Desde 1999, los gobiernos chavistas han establecido una relación entre el Estado y los pueblos indígenas asentados en el territorio venezolano que he catalogado como un "multiculturalismo compensatorio". Esto en la investigación "La cuestión chavista. Estado extractivista y nación petrolera" (2018), puntualmente en el capítulo denominado "El aparato del Estado y los pueblos indígenas en la Venezuela chavista. La construcción de un multiculturalismo compensatorio".
En ese sentido, como parte de la subordinación de las luchas de los pueblos indígenas en las últimas décadas del siglo XX, el aparato del Estado venezolano ha reconocido y valorizado las diferencias entre la dominante cultura moderna-colonial propia del capitalismo venezolano y las subalternas culturas comunales de los pueblos indígenas, pero a su vez ha evitado que ocurra una desjerarquización de la histórica relación entre esas dos culturales, cristalizadas en un conjunto de relaciones sociales y prácticas que son antagónicas.
En términos concretos, con normas jurídicas y gestos simbólicos, el bloque gubernamental chavista reconoció y enalteció la especificidad cultural de los pueblos indígenas y los convirtió en beneficiarios de una política asistencial como la Misión Guaicaipuro, pero al mismo tiempo bloqueó cualquier posibilidad de autodeterminación interna y reproducción de sus prácticas comunales al obstaculizar y cercenar el control autónomo y colectivo de sus tierras ancestrales, porque las mantuvo al servicio de las necesidades del proceso mundial y local de acumulación de capital a partir de la conservación e intensificación de las características propias del capitalismo dependiente y extractivista de Venezuela.
En la constitución de 1999, en el capítulo VIII, el Estado reconoció el carácter intercultural de la sociedad venezolana y un conjunto de derechos a los pueblos indígenas como la consulta previa, la demarcación y propiedad colectiva de sus tierras ancestrales, la educación intercultural y bilingüe, la medicina tradicional, la jurisdicción indígena, sus prácticas económicas comunales basadas en la reciprocidad, entre otros. Después, el gobierno de Hugo Chávez desarrolló un revisionismo histórico multicultural: denominó al 12 de octubre como Día de la Resistencia Indígena, colocó la figura de Guaicaipuro en un billete del cono monetario y lo llevó de manera simbólica al Panteón Nacional, enarboló a los pueblos indígenas como el origen de organizaciones comunitarias como consejos comunales y comunas, realizó cambios en los textos escolares, reconoció a los idiomas indígenas y creó un ministerio de los pueblos indígenas.
No obstante, más allá de esas concesiones simbólicas y de la distribución compensatoria de ingreso petrolero a los pueblos indígenas mediante la Misión Guaicaipuro, el gobierno de Hugo Chávez evitó su autodeterminación interna y la reproducción de sus socioculturas al bloquear el control autónomo y colectivo de sus tierras ancestrales. Así, negó la demarcación y entrega de la totalidad de las tierras ancestrales exigidas por los pueblos indígenas, y en los casos que entregó títulos de propiedad colectiva a comunidades indígenas lo efectuó con dos características que negaban su supuesto objetivo. Primero, fragmentaron los títulos de propiedad colectiva por comunidades indígenas y esto cercenó la extensión indispensable para una reproducción sostenible del hábitat indígena. Segundo, los títulos de propiedad colectiva fueron entregados sin menoscabo de los derechos de los terceros establecidos previamente en esas tierras, entonces mantuvieron la presencia en esos lugares de hacendados privados, empresas transnacionales e instituciones económicas del Estado como corporaciones regionales y empresas estatales como Pdvsa. Esto intensificó la disputa por el control de las tierras y terminó con la persecución y asesinato de líderes indígenas como el Cacique yukpa Sabino Romero, en la Sierra de Perijá en marzo de 2013.
Arco Minero del Orinoco y la Piedra Kueka
En el 2011, Hugo Chávez aprobó un plan de acción estratégica para constituir un eje extractivista alrededor del río Orinoco, que tendría en el norte a la Faja Petrolera y en el sur al Arco Minero. En 2012, en el objetivo histórico número 3 del denominado Plan de la Patria, el mismo Hugo Chávez estableció al Arco Minero del Orinoco como parte central de su legado programático.
Después, en 2016, comienza la concreción de ese proyecto de megaminería por el gobierno de Nicolás Maduro mediante el decreto N° 2.248, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.855, que constituyó la zona de desarrollo estratégico nacional "Arco Minero del Orinoco". Desde su concepción y en su ejecución, ha implicado un aumento exponencial de los territorios de Venezuela integrados a la explotación minera y la profundización de la transformación de la naturaleza en un objeto de trabajo y una mercancía por el aparato del Estado venezolano, el capital transnacional y las organizaciones armadas irregulares.
El Arco Minero del Orinoco demuestra el carácter moderno-colonial y entreguista del gobierno de Nicolás Maduro, que define a los pueblos indígenas que viven en esas tierras ancestrales y a la naturaleza como un objeto sacrificable en beneficio de la acumulación y atesoramiento de las clases dominantes transnacionales y locales.
En ese sentido, la concreción del Arco Minero del Orinoco para extraer oro que demanda el mercado mundial, ha supuesto la presencia y las acciones violentas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y organizaciones armadas irregulares que tienen como consecuencia el asesinato, tortura, secuestro y amedrentamiento constante de los pueblos indígenas asentados en esos territorios.
No obstante, a pesar de esa política genocida y etnocida, ajustada a las necesidades del capitalismo mundial y de los negocios corruptos de jerarcas civiles y militares del bloque chavista, el gobierno de Nicolás Maduro se quiere presentar como un defensor de la cultura del pueblo pemón, con las gestiones realizadas para el retorno de la Piedra Kueka al territorio ancestral de los pemones. El referido símbolo sagrado del pueblo pemón, que representa su ancestralidad en tanto abuelo y abuela, tuvo 22 años en el parque Tiergarten de Berlín porque el gobierno de Rafael Caldera, en una decisión totalmente colonial, lo entregó al artista plástico alemán Wolfang Von Schwarzenfeld para su proyecto Global Stone, sin importar el rechazo de los pemones.
Esa renovación grotesca y macabra del multiculturalismo compensatorio propio del chavismo, se vuelve a evidenciar en sus últimas políticas estatales: el 7 de abril, el llamado Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico a través de la resolución N° 0010, asignó nuevos territorios en las cuencas de los ríos cuchivero y caura para extraer oro, y el 16 de abril el gobierno en su conjunto realizó un despliegue comunicacional para anunciar la llegada al país de la Piedra Kueka. Así, vemos la imbricación de un reconocimiento meramente simbólico de los pueblos indígenas y la apropiación concreta de sus territorios ancestrales para colocarlos al servicio del régimen mundial y local de acumulación de capital por desposesión.