El embajador de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto, dijo que su país rechaza que Venezuela forme parte del Consejo de los Derechos Humanos, porque -a su juicio- "no tiene requisitos ni autoridad moral". El diplomático colombiano reconoció que la petición de retirar a Venezuela de ese Consejo, debe ser emanada por todos los países miembros de la ONU.
Haciendo gala de su adulancia a los amos de Colombia, los gringos, el mismo día que Venezuela recibió apoyo de 105 naciones para ocupar por 3 años un escaño en el Consejo de Derechos Humanos, el colombiano Fernández admitió que la intención de expulsar a Venezuela de ese conjunto de países, la promueve el Grupo de Lima, gobiernos enemigos del socialismo venezolano antiimperialista. Comprobado que esas diplomacias lacayas, no aceptan a Venezuela y sostienen un contumaz antibolivarianismo.
En la hermana república vecina con la más extensa frontera entre territorios, colombianos de derecha ignoran los sufrimientos infligidos a su patria por sucesivos gobiernos demócrata representativos. En 2019 han asesinado más de 150 líderes sociales, y en tierra indígena en 14 meses del Presidente Duque, muertos 234 líderes. Hay inacción vergonzosa oficial y complicidad de medios informativos, ocultando o manipulando esos homicidios.
En numerosas ciudades de Colombia protestan estudiantes, trabajadores, amas de casa, gremios, sindicatos obreros, indígenas, etc., repudiando al mandatario con menos popularidad en el más corto tiempo, entre Presidentes electos, en la nación bolivariana que desgraciadamente desde su oligarquía han abrigado el deseo de dominar Venezuela, pensamiento iniciado por el traidor Francisco de Paula Santander que dispuso un atentado para matar a Simón Bolívar en Bogotá, episodio en el cual El Libertador salvó su vida gracias a la decidida acción de Manuela Sáenz.
Las exigencias de justicia en Colombia se extienden, movimientos diversos emulan la rebeldía popular del Ecuador. En la ONU sería bueno preguntarle a la totalidad de representantes de los 193 países, ¿cuándo van a condenar el intervencionismo armado de las grandes potencias?, en el caso colombiano donde en su territorio funcionan 9 bases militares de EE UU, no se cumple la Constitución propia sino la de los estadounidenses, violadores no solo del territorio, sino de niñas, niños y adolescentes, a los transgresores soldados y mercenarios de USA, Colombia no los puede juzgar.
El sonoro triunfo venezolano en la ONU y el revés sufrido por los supremacistas vendidos a Washington, ante comunidades indígenas del Ecuador, evidencian que no pueden controlar ni chantajear pueblos y gobiernos dignos, salvo a presidenticos lisonjeros, genéticamente esclavos, pues en la política entreguista ya lo hicieron sus ancestros, hipotecando las riquezas naturales y dando la espalda a las comunidades de menores recursos.