
Ante la realidad presente, la lectura coyuntural, o situacional, tendrá que realizarse para actuar políticamente. No basta el simple señalamiento de las cosas mal hechas si a éste no lo acompaña una disposición individual y colectiva determinante, cuyo objetivo sea cambiarlas de un modo definitivo. Apelando a Antonio Gramsci, «es necesario fijar los criterios, los principios, las bases ideológicas de nuestra propia crítica». Hasta ahora, las distintas experiencias e ideologías políticas producidas en el mundo han oscilado, en apariencia, entre posiciones ideológicas de derecha e izquierda (algunos hablan de centroderecha y hasta de centroizquierda), pero que, en el fondo, poco se diferenciarían entre sí, dada la matriz cultural que ambas comparten. Con esto en cuenta, es preciso comprender que la corrupción y la inefectividad del Estado tiene mucho que ver con su estructuración y su jerarquización vertical, lo que impide la práctica efectiva de la democracia participativa y protagónica, dejando en manos de pocos la toma de decisiones trascendentales. Resumiéndolo, echando a un lado los colores políticos habituales, se impone llevar a cabo una verdadera revolución que confronte y diluya esta realidad.
Es por eso que, hallándose disgregados e ideologizados, merced a la subordinación cultural bajo la cual han existido y permanecido durante siglos, los sectores populares requieren una nueva subjetividad política que les permita asumir la disciplina y la organización que marcarán en lo adelante la construcción de una verdadera nueva hegemonía emancipatoria, opuesta en todo a la representada, inculcada y sostenida por las clases dominantes. El pensamiento de ruptura que esto supone, tendrá que expresarse en todo momento en la lucha hegemónica subalterna en oposición al régimen burgués-liberal, lo que, hablando gramscianamente, ayudará a fortificar la conciencia de los militantes revolucionarios con certezas de carácter ético, moral y psicológico que, a fin de cuentas, serán los pilares fundamentales de su acción revolucionaria. El resultado tendrá que generarse a partir de la conjugación funcional de la lucha política, la lucha social y la lucha económica, lo que significa la auto-conducción política de los sectores populares y la gestión directa por parte de estos del funcionamiento, en primera instancia, del Estado y, en segunda instancia, del proceso productivo. Junto con todo ello, habrá que procurar la vigencia de una Ética emancipadora mediante la cual sea factible (en todo tiempo) la erradicación de los valores inducidos y legitimados por la ideología dominante, valores que, bien detallados, conspiran constantemente contra la igualdad, la fraternidad y la libertad contenidos en ellos, convirtiéndolos en una simple aspiración colectiva.