El informe presentado por Michelle Bachelet, en la 41º sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, falsifica la realidad venezolana.
El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro lo ha rechazado en su carta de fecha 11de julio de 2019, dirigida a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y que, por instrucciones del Canciller Jorge Arreaza, tuve a bien consignar ante su Oficina y la cual fue recibida por Kate Gilmore Alta Comisionada Alterna.
Ese informe está plagado de mentiras y manipulaciones, de datos inexactos y falsos.
No expresa la verdad de Venezuela. Es una repetición de los ilegales, unilaterales y arbitrarios informes elaborados por el anterior Alto Comisionado, quien -desde el principio de su mandato- estuvo al servicio de oscuros intereses en contra de Venezuela. Su contenido sigue los dictados del Gobierno de Estado Unidos.
Hace menos de un mes Michelle Bachelet estuvo en nuestra Patria atendiendo la invitación -de buena voluntad- que el Presidente Nicolás Maduro le hizo en noviembre de 2018.
Queríamos establecer un nuevo tipo de relaciones con la Alta Comisionada y su Oficina, y pasar página respecto al complicado relacionamiento que tuvimos con el anterior Alto Comisionado, enemigo declarado de la Revolución Bolivariana.
La invitación del Presidente Nicolás Maduro tenía el propósito de que Michelle Bachelet conociera in situ los amplios e históricos esfuerzos que realizamos para garantizar y promover los derechos humanos del pueblo venezolano.
El Gobierno Bolivariano tenía la expectativa de que ésta alta funcionaria de la ONU constatara las repercusiones negativas que las ilegales medidas coercitivas unilaterales, impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a Venezuela.
Medidas que impiden el disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano y que han hecho -cada vez más difícil- que podamos recibir, importar y procurar lo fundamental y básico para la producción, la alimentación y la salud de nuestro pueblo.
Aspiraba nuestro gobierno que su visita fuera un primer paso de acercamiento con Michelle Bachelet y su Oficina, en el marco de una fluida relación de cooperación.
El Presidente Nicolás Maduro expresó a Michelle Bachelet su disposición de tomar en cuenta sus recomendaciones constructivas, en función de que en Venezuela siga imperando un sistema de derechos humanos cada vez más profundo que proteja a nuestro pueblo.
El gobierno humanista de Nicolás Maduro
El gobierno humanista que preside Nicolás Maduro ha dado muestras fehacientes de su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos.
En marzo de este año recibimos en Venezuela a un equipo técnico de la Oficina de la Alta Comisionada, con base en acuerdos iniciales convenidos.
Resulta decepcionante que el informe de Michelle Bachelet, lejos de plasmar de manera objetiva y balanceada la situación de los derechos humanos en nuestro país, sea una demostración de que no se nos escuchó… No vio la realidad de Venezuela.
Su informe dibuja un panorama sombrío de la situación política, económica y social de Venezuela. Distorsiona la realidad. Utiliza un lenguaje irrespetuoso contra el gobierno bolivariano y, en general, contra las instituciones del Estado.
No ocultamos los desafíos que enfrenta nuestro pueblo. Pero no deben minimizarse las causas raigales y estructurales que los originan.
La Alta Comisionada se reunió con el Presidente Nicolás Maduro, con las máximas autoridades de los poderes públicos y con altos funcionarios de 17 ministerios. Recibió abundante información sobre las políticas humanistas que adelanta el Estado venezolano. Recibió pleno apoyo y disfrutó de amplias facilidades para que cumpliera, con plena libertad, con su mandato.
Previamente a su visita se convinieron acuerdos entre el gobierno y su Oficina. Nosotros los cumplimos. Michelle Bachelet los ha incumplido.
Ningún Estado es perfecto. Todos son perfectibles. Nuestro gobierno está siempre dispuesto a adelantar, en un marco respetuoso, cooperativo y solidario, y con pleno respeto a nuestra soberanía, todo lo que demande la historia para construir un mundo más humano y respetuoso de los derechos humanos y libertades democráticas.
No hay correspondencia entre lo que Michelle Bachelet pudo ver y oír durante su vista y lo que refleja su informe.
Es insólito que no haga ninguna referencia al reporte sobre nuestro país del Experto Independiente de Naciones Unidas para un Orden Internacional Democrático y Equitativo, Dr. Alfred De Zayas.
Allí se describe la realidad de Venezuela. Se mencionan las falencias que hoy existen, pero también se hace referencia a las causas que las originan. Se menciona la guerra económica, las medidas coercitivas unilaterales y el ataque a nuestra moneda. Michelle Bachelet descontextualiza esas medidas y les resta importancia.
Esas medidas han sido condenadas por Idriss Jazairy, Relator Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales de la ONU, han sido impuestas a Venezuela a partir del año 2014. Se expresan de múltiples formas, por ejemplo, en el bloqueo económico, financiero y comercial y el ataque a nuestra moneda que induce a la hiperinflación. Tienen consecuencias nefastas para nuestra sociedad. Causan muerte y sufrimiento al pueblo venezolano. Violan de manera flagrante los derechos humanos.
Con esas criminales medidas se bloquean pagos para la adquisición de vacunas, medicinas e insumos para la salud, generando graves dificultades para garantizar el acceso a la atención médica de millones de personas.
Bancos estadounidenses han retenido, congelado o confiscado fondos del pueblo venezolano por más de 7 mil millones de dólares destinados a la compra de alimentos y medicinas.
El gobierno de Estados Unidos ha despojado a Venezuela de más de 30 millones de dólares de sus activos petroleros.
El Gobierno de Donald Trump se ha apropiado indebidamente de nuestra empresa Citgo, en Estados Unidos, con la que financiábamos tratamientos de trasplantes de médula ósea para niños y niñas.
Las medidas coercitivas son la causa principal de los padecimientos que hoy sufre nuestro pueblo y no -como dice el informe de Michelle Bachelet- la supuesta mala gestión de nuestro Gobierno.
Lamentamos que su informe no haya podido trascender los condicionamientos de la burocracia acantonada en su Oficina, que, como es público y notorio, - y ella lo sabe- tiene una agenda hostil hacia el Gobierno Bolivariano.
Esperábamos que Michelle Bachelet no siguiera el nefasto camino emprendido por su predecesor que, desde el primer momento en que asumió el cargo de Alto Comisionado, emprendió una infame campaña en contra del Gobierno Bolivariano.
El informe que la Alta Comisionada presentó al Consejo de Derechos Humanos sigue la misma ruta. No es casual que -y Bachelet lo ha dicho públicamente- el informe estaba elaborado antes de su visita a Venezuela. Sin embargo, lo acogió sin mayores enmiendas. El Estado venezolano presentó ante su Oficina 70 observaciones a su informe que fueron obviadas.
Los Derechos Humanos: Una política de Estado
Desde aquel histórico 2 de febrero de 1999 en que Hugo Chávez Frías asumió -por primera vez- la jefatura del Estado, Venezuela emprendió el camino para edificar una nueva patria, libre y soberana, teniendo a la justicia social, la libertad y la igualdad como su norte. Y esos ideales quedaron plasmados en la Constitución Bolivariana aprobada en referéndum aprobatorio.
El nuevo texto constitucional hace referencia, por vez primera de nuestra historia, a los "Derechos Humanos".
En la Constitución Bolivariana se establece un sistema normativo muy avanzado, fundamentado en las más modernas tendencias doctrinarias y legislativas sobre los Derechos Humanos.
El Estado venezolano es un Estado garantista de estos derechos. Nuestro gobierno está consagrado a respetarlos y a hacerlos posibles.
Democracia con igualdad y justicia social
Los problemas que generan la pobreza y la desigualdad son tan calamitosos que, no enfrentarlos con decisión y firmeza, conduce al derrumbe del sistema democrático. La lucha contra esas injusticias es la lucha por la democracia. Nada conspira más contra la democracia que la pobreza y la desigualdad.
Aunque Michelle Bachelet reconoce pálidamente en su informe que las últimas sanciones económicas están exacerbando -aún más- la situación humanitaria, dado que la mayoría de los ingresos en divisas procede de la exportación de petróleo, muchas de las cuales están vinculados al mercado estadounidense, sin embargo, descontextualiza y minimiza esas medidas.
Es una falacia señalar que los programas sociales impulsados por el Gobierno Bolivariano están dirigidos a beneficiar -única y exclusivamente- a los partidarios del gobierno. La verdad verdadera es que estos programas son disfrutados por todos los venezolanos.
