La corrupción es el comportamiento delictivo de un sujeto que busca obtener de forma fraudulenta ventajas o beneficios contraria a la legalidad. En la Ley Contra la Corrupción venezolana se contempla una serie de sanciones administrativas y penales para castigar este flagelo que carcome cualquier Nación por muy sólida qué sean sus instituciones si se permite que ese carcinoma avance.
Un Estado está obligado a garantizar la transparencia administrativa y mecanismos de control social participativos para que la ciudadanía pueda asegurarse de que exista la confianza pública en las instituciones. Al igual, el Estado tiene que hacer revisiones periódicas de los instrumentos normativos que sirven para prevenir y combatir la corrupción, puesto que esta actividad criminal como fenómeno social también avanza con rapidez que se debe actualizar la estructura jurídica.
Desde época antigua la corrupción ha sido un destructor de instituciones e incluso de repúblicas e imperios; ya que sus gobernantes han hecho poco o nada para combatirla; asimismo, la sociedad también ha contribuido a que esta enfermedad toque a los funcionarios sin darse cuenta que tal actitud también ejerce fuerza para destruir un Estado. Un corrompedor es tan culpable como un corrompido, porque si el primero no existiera, la corrupción sería difícil de materializarse.
Venezuela, en su periplo por la 4ta República, experimentó un síntoma de afección institucional mediante la corrupción con niveles jamás vistos hasta el presente. Según el filósofo e intelectual Arturo Uslar Pietri, durante los años de 1973 hasta 1995, tomando como referencia gran parte de la era del pacto de Punto Fijo, la corrupción devastó el tesoro nacional con más de 265.000 millones de dólares, lo que sería el equivalente a 18 planes Marshall; un plan que contribuyó a restaurar a la europa destruida por la II Guerra Mundial. De este flagelo se ha guardado un silencio profundo.
Durante los gobiernos de Acción Democrática y COPEI no se conoció políticas públicas eficaces y efectivas para combatir y prevenir la corrupción; de hecho, no se conocieron altos funcionarios que pudieran ser judicializados por delitos de corrupción con sentencias condenatorias. Lo más grave de todo, es que la normativa legal imperante para esa época era la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público de 1982, cuya norma derogó a la también ineficaz Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos del 7 de junio de 1912; y la otrora Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios o Empleados Públicos de 1974. Estos cuerpos legales más que castigar al corrupto lo premiaban con prescribirle el delito luego de 5 años y quien se sometiera a la justicia eran merecedores de otorgarles beneficios procesales pudiendo mediante fianza pasar un lindo arresto domiciliario hasta que las aguas bajaran y viniera el sobreseimiento.
Este comportamiento en crear leyes débiles contra la corrupción, fue parte de esa política de Estado del gobierno puntofijista edificar sociedades de ladrones. Casos emblemáticos como el defalco del ex ministro de Obras Públicas y ex presidente de la CVG, Sucre Figarella donde se desviaron más de 11.000 millones de dólares; por ese defalco, no hubo preso alguno. Otro caso perturbador fue el de Vinicio Carrera en 1984, donde se desviaron más de 250.000 millones de dólares con varios proyectos de infraestructuras pagadas y no ejecutadas; tal fue el caso de la carretera Chuspa a Osma; el caso de la estafa contra la Línea Aeropostal Venezolana, cuya libertad la consiguió inmediatamente luego de pasar 42 días arrestado, pagándole al Juez, Francisco Ruíz la cantidad de 100.000 dólares mediante un recurso de "Hábeas Corpus" para luego en 1993 otorgarle una sentencia absolutoria.
El caso del refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela en el gobierno de Jaime Lusinchi, donde hubo un desvío por más de 30.000 millones de dólares. Nadie fue preso. Asimismo ocurrió con el barco Sierra Nevada por más de 400 millones de dólares, RECADI, la quiebra de los bancos Progreso y Latino, Viernes Negro; sobre las cuentas mancomunada de Carlos Andes Pérez y su amante Cecilia Matos, donde se desviaron 1.200 millones de dólares y no hubo detención alguna. Habría que escribir un libro con varias partes para continuar enumerando el mega robo de la era en la mal llamada "democracia representativa", representada por una cúpula de ladrones.
Desde la llegada de la Revolución se ha venido luchando contra la corrupción, política de Estado que ha sido eficaz, pero no totalmente satisfactoria porque aún falta por combatir un flagelo heredado como fenómeno social, donde codificaron a muchos ciudadanos qué robar el erario público era lo correcto, donde frases como: "pónganme donde haiga" (sic) o "con los adecos se vivía mejor, porque robaban y dejaban robar" eran los códigos sociales para volver la sociedad cómplice mientras los más desposeídos se hundían en la miseria. Es una gran vergüenza observar opositores que se muestran incrédulos ante la lucha de la corrupción emprendida por el presidente Nicolás Maduro, donde la califican como "pugna" o "show" para descalificar tales acciones. Asumir este tipo de conducta no es más que defender y proteger al corrupto y lo hacen porque esa es la naturaleza corrompida de los opositores que ayer edificaron la política de corrupción y hoy quieren seguir restaurándola nuevamente.