Como comentamos en la primera entrega de esta serie de cuatro artículos, a mediados de febrero conversamos con Ayelén Oliva para el podcast de Nueva Sociedad "¿Qué pasa?", la última pregunta de la entrevista, luego de hacer un recorrido panorámico sobre la violencia estatal, fue la siguiente: ¿Cuál es la forma de organización civil armada de los grupos opositores al gobierno? Es de advertir que en ese momento no habían ocurrido los hechos conocidos como "Operación Gedeón" o "Macutazo", razón por la cual la respuesta que presentamos ha tenido algunos ajustes, para actualizarla dado los más recientes acontecimientos.
Actualmente no se conocen grupos armados opositores al gobierno, más allá de la chapuza que llamó la atención del debate público sobre Venezuela durante el mes de mayo, que escogió como escenario las playas de Macuto, y que tuvo un componente esencialmente foráneo y crematístico. Incluso, más allá del tema armado, es difícil afirmar que exista una oposición orgánica y unificada dentro del país.
Podemos intentar hacer un ejercicio hacia atrás para explorar la intencionalidad de esta pregunta, elaborada desde un espacio internacional, entendida como ¿Cuál es la resistencia armada contra el gobierno dentro del territorio nacional?
La respuesta sería, en la actualidad no hay ninguna conocida. A menos que se quiera explorar lo ocurrido en el marco de algunas manifestaciones muy minoritarias que fueron violentas, durante 2014 y 2017. Esto debe abordarse con cuidado para no meter en el mismo saco manifestaciones multitudinarias pacíficas y la de grupos foquistas que fueron claramente violentos, y dentro de estas últimas tampoco debemos generalizar. Entonces hay que tener cuidado con no criminalizar las protestas legítimas que se dieron en esos dos años.
Hecha esta advertencia, sí se podían identificar algunos grupos muy reducidos, sobre todo en 2014, de jóvenes con indumentaria que no es accesible a las clases populares en Venezuela, cascos, lentes, guantes, equipos protectores, así como entrenamientos básicos y capacidades de respuesta en desórdenes callejeros, en los que posiblemente militares, policías retirados o viejos guerrilleros hayan dado algunas orientaciones. Esto podría darse también de manera espontánea, pero en algunos casos se podía observar apoyo logístico no improvisado. También en algunos casos usaron a chicos en condición de calle para enfrentar a la policía y participar en manifestaciones violentas. A este tipo de actores el discurso oficial los señalaba como agentes del imperialismo.
La pregunta sería, a modo de provocación ¿Se podrá hacer el mismo señalamiento a las protestas de Chile o Colombia? En estos eventos siempre hay diversidad de actores en el juego, pero así como no se les debe adjudicar al gobierno de Maduro y a los cubanos la autoría de las protestas legítimas ocurridas el año pasado en Ecuador, Chile y Colombia, tampoco se le puede adjudicar a los EEUU las protestas en Venezuela. Eso es un profundo irrespeto y desprecio hacia a los pueblos, esto no significa que estos países no colaboren ni promuevan algunas acciones, pero lo determinante en estas expresiones lo tienen los ciudadanos que ponen el pecho en estos eventos.
También se han observado casos aislados de personas que dispararon en contra de las fuerzas de seguridad, colocaron alcabalas o alambres que ocasionaron muertes y accidentes. Así, por ejemplo, en 2014 murieron 43 personas, en al menos cuatro casos la responsabilidad fue de las fuerzas de seguridad, en 25 se denuncia la participación de civiles armados que atacaron a los manifestantes, 10 de las víctimas eran funcionarios policiales.
Esto contrasta considerablemente con lo ocurrido en 2017, donde hubo 163 fallecidos –cuatro veces más que en 2014-. Dos de estas personas fueron linchadas por manifestantes identificados con un sector de la oposición, con claros prejuicios racistas y clasistas, lo que fue utilizado por el gobierno hasta el día de hoy para criminalizar a toda la oposición e invisibilizar las muertes ocasionadas por la policía. Cuando analizamos la violencia letal ocurrida en estos hechos, contamos al menos una víctima por cada día de conflicto, el 37% de los fallecidos fue responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado, otro 22% por civiles armados que atacaron a los manifestantes. En contraste, fallecieron siete funcionarios, lo que representa apenas el 4% de las víctimas totales.
Así llegamos a las protestas de enero de 2019, ocurridas entre los días 21 y 29 de enero, que de los tres eventos son en las que hubo una mayor participación de los sectores populares, el saldo fue de 45 personas fallecidas, es decir, unas seis personas diarias. No se conocen bajas por parte de las fuerzas de seguridad. Lo que podemos observar entonces es que en la medida que pasa el tiempo pareciera que la resistencia coyuntural, circunstancial, contingente, de los manifestantes es respondida de una manera cada vez más letal y sistemática por parte de las fuerzas de seguridad, que cuando no hay protestas, usan como globo de ensayo, como campo de entrenamiento, a los barrios populares.
Ya en otro nivel, la resistencia armada opositora emblemática fue la que llevó a cabo el funcionario policial, miembro de las fuerzas especiales del CICPC, Oscar Pérez, durante 2017 con acciones foquistas, más de carácter propagandístico que bélico, en las que no se conocen saldos fatales. Se denuncia que su grupo, conformado por unas seis personas, luego de informar su rendición por RRSS, fue ejecutado en enero de 2018, hay evidencias forenses que fueron públicas que así lo sostienen. Todo apunta a que fue una simulación de enfrentamiento. Luego de la muerte de estas personas se desató una ola de detenciones que pasa la cifra de 30 privados de libertad, algunos de ellos sólo son familiares o conocidos de los fallecidos.
Por otra parte, hay cientos de militares detenidos acusados de conspiración, en condiciones de reclusión deplorables, sus abogados y varias ONG denuncian torturas y malos tratos en su contra. Entre los casos más emblemáticos están el del Capitán Caguaripano y el Capitán de Corbeta Acosta Arévalo, este último muerto bajo custodia de la inteligencia militar (DGCIM), que se convierte en el quinto caso de presos políticos que mueren en este tipo de circunstancias.
Finalmente, es importante destacar que uno de los primeros instrumentos normativos emanados de la ANC fue la Ley Contra el Odio, en la que se criminaliza la protesta, así como toda manifestación disidente en contra del gobierno o sus funcionarios. Es la ley que se le aplica, entre otras, a cualquiera que se atreva a hacerle un escrache a algún funcionario público o a sus allegados.
Ese es el panorama general sobre la resistencia opositