La injusticia en el país anda galopando sin freno y desplazándose a mil kilómetros por hora. No dudemos para nada de la existencia de las leyes, pero sí de los altos funcionarios que son colocados en esos puestos para hacer respetar la legislación venezolana. Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), designó el 4 de agosto del año 2017 al conocido abogado Tarek William Saab, como nuevo fiscal general de la República, en sustitución de la prófuga de la Justicia Luisa Ortega Díaz.
Durante esa primera sesión realizada en el Hemiciclo Saab se comprometió a cumplir sus funciones con lealtad y con firmeza establecidas en los preceptos del texto fundamental, pero observamos con una inmensa decepción que al fiscal general de la nación se le ha ido casi dos años y medios que lleva en el cargo, solamente a formular denuncias públicas, sin aplicar las sanciones correspondientes en los casos señalados. Habida cuenta, porque él y más nadie tiene el monopolio en nombre del Estado de ejercer la acción penal, y así se lo faculta la Carta Magna y el COPP.
Sin duda alguna que los problemas de todos los venezolanos y venezolanas se profundizaron desde el 23 de enero del año 20119, cuando el fascista y terrorista Juan Guaidó se autoproclamó en una plaza pública de Caracas Presidente de la República. Me pregunto, en nombre de una inmensa mayoría de compatriotas, es que acaso, no es un delito la usurpación de funciones en el país. Veamos. El delito de usurpación de funciones públicas está tipificado en el artículo 402 del Código Penal. El citado precepto establece: "El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años".
Pero también nos hacemos otra interesante interrogante sobre el delito de traición a la Patria. Veamos, el artículo 28 del Código Penal venezolano establece: "Cualquiera que, de acuerdo con país o República extranjera, enemigos exteriores, grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas, o las hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de veinte a treinta años".
Otra de mis preguntas, será que el Fiscal General de la República considera que Juan Guaidó no ha incurrido en muchos delitos como para que se le apliquen las sanciones correspondientes. Vean esto. Sobre el diputado opositor pesan varias investigaciones penales por parte de la Fiscalía, entre las que destacan: la intención de entregar el territorio Esequibo a empresas trasnacionales; su presunta vinculación con el grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos; y la acusación de apropiación de fondos para la ayuda humanitaria de venezolanos en Colombia.
Será que el Fiscal General quiere más caldo de cultivo para sumar los múltiples delitos cometidos por el autoproclamado Presidente interino, o por el contrario, no tiene las que te conté para ejercer la acción penal como se lo faculta la Constitución Nacional y los artículo 11 y 111 del Código Orgánico Procesal Penal, pues de lo contrario, renuncie señor Fiscal y deje que otra persona asuma sus responsabilidades para que se aplique la justicia en Venezuela, decisión justa y apegada a derecho que estamos esperando millones de compatriotas venezolanos, por las actuaciones fuera de la ley ejecutadas por el demente y ladrón de Juan Guaidó.