El 22 de enero desde espacios oficiales se ofreció una rueda de prensa sin datos desagregados, detallados, sin publicar las bases de datos, ni informes, sobre las estadísticas delictivas en el país. A continuación se presentarán algunas claves para su análisis, que ya hemos realizado en otras oportunidades, ante circunstancias muy similares.
Desde la década de los años 60 del siglo pasado hay un consenso dentro de toda la criminología occidental, así como de la sociología que tiene por objeto los temas vinculados con la cuestión criminal, que las cifras oficiales no son confiables. En primer lugar porque no todos los hechos definidos como delitos son conocidos por las instituciones del Sistema Penal (la llamada cifra oculta). En segundo lugar, porque las instituciones que construyen los datos dan más cuenta de sus propios procesos y categorías burocráticas que de los fenómenos reales, además no siempre consideran las variables que son de interés para el análisis. Por último, porque estos datos no son accesibles a los investigadores ni son susceptibles de verificación, revisión o contraste.
Es importante destacar que cuando se habla de manera general de delitos esto no nos dice nada, delito puede ser cualquier cosa que se le ocurra al legislador, que en este país ya no se tiene muy claro quién es… Cuando se presentan cifras oficiales de delitos genéricos para lo que más pudiera servir es para indicar la confianza que tiene la gente en las instituciones del sistema penal, si denuncian menos o más que antes. Por eso, en un marco de profunda desconfianza hacia las instituciones es predecible que la denuncia antes ellas disminuya, esto no significa necesariamente que los delitos hayan disminuido, una lectura es que la gente ha dejado de confiar en estos espacios.
Se espera que este debate se reduzca con el delito de homicidio, no solo por la gravedad del delito, sino porque además se tiene un elemento objetivo, el cadáver, y otro de tipo formal, el acta de defunción, con los que en principio siempre se debería contar. No obstante, aún en esos casos el asunto no es tan sencillo. En este marco hay cuatro aspectos claves que se deben tener en cuenta para comprender el debate sobre las cifras de homicidios en el país: las categorías que se definen burocrática e interesadamente, el peso de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad, la crisis compleja que atraviesa el país y el éxodo de los venezolanos que afecta al número total de la población.
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Las distintas categorías burocráticas a través de las cuales puede definirse el homicidio
En el caso venezolano tradicionalmente el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) ha sido la principal fuente para conocer el número de homicidios en el país. Esta institución para la construcción de los datos sobre este delito trabaja con tres grandes categorías:
1) Homicidios que son los casos tipificados por el Código Penal en el que una persona intencionalmente da muerte a otra;
2) Resistencia a la autoridad: formalmente son un grupo de delitos establecidos en el Código Penal, que abarcan diversos supuestos que van desde la amenaza a un funcionario público o a sus parientes, perturbar reuniones de órganos públicos, hasta hacer oposición a algún funcionario en el cumplimiento de sus deberes, en ningún supuesto normativo se contempla como resultado una muerte. Sin embargo, es bajo esa denominación genérica que el CICPC, administrativa y discrecionalmente, agrupa también a los casos de muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado (enfrentamientos, ejecuciones extrajudiciales o ajusticiamientos), con independencia de la legalidad o justificación de éstas;
3) Averiguación muerte: en esta categoría residual entrarían las muertes por causas externas, aparentemente violentas, en las que no hay una certeza inicial que se trate de homicidios, puede abarcar una serie de supuestos variados como suicidios, accidentes de tránsito o con armas de fuego, muertes por inmersión, etc...
Con estas categorías la administración puede jugar discrecionalmente para maquillar o disminuir las cifras de homicidios. Especialmente en los casos de muertes a manos de las policías, llamados burocráticamente "resistencias a la autoridad", que en 2018 llegaron a ocupar un tercio de todos los homicidios del país. Esta situación merece una mención especial.
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Las muertes en manos de las fuerzas de seguridad (las llamadas resistencias a la autoridad)
Durante la última década se ha venido incrementando de manera considerable la letalidad de los cuerpos de seguridad del Estado, especialmente a partir del año 2013, con grandes saltos en los años 2015, 2016 y 2018.
Versión actualizada de Gráfico publicado originalmente en: Ávila, K. (2019:41).
Entre los años 2010 y 2018, que es el período en el que se cuenta con la información oficial mejor sistematizada y continua, han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 23.688 personas. El 69% de estos casos ocurrió entre 2016 y 2018. Llegando a una tasa por cada cien mil habitantes que oscila entre las 19 y 16 personas fallecidas por estas causas. Un registro superior que la tasa de homicidios de la mayoría de los países del mundo. En 2010 la tasa era de 2,3 y en 2018 llegó a 16,6, esto representa un incremento de un 622%.
El porcentaje que ocupan las muertes en manos de las fuerzas de seguridad dentro de los homicidios en Venezuela también es cada vez más mayor: en 2010 era apenas de un 4%, ocho años después llega a 33%, es decir, que actualmente uno de cada tres homicidios que ocurre en el país es consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Las estimaciones que el OVV hace para 2019 son aún mayores.
Actualización de gráficos presentes en: Ávila, 2017, 2018 y 2019.
Para tener una idea de las dimensiones: en Brasil estos casos apenas ocupan el 7% de sus homicidios. Durante 2017 Venezuela tuvo más fallecidos por estas causas que este país vecino, que tiene siete veces nuestra población.
El Ministerio de Interior durante los últimos años viene excluyendo dentro de sus cifras estas muertes, lo que altera de manera considerable la cifra total de los homicidios en el país.
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La situación económica y la vida cotidiana del país
Como se ha explicado desde el año 2018: entre los factores que se deben tener en cuenta para el análisis se encuentra la práctica paralización del país en materia económica, de producción, así como de la vida social en la calle. En 2019 casi toda Venezuela estuvo sin electricidad permanente al menos tres meses. Este cese o merma de las actividades "normales" o de la "vida cotidiana" en cualquier país impacta de diversas maneras en la vida nacional. Al estar todos encerrados, sin vida nocturna, con la inexistencia y pérdida del valor de la moneda, hace que se disminuyan algunas oportunidades ilícitas callejeras. La consecuencia es que las modalidades delictivas muten a otro tipo de conductas.
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El éxodo venezolano
Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es el fenómeno de la migración de venezolanos que se ha dado en el país durante los últimos años, que afectaría al número total de la población. ACNUR y la OIM informan que hay unos 4,5 millones de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo, esto es más del 13% de la población y estiman que para finales de 2020 esa cifra ascienda a 6,5 millones, es decir, un 20% de la población. Las solicitudes de asilo y refugio también han aumentado vertiginosamente durante los últimos cuatro años, en más de un 600%. Esta situación afecta el número real de la población en el país. Si la población del país disminuye considerablemente, pero los cálculos de la tasa de homicidios se hacen basados en las estimaciones poblacionales del INE del censo de hace más de una década, sin considerar este éxodo, se pudiera estar sobreestimando el número de población y la consecuencia sería una subestimación tanto de las tasas de homicidio como de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Eso en modo alguno significa que exista menos violencia o mayor seguridad, por el contrario, evidencia la intensidad y extensión de la violencia estructural que padecemos los venezolanos día a día.
¿Qué es la violencia estructural?
Siguiendo los planteamientos de Galtung (1998) y Baratta (2004), la violencia estructural es la injusticia social, la represión de necesidades reales y por tanto de derechos humanos. Es la forma general de la violencia en cuyo contexto, directa o indirectamente, encuentran su fuente, en gran parte, todas las otras formas de violencia. La violencia institucional es la que es llevada a cabo por un órgano del Estado, un gobierno, el ejército o la policía. La violencia institucional es un instrumento de reproducción de la violencia estructural. Esta característica, lamentablemente no es novedosa ni exclusiva de la Venezuela actual, la interrelación entre violencia estructural e institucional ha estado presente en nuestra historia, lo se observa es un agravamiento de ambos fenómenos producto de la crisis económica, social e institucional que estamos viviendo.
Finalmente, lo más básico y elemental, si en el país hay cada vez menos personas respecto a los años anteriores, se supone que la cantidad de muertes debería ser también menor. Sin embargo, aquí sí hay una excepción, tal como ya se ha explicado: las muertes en manos de las fuerzas de seguridad no disminuyen.