La Gobernadora y Guaidó libres y felices mientras van presos funcionarios de la gobernación del Táchira

Lunes, 23 de septiembre de 2019.- Acabo de ver al Fiscal General de la Nación, al abogado Tarek William Saab dar unas declaraciones en rueda de prensa nacional sobre el caso de las fotografías del diputado Juan Guaidó con varios miembros del grupo colombiano irregular, paramilitar Los Rastrojos, que tanto ha conmocionado a la opinión pública de ambos países.

El asunto no es de forma sino de fondo, de contenido.

El Fiscal es un buen comunicador, de eso no hay duda, es preciso con las palabras y presenta los eventos de forma ordenada y sistemática, es correcto con la forma.

El asunto que llama la atención, de sobremanera, es lo inusual del resultado de la investigación que se está realizando, el fondo del asunto, donde según el contenido de la noticia que mencionó el Fiscal, se emitieron ordenes de captura contra personal subalterno de la gobernación del Estado Táchira, entre ellas está la asistente de la ciudadana Gobernadora.

Se les acusa a los solicitados, entre otras cosas, por traición a la Patria.

Aparentemente cometieron un delito y deben ser sometidos a la justicia.

La pregunta que surge y que supongo todo el país se está haciendo, es si estos presuntos implicados actuaron por cuenta propia o siguieron instrucciones de la Gobernadora.

Si fue de esta forma y la Gobernadora les dio instrucciones precisas, ¿por qué no hay una orden de aprensión contra la supuesta principal responsable de todo ese irregular evento que se está ventilando?

No pretenderá el Fiscal que la gente, la opinión pública, todos nosotros pues, no nos preguntemos qué es lo que está pasando que la diligencia jurídica quedó mocha, chucuta.

¿Cómo es eso de que ni siquiera nombró a la Gobernadora?, no mencionó ni una palabra sobre su responsabilidad, sobre su posible detención.

Si todo indica que estaba enterada y promovió la acción irregular de sus subalternos, eso debe acarrear alguna consecuencia legal.

Por otra parte, el implicado principal el diputado Juan Guaidó no se le menciona, no se le señalan responsabilidades, ni se emite una orden de detención en su contra, siendo el sujeto directo de la acción; abandonó el territorio nacional cuando existía una orden firme de un tribunal de la República de prohibición de salir del territorio nacional, además de que se sospecha que su relación con Los Rastrojos van mas allá de unas fotografías comprometedoras (tengo pruebas dijo Diosdado).

El silencio de los políticos y las autoridades, con honrosas excepciones, y la prensa en Colombia, es por demás sospechoso, los del gobierno colombiano le asignaron, según las evidencias, la custodia de Guaidó al grupo delicuencial, acusado de diversos crímenes Los Rastrojos.

Volviendo a las implicaciones del caso en nuestro país, el hecho de que ni la Gobernadora, ni Guaidó, por ahora, no sean objeto de búsqueda y no tengan orden de detención en su contra, rebela claramente que la supuesta igualdad ante la ley en nuestro país es una fantasía, no existe.

No hay igualdad ante la Ley en Venezuela.

Si alguno de nosotros, ciudadanos de a pie, con todos nuestros derechos, hubiésemos estado envueltos en una situación como esta ya estuviésemos presos y procesados.

Me pregunto si el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido opinión sobre este caso y si ante la evidente omisión del Fiscal de llevar este asunto hasta sus últimas consecuencias, no podrá el TSJ actuar de oficio y hacer prevalecer la justicia.

Recuerdo que hace quizás un mes o menos, cuando se reveló que el gobierno nacional estaba teniendo conversaciones directas y secretas con el gobierno de USA, el diputado presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, utilizó un dicho muy popular en Venezuela, dijo que él no hablaba con los payasos sino con los dueños del circo.

Ahora el gobierno quiere meter preso a los payasos (con todo el respeto que nos merecen los funcionarios acusados) y dejar sueltos a los dueños del circo, a los aparentemente principales responsables, la Gobernadora y Guaidó.

La decisión que se ha tomado en este caso es evidentemente política y debilita la percepción que tiene la opinión pública del gobierno nacional.

E insistimos en que el asunto no es de forma sino de fondo.