La reciente masacre de indígenas pemones al sur de Bolívar, en la población de Ikabarú, más allá que de manera cobarde el gobernador de Bolívar, Justo Noguera, 48 horas después de haber planificado con la cúpula madurista cómo iba a ser el show o la escena del circo para negar lo que fue evidente ante un pueblo y organismos nacionales e internacionales¹, no permiten desmentir lo que hasta el líder pemón, Ricardo Delgado denunció en que tales asesinatos fueron efectuados por el llamado "sindicato del ciego"², que incluso estaría bajo control del propio mandatario regional del madurismo.
Ante esta realidad, es irónico que en el medio de una barbarie semejante, el "gobernador" de ese estado, palabras más, palabras menos, prácticamente se jacta en asegurar que no hubo pemones muertos, y que en definitiva, él estaba en el sitio de los acontecimientos junto con militares y fuerzas policiales para atender la emergencia humana.
Sin duda, tales declaraciones no sólo deben ser deploradas y condenadas, sino que debemos preguntar tanto a Justo Noguera como al responsable de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) de Guayana, el almirantucho William Miguel Serantes Pinto, que si en efecto están cumpliendo con sus roles administrativos y de seguridad integral ¿Cómo es que ocurren tales hechos de sangre, si ellos, como máximas autoridades están con presencia integral en todos esos sitios al sur del estado Bolívar? Verbigracia, las propias afirmaciones del mal llamado "gobernador" dejan en entredicho cualquier acción porque resulta obvio que la presencia de los denominados "sindicatos" – colectivos armados de la zona – junto con la guerrilla disidente, los grupos policiales y militares corruptos, así como los mineros ilegales, todos esas mafias con el aval del régimen han tomado por asalto las minas de oro, que hasta fueron repartidas para los gobernadores del madurismo.
En tales "organizaciones" sólo existe el interés por saquear nuestros recursos mineros en todas sus existencias que les generen ingresos millonarios por la vía de la corrupción y el asalto a la nación, sin importar la destrucción de la naturaleza en sus espacios de flora y fauna, la contaminación del agua, y lo que peor: el asesinato de venezolanos y nuestras comunidades indígenas, las cuales serían en esencia las auténticas dueñas de esos territorios.
Es de tal magnitud el abandono de Justo Noguera o los responsables militares de la seguridad en la zona de los pueblos como Ikabarú, que ni siquiera existe una lista de las personas o "empresas" que explotan el oro y recursos minerales, sino por el contrario, lo que abunda es la comercialización ilegal del preciado metal, contrabando de gasolina, imágenes que demuestran el cómo se ha arrasado con miles y miles de hectáreas en Canaima³, aunado con una destrucción por completo de los aspectos sanitarios con proliferación de enfermedades que se han convertido en mortales, y lo que resulta más deplorable, esa continuidad de asesinatos indígenas, lo cual demuestra el exterminio humano que promueve el madurismo al sur de Bolívar.
El madurismo no defiende derechos humanos en Venezuela. Es una red de criminales que apuestan por liquidar, en especial en Bolívar, a todo aquel que no se someta ante los intereses de sus grupos totalitarios. Por ello, ocurren estos hechos sangrientos, en los cuales poco importa que haya indígenas y personas masacradas. La concepción del madurismo es la de exterminio humano. En síntesis, los "derechos humanos del madurismo" se conjugan entre plomo y masacres.
Masacre de Ikabarú: El exterminio humano como práctica fundamental del madurismo. A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea.