El país está impactado por los reiterados casos de corrupción en PDVSA. Nuestra emblemática empresa petrolera y principal fuente de ingreso nacional está sufriendo los efectos de un entramado institucional y financiero articulado para la corrupción. Tejido burocrático que se ha extendido a otras estructuras de la administración pública. La capacidad productiva de PDVSA y las posibilidades de reinsertarse en el mercado petrolero disminuye drásticamente y se retrasa el proceso de recuperación económica del país. La corrupción amenaza.
Oportunamente, el Comandante Hugo Chávez creó el Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia de la República y Seguimiento de la Gestión de Gobierno y, desde allí, esbozó las líneas maestras para combatir la corrupción y el burocratismo. Bosquejó la Gran Misión “Eficiencia o Nada” con soporte legal en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal. En el momento de su juramentación, el Presidente Nicolás Maduro, anunció que el segundo “gran tema focal” de su gestión sería la eficiencia en el cumplimiento de las políticas públicas y la lucha frontal contra la corrupción para lo cual se oficializó la creación de la Gran Misión “Eficiencia o Nada” y se organizó un equipo de trabajo donde destaca la acreditación de 525 Inspectores Nacionales formados para el cabal cumplimiento de tan compleja tarea. Más adelante, se creó la Policía Nacional Contra la Corrupción como parte del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, también adscrito a la Presidencia de la República.
Recientemente, el Presidente de la República anunció la guerra abierta contra los enchufados a quienes definió como “corruptos, degenerados” y reiteró su compromiso en la lucha contra la corrupción “tenga el color que tenga, esté donde esté y caiga quien caiga”. Inmediatamente fue detenido el Ministro de Industrias y Producción Nacional, Pedro Tellechea quien también se desempeñó como Ministro de Petróleo y Presidente de PDVSA (2023 -2024) donde se develo una nueva trama de corrupción que, nuevamente, puso en riesgo la industria petrolera nacional.
Ahora bien, es oportuno advertir que esta batalla contra la corrupción pierde fuerza si se convierte en una simple jornada moralizante y deja a un lado la aplicación de políticas ejemplarizantes que demuestren que vivimos un proceso de cambios políticos y transformación social que exige la sanidad administrativa en la aplicación de políticas institucionales y requiere el esfuerzo colectivo como vía para alcanzar un profundo cambio estructural con logros inmediatos y mediatos. Lo contrario es dejar que el país se sumerja en el escepticismo y la desconfianza al pensar que todo funcionario público es corrupto.
En el caso de Guayana la corrupción es una herencia de un pasado reciente que ha logrado permanecer en el tiempo mimetizada, camuflajeada, disfrazada, teñida de rojo y utilizando los mismos artilugios para convertir las instituciones en espacio para su beneficio personal, dejando como saldo empresas e instituciones deterioradas con un andamiaje de complicidades que se ha convertido en un verdadero peligro para la recuperación económica del país.
En Guayana, los efectos de la corrupción se reflejan en la conducta de altos funcionarios públicos (orgullosamente burocratizados), dirigentes sindicales convertidos en una casta privilegiada que lucha por controlar las instituciones públicas y la administración de las Empresas Básicas sin consideraciones para recuperar su capacidad productiva. Se refleja en dirigentes políticos, sin pensamiento definido, que reducen su actividad política a su astucia para alcanzar acuerdos y mantener negociados de todo género. Se refleja en la insensibilidad de una elite política que se desgañita autocalificándose de revolucionaria, socialista y bolivariana.
Desde Guayana, debemos redimensionar el discurso contra la corrupción para convertirlo en una arenga de esperanza, entusiasmo y voluntad no solo porque se logre enjuiciar a políticos y empresarios corruptos, sino porque se estaría desarrollando una Política de Estado en consonancia con los postulados de la Constitución Bolivariana como garantía para la construcción de una sociedad donde prevalezca la decencia y todos podamos vivir con la dignidad.
Redimensionar el discurso contra la corrupción con decisiones y detenciones ejemplarizantes para fortalecer la esperanza y devolverle la confianza a la gente. De lo contrario, el pueblo se puede cansar de que una trama de corrupción supere la anterior en medio de sospechosas impunidades que alimentan el escepticismo y la pérdida de credibilidad, lo que constituye otra amenaza de la corrupción.