Y es que reincidentemente el Consejo Nacional Electoral (CNE) entorpece el gran logro de la población venezolana de hace ya casi tres décadas, y no es otra cosa que, el fortalecimiento de una Democracia Participativa y Protagónica, mediante la aprobación de nuestra constitución en Asamblea Constituyente de 1999 - como se establece en su preámbulo - con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad más justa; de allí la importancia de la creación de dos nuevos Poderes Públicos Nacionales como lo son el Poder Ciudadano, en su vocería el Consejo Moral Republicano, quien es cómplice, de igual forma, por omisión incumpliendo los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y alentando toda la transgresión electoral que viene ocurriendo en Venezuela. Y el Poder Electoral quien hace rato en su vocería mediante el CNE, como órgano rector de los procesos electorales, incumple notoria y públicamente tal ordenamiento jurídico.
El pueblo en su derecho a organizarse ha recurrido insistentemente ante el CNE apegados al Artículo 67 de la Constitución que reza: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes… Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fines políticos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos o candidatas… no es incitación al odio, ni fascismo, es la defensa de la participación política ciudadana constitucionalmente establecida
Este hecho punible se viene haciendo “normal” desde las comunidades con las elecciones de los Consejos Comunales hacen caso omiso, de todos los procedimientos que la población cumple para la organización política y de lograrlo comienzan a aplicar terrorismo de estado y bulling administrativo.
El día de hoy 09 de abril de 2025 PROFESIONALES DE VENEZUELA (MOPROVEN) Y VANGUARDIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA (VCD); solicitado por el Bloque Histórico Popular que no es un partido, pero si es un movimiento de movimientos nacional que agrupa a la unidad de los iguales desde las bases del pueblo aun pensando distinto, quienes denuncian abiertamente, que el CNE les niega el derecho de conformación del partido y la tarjeta electoral; de igual forma, les negaron la oportunidad para conformar grupos de electores; por lo cual, acudieron a la Sala Electoral del TSJ a ejercer recurso contencioso electoral para exigir el derecho a la participación política por omisión e inacción del Consejo Nacional Electoral (CNE) que mal representa al Poder Electoral, con solicitud de amparo cautelar innominado (cosa que tiene su ámbito dentro de las normas del Derecho Político o Constitucional y que va encaminada a proteger la libertad individual o patrimonial de las personas cuando han sido desconocidas o atropelladas por una autoridad que vulnera las garantías establecidas en la Constitución para que sea la autoridad judicial quien se encargue de elaborar aquello que resulte más adecuado para este caso específico), como medida jurídica de protección y resguardo ante las reiteradas violaciones de los derechos fundamentales a que han sido víctimas los ciudadanos venezolanos que se atreven a denunciar a los funcionarios y organismos que actúan fuera de sus atribuciones legales o excediéndose en ellas. Así es que viene ocurriendo por la falta de autoridad ética y moral en el CNE.
Puesto que, por más de un año, en éste de uno de muchos casos, han bloqueado su inscripción como partido político, impidiendo la participación en las elecciones parlamentarias y regionales del próximo 25 de mayo de 2025 aplicando inmoralidad administrativa, situación que se torna ya intolerable y que nos llama necesariamente a la reflexión-acción. ¿si el CNE no está cumpliendo los objetivos para lo cual fue creado, que es garantizar el derecho de la participación política de los venezolanos, posee éste organismo credibilidad?. Mejor aún ¿tiene legitimidad?. Ante su insistencia y evidente pérdida de autonomía, por responder a los intereses grupuzculares del psuv y sus aliados politiqueros ¿ya perdieron la moral administrativa que refiere el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano? ¿Cómo responde el Consejo Moral Republicano ante la evidente flagrancia? Es necesario adherirse a los Articulos 44 (inhabilitación) y 75 (favorecimiento o perjuicio electoral) de la ley contra la corrupción, entre otros, como mecanismo de defensa de la constitución. Nos toca luchar!!!