Si alguien debería estar preso en Venezuela ese es Juan Guaidó, quien ha cometido todo tipo de delitos contra el ordenamiento jurídico venezolano. Este sujeto ha usurpado funciones de presidente de la República y de presidente de la Asamblea Nacional, ha dispuesto de los activos de Venezuela en el exterior como CITGO en Estados Unidos y Monómeros en Colombia, por lo cual hemos perdido miles de millones de dólares, así como ha permitido que otras naciones se hayan aprovechado de su apoyo para robarnos nuestros activos en el exterior. Ha invocado en varias oportunidades la necesidad que fuerzas extranjeras intervengan en nuestro país (lo cual le hace un traidor a la Patria), se alió con gobiernos enemigos de Venezuela cuando se intentó hacer pasar por la vía violenta la falsa ayuda humanitaria e intentó dar un golpe de estado el 30 de abril del 2019, todo lo cual en plena flagrancia, asumida por él mismo como responsable de esas acciones.
La respuesta del estado venezolano ha sido no tocarlo "ni con el pétalo de una rosa" y lo que más se ha hecho es abrir averiguaciones y mofarse de sus "metidas de pata" mediáticas. Pero desde el punto de vista de la aplicación de la justicia no se ha hecho nada. La Fiscalía (Tareck William Saab), el Tribunal Supremo de Justicia (Maikel Moreno), el Poder Ejecutivo (Nicolás Maduro), la Asamblea Nacional Constituyente (Diosdado Cabello) y hasta la Contraloría General de la República están aplicando la política de "laissez faire, laissez passer" con ese tipo quien se aprovecha de la situación, sabiendo el apoyo directo que tiene del gobierno gringo para seguir cometiendo todo tipo de tropelías, creyéndose plenamente impune. Sólo por el delito de traición a la patria, contemplado en el Capítulo 1, artículos 128 al 133 del Código Penal Venezolano, pudiese aplicársele una pena de 30 años de presidio sin derecho a gozar de los beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena.
Traigo esto a colación para tratar el asunto de los jóvenes gerentes de PDVSA Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, detenidos por la DIGECIM y expuestos al escarnio público en una rueda de prensa del ministro del Interior Néstor Reverol, quien los acusó (y prácticamente sentenció) por Traición a la Patria y otros delitos. En ese acto público se violaron toda una serie de instrumentos jurídicos de nuestra legislación penal y de la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que hay la presunción de inocencia de las personas hasta que se les realice un juicio y se les sentencie como culpables de manera definitivamente firme.
Este 28 de abril se cumplen dos meses de la detención de estos ciudadanos venezolanos, larenses como yo y con una trayectoria política revolucionaria, al igual que los grupos familiares de ambos. No vamos a plantear una defensa pública del caso ya que no conocemos los intríngulis del mismo, ni podemos plantear una solidaridad automática. Pero si hemos sido impactados por las declaraciones de las madres de ambos, sus familiares, la movilización de amigos y camaradas de viejas luchas exigiendo Justicia en el caso de Alfredo y Aryenis. Cuesta creer realmente que estos jóvenes con esas trayectorias, principios y valores sean responsables de lo que se les acusa.
Lo que sí podemos exponer es que la justicia debe actuar con toda transparencia y que la verdad se abra paso. También se deben investigar las denuncias que familiares de los detenidos han realizado como son las supuestas torturas a las que han sido sometidos, cuestión que sería inadmisible tanto en éste como en otros casos. Ver en este sentido, la carta que sus familiares enviaron como réplica en el programa "Vladimir a la 1", para desmentir lo que el Fiscal Tareck William Saab había afirmado de que ellos se habían declarado culpables, así como también denunciar torturas realizadas contra ello en la cárcel donde se encuentran en la actualidad. https://www.facebook.com/vladimirvillegasp/videos/225084475417638/
De allí que invoquemos que en este caso se debe cumplir lo establecido en nuestra Constitución, en sus artículos 44, 46 y 49 que tiene que ver con el derecho de las personas en materia penal y civil.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 21 que "Todas las personas son iguales ante la ley". Por ello consideramos que el estado venezolano y sus instituciones deben actuar por igual ante los casos de Juan Guaidó, por una parte y de Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba por el otro. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda de nuestra Patria. Que se haga Justicia es lo que exigimos, ya que el propio Chávez y Nicolás Maduro han planteado reiteradamente que "SIN JUSTICIA NO HAY PAZ"