16 Enero 2020 - El vicerrector Académico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Bernardo Méndez, dimitió de su cargo mediante una extensa carta, en la cual expuso graves hechos de presunta corrupción de la actual rectora Cecilia García Arocha.
“El Rectorado ha pasado a asumir atribuciones de intervención en las tareas que por ley y reglamentos son competencia del Vicerrectorado Administrativo produciendo el desmembramiento progresivo de su Organigrama Institucional”, acusó Méndez en la misiva que se hizo pública en varios medios digitales.
El renunciante, quien asumió el cargo el 20 de junio de 2008, reclamó la falta de diálogo respetuoso entre los miembros del equipo rectoral y manifestó que la renuncia la había postergado para evitar un conflicto entre autoridades que afectase a la universidad. “Las relaciones se han deteriorado progresivamente y se ha producido un quiebre progresivo en el trabajo del equipo rectoral, al punto de que me resulta insostenible continuar en el cargo”, dijo.
Denunció diversas irregularidades:
1.- Destitución y nombramientos inconsultos de jefes y directores de dependencias adscritas al Vicerrectorado Administrativo.
2.- Diferencias con la Dirección de Planificación y Presupuesto, que otorgaba disponibilidad presupuestaria sin conocimiento del vicerrector.
3.- Se nombró una comisión de Contrataciones Centralizada en el Rectorado, paralela a la que existe y que por procedimientos administrativos son propios del Vicerrectorado.
4.- Múltiples contrataciones para servicios y obras en la UCV que se han presentado desde el Rectorado con disponibilidad presupuestaria otorgada por la Dirección de Presupuesto, cuya fuente original de recursos no estaba destinada para ese fin.
5.- Pese a que en 2015 el Consejo Universitario (CU) aprobó el informe de liquidación de la Fundación Fondo de Jubilaciones (FONJUCV), el Rectorado contravino lo establecido, imponiendo la transferencia de activos y patrimonio en moneda extranjera, constituyéndose en un acto administrativo violatorio a las normas y procedimientos, agravado por el hecho de no haber presentado el punto con toda la información a la hora de la discusión en el Consejo Universitario.
- “El Vicerrectorado Administrativo no tuvo en ningún momento injerencia directa en las operaciones que se realizaron y realizan con las inversiones y disponibilidad en Moneda Extranjera. Desde el traspaso a la UCV, todos los procesos se realizaron directamente desde el Rectorado”, expuso Méndez.
6.- Convenio UCV-IPP sobre SAMHOI. Méndez informó que el sector profesoral cuenta en el Instituto de Previsión Social del Profesorado (IPP) de la UCV desde el año 1994 con el seguro autoadministrado SAMHOI. Hasta el año 2018 era un sistema complementario que se financiaba parcialmente con las primas que debían pagar los profesores inscritos. Luego, se aprobó el aporte financiero de la UCV para cubrir en dólares el 50% de los siniestros indemnizados.
- “Cuál no sería mi sorpresa, cuando basándose en que me encontraba en ese momento en situación de permiso se descarta toda la información que envié, pero se utiliza todo el análisis de data elaborada por mí para aplicar “unilateralmente” una nueva forma de cálculo de las divisas, que se deben indemnizar. Se tomó el monto en bolívares de los siniestros indemnizados en el periodo junio a octubre (ambos inclusive) y utilizando la paridad cambiaria al momento actual del dólar se reestimó el aporte en US $ que correspondía a la UCV, dando como resultado que se publique ahora un comunicado de las autoridades donde se indica que no existe tal deuda y por el contrario los aportes de la UCV cubrirían los compromisos del Convenio hasta el mes de enero del 2020”.
- “Debo enfatizar que la nueva metodología empleada por el equipo designado por la Rectora para estimar el monto en dólares a indemnizar al IPP por los siniestros SAMHOI se basa en pagar deudas viejas, estimadas en bolívares, aplicando al cambio actual del dólar, lo que se traduce en una disminución de la deuda por la progresiva devaluación del bolívar”
7.- Contratación de una póliza de HCM para los profesores activos y jubilados de la UCV como SISTEMA TOTALMENTE NUEVO y que solo se justificaría si el “profesorado no contase con una cobertura de un seguro”. La contratación que se plantea efectuar asciende a la cantidad de Bs. 135.000.000.000,00, (al cambio monetario actual equivaldrían a US$ 3.376.000,00 y solo cubriría al profesor.
- “Los análisis de los siniestros ocurridos durante el año 2019 permiten indicar que con un aporte total de la UCV y del IPP de 2.400.000,00 $ se pudo haber cubierto el monto TOTAL (Facturado) de TODOS los siniestros ocurridos, no solo el monto indemnizado”, señaló Méndez.
- “De acuerdo al Acta Convenio la UCV otorga al IPP la administración de los servicios de salud del profesorado. La contratación Directa de un Seguro HCM, para el personal docente por parte de la UCV, significaría una violación del Acta Convenio”.
- “Aprobar la apertura de un proceso de contratación Directa sin aclarar los puntos señalados significaría que el Consejo Universitario asume responsabilidades administrativas que podrían estar sujetas a sanción”, concluyó el renunciante.
Adjunto a la carta de renuncia, Méndez anexó un CD con todos los documentos señalados que sustentan sus denuncias.
Mediante la red social Twitter, el asesor universitario Miguel Alfonzo informó que la renuncia se produjo en plena sesión del consejo universitario. La dimisión se debió a “una serie de hechos irregulares efectuado por el equipo rectoral durante los 11 años y 7 meses de gestión rectoral”.