Hasta el 13 de julio del presente año el Estado venezolano ha otorgado -gratuitamente- 2 millones 700 mil viviendas. Este programa beneficia, aproximadamente, a diez millones ochocientos mil venezolanos. Un 36% de la población venezolana que antes de la Revolución Bolivariana vivía en condiciones inhumanas y en zonas depauperadas, hoy disfruta de un hogar digno y decente.
En el informe se hace referencia al programa que tiene nuestro Gobierno para satisfacer las necesidades alimentarias de la población, a través de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Pero allí se sostiene -falsamente- que este programa está dirigido únicamente a los partidarios de la Revolución Bolivariana y que se discrimina a los opositores.
¿Cómo puede haber discriminación cuando se beneficia a 6 millones de hogares?
Dice Michelle Bachelet en su informe que más de 4 millones de personas han abandonado el país. La cifra que menciona tiene como fuente a gobiernos latinoamericanos que están bajo la tutela del imperio norteamericano. Éstos inflan las cifras de manera inmoral para solicitar recursos financieros provenientes del exterior.
En la actualidad más de 6 millones de familias venezolanas disfrutan de los CLAP. En promedio, cada familia está integrada, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, por 4 personas. En consecuencia, 24 millones de personas reciben el beneficio de este programa. Y si la población venezolana hoy es de 26 millones de venezolanos y venezolanas, dado que supuestamente 4 millones de personas han abandonado el país, según el informe de Michelle Bachelet. ¿Quiere decir, entonces, que el 92.31 % de la población es Chavista? Esto es fantasioso. Hacer tal afirmación es ridículo. Si eso fuera cierto casi toda la población venezolana sería "Chavista".
Revolución Bolivariana: una política social inclusiva
Dieciocho millones ochocientos nueve mil ochocientos setenta y siete (18.809.877) venezolanos y venezolanas están carnetizados en la Plataforma Patria y, por esa vía, reciben ingentes ayudas del Estado venezolano. El 100% de adultos mayores reciben pensión a través de dicho sistema.
¿Cómo puede haber discriminación política en Venezuela si 6 millones de familias reciben el bono "hogares de la Patria" y 700 mil embarazadas reciben el bono de parto humanizado y lactancia materna?
Estas cifras demuestran el carácter inclusivo que tiene el sistema de protección social venezolano.
Desde el inicio de la Revolución Bolivariana, en 1999, el derecho a la alimentación es un derecho humano.
El Artículo 305 Constitucional establece "…que es deber del Estado la adopción de políticas y medidas que garanticen la Seguridad Alimentaria de la Población…". Y para dar cumplimiento a ese mandato constitucional el Gobierno Bolivariano ha desarrollado un extenso marco legal.
En la Ley Constituyente Plan de la Patria 2019 - 2025 se establece la necesidad de continuar construyendo el Socialismo del Siglo XXI. Y se concibe a la alimentación como un derecho y no como una mercancía.
El Plan de la Patria es compatible con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nuestro Gobierno se ha propuesto cumplir firmemente con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Para la Revolución Bolivariana la salud es también un derecho humano fundamental. En sólo 20 años se amplió el acceso a la atención integral de salud, con un crecimiento del 397% de la Red de Establecimientos del Sistema Público Nacional de Salud, que atiende -de manera gratuita y sin discriminación- a quienes lo necesitan, incluyendo a hermanos de países latinoamericanos. Esto lo desconoce el informe de Michelle Bachelet.
La Revolución Bolivariana ha aumentado la formación de profesionales de la salud, principalmente médicos y enfermeras, en más de 50%. Venezuela presenta una mejoría continua en los indicadores de salud, con la participación de las comunidades organizadas.
Derechos humanos y libertades fundamentales
Es falso afirmar que durante la Revolución Bolivariana se ha restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas, y menoscabado la independencia del poder judicial. Por el contrario, se han ensanchado, como nunca antes en la historia, el espacio democrático y el disfrute de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Un solo ejemplo: desde 1999 hasta el 2018, se han realizado 25 elecciones nacionales con la participación de todos los factores políticos.
El Presidente Nicolás Maduro y los líderes de nuestra revolución han reconocido el triunfo de la oposición en las dos ocasiones en que ello ha ocurrido. Ésta, en cambio, nunca ha reconocido las 23 victorias electorales que abrumadoramente han obtenido las fuerzas bolivarianas.
En su informe Michelle Bachelet señala que durante la Revolución Bolivariana las manifestaciones contra el Gobierno han aumentado en número e intensidad.
Ciertamente, centenares de manifestaciones se han realizado en Venezuela durante la Revolución Bolivariana. Pero nunca nuestro gobierno ha reprimido a manifestantes pacíficos u opositores que enarbolan sus ideales políticos. Por el contrario, se les ha dado las más amplias prerrogativas para que difundan sus ideas, siempre que sea en un marco pacífico, democrático y constitucional.
El derecho a manifestar pacíficamente en Venezuela es un legítimo derecho democrático. Cosa muy distinta es que sectores violentos y terroristas de la oposición realicen, en el marco de ellas, acciones que causan la muerte de funcionarios públicos y de ciudadanos comunes y que, incluso, hayan llegado al extremo de quemar vivas a personas por su color de piel, o por ser partidarios de la Revolución Bolivariana. Es censurable que esto no aparezca en el informe de Michelle Bachelet, a pesar de que organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela le mostraron abundantes pruebas.
Las manifestaciones pacíficas son protegidas por las Fuerzas del orden público. Pero éstas no pueden permanecer indiferentes cuando se asesina a personas o se destruyen bienes públicos o privados. Garantizar la paz y la seguridad pública son obligaciones fundamentales de un Estado democrático, como es el nuestro.
La Alta Comisionada dice en su informe que, "En los últimos años el gobierno ha intentado imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia visión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes". Falso.
¿Cómo se explica que después de veinte años de Revolución Bolivariana, y en un marco de plenas libertades fundamentales, la mayoría de los medios de comunicación impresos, radiales y televisivos tienen una política editorial abiertamente contraria a nuestro gobierno?
El derecho a la libertad de expresión e información están plenamente garantizados por el Estado venezolano. No existen limitaciones para su libre ejercicio, salvo las establecidas en la Constitución y la Ley. Ningún medio de comunicación ha sufrido censura. Ni ningún periodista ha sido perseguido ni detenido en cumplimiento de su profesión. Quienes laboran en los medios de comunicación ejercen sus labores con absoluta libertad. El Internet y redes sociales se usan libremente y sin restricciones.
En su informe Michelle Bachelet habla de personas detenidas supuestamente por expresar opiniones políticas. Se dan, como ciertos, los datos aportados por algunas ONGs cuya confiabilidad ética es cuestionable ya que son financiadas por el gobierno de Estados Unidos.
Se dice en el informe que en el programa "Con el Mazo Dando", se hostiga a los opositores. Pero en ese programa simplemente se ejerce el derecho a opinar. Según Michelle Bachelet la oposición tiene derecho a criticar al Gobierno, pero a los partidarios de éste se les niega el derecho a criticar a la oposición. Esto demuestra -a todas luces- la parcialización de su informe.
En Venezuela, de acuerdo con la Constitución Bolivariana de 1999, los pueblos originarios han sido visibilizados. Han adquirido el rol de ciudadanos con iguales derechos y deberes. A los pueblos indígenas se les garantiza sus derechos colectivos y ancestrales, y sobre sus territorios e identidad.
La Alta Comisionada demoniza en su informe a todos los órganos de seguridad del Estado. Los acusa de incurrir en violaciones masivas de los derechos humanos. Estos cuerpos de seguridad, con base en nuestra Constitución y dada la firme determinación del gobierno bolivariano, deben respetar -en forma absoluta- esos derechos.
Respetar los derechos humanos es una política de Estado. Ha habido, algunos hechos puntuales en los cuales funcionarios han incumplido con su obligación constitucional y las órdenes de sus autoridades. En esos casos el Ministerio Público ha actuado inmediatamente. Quienes han incurrido en esos delitos han sido sometidos al imperio de la ley.
El gobierno bolivariano espera que, luego de una profunda reflexión, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, se haga eco de la verdad. Esto es indispensable para avanzar hacia un entendimiento constructivo y sincero donde el interés prioritario y verdadero sea la promoción y protección de los derechos humanos en Venezuela.
La amenaza imperial a la Patria de Bolívar
La coyuntura que vive nuestra Patria, hoy asediada por poderes fácticos imperiales, nos obliga a volver la mirada hacia él pasado. Para no olvidar las graves consecuencias del fascismo, hoy renaciente, que impusieron las atroces dictaduras bendecidas por Washington, y que sometieron -de la manera más cruenta a nuestros pueblos-, en el siglo XX.
Sucedió en el Gobierno de Salvador Allende cuando el pueblo chileno sufrió una criminal agresión, por parte del Imperio norteamericano. Que se propuso hacer "chillar" a su economía llevándolo al caos y a la desestabilización. Se impulsó un golpe de Estado fascista organizado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos. Se dio al traste con un hermoso sueño democrático, con un encomiable sueño popular.
Diecisiete años de dictadura, de sufrimiento, de tortura. Miles de desaparecidos, miles de familias sufrieron aquella criminal intervención que quedó demostrada en los documentos desclasificados de los Departamentos de Estado y de Defensa de los Estados Unidos.
Hoy siguen ocurriendo hechos semejantes. Nuevas caras, pero los mismos propósitos: frustrar los sueños de los pueblos de Nuestra América. Pero jamás lo conseguirán. Venezuela enarbola con hidalguía y heroísmo las banderas de la independencia y la autodeterminación. La justicia social, la paz y la libertad son nuestro norte.
El 4 de agosto pasado se activó en Venezuela un intento de magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro, el Alto Mando Político-Militar, y los representantes de los Poderes Públicos que se encontraban en un acto cívico-militar en la ciudad de Caracas. Acción terrorista planificada en Miami y Colombia.
Cruentos hechos que desnudan la verdad de lo que realmente acontece en Venezuela, donde fuerzas fascistas de la oposición política, al servicio del Imperio norteamericano, no han escatimado ningún esfuerzo, desde el inicio de la Revolución Bolivariana liderada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, para intentar hacerse del poder por la vía de la violencia, a costa de la vida de numerosos inocentes.
A pesar del criminal bloqueo a nuestra economía y de las presiones inflacionarias inducidas desde el exterior, el Gobierno Bolivariano sigue combatiendo esta guerra económica, comercial y financiera. La inversión social en Venezuela se incrementó al 74,1%, y el 72,5% del presupuesto nacional se dedica a la inversión social.
Estamos conscientes de que la superación de los grandes retos que enfrenta la Patria de Bolívar requiere del esfuerzo de todos los sectores del país que aman la paz. De allí que el Presidente Nicolás Maduro mantiene su llamado al diálogo con los factores democráticos de la oposición venezolana.
Con el auspicio del gobierno de Noruega hemos conformado una mesa de diálogo con la oposición. Es una agenda integral. Si se trabaja con buena voluntad, y sin el intervencionismo norteamericano, se irán alcanzando acuerdos para beneficio del pueblo venezolano.
El Presidente Nicolás Maduro ha dicho que ha llegado la hora de ponernos de acuerdo. De oírnos, de reflexionar todos. De prefigurar un camino de paz y de entendimiento.
Sabemos de las presiones imperiales y de los enormes retos que la Alta Comisionada Michelle Bachelet tiene para el ejercicio de sus responsabilidades.
La Resolución 48/141 de la Asamblea General de la ONU que creó su alto cargo, dispuso entre sus funciones, entablar un diálogo constructivo con los gobiernos en el ejercicio de su mandato, con miras a asegurar el respeto de los derechos humanos, ampliando la cooperación internacional para su promoción y protección.
En ese contexto, el Presidente Nicolás Maduro ha reafirmado la inquebrantable voluntad de su gobierno de promover y proteger los derechos humanos, en estricto apego a los principios universales del respeto a la soberanía y a la no injerencia en los asuntos internos de los estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
Esperamos que cuando la Alta Comisionada Michelle Bachelet elabore el próximo informe, que presentará al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de este año, se distancie de los dictados del Gobierno de Donal Trump, y de la burocracia antibolivariana acantonada en su Oficina.
Si Michelle Bachelet está interesada en mantener una relación de cooperación con el Estado venezolano debe rectificar, como se lo ha solicitado el Presidente Nicolás Maduro en su misiva.
El gobierno bolivariano está dispuesto a mantener una relación transparente y constructiva con todas las instituciones que conforman el Sistema Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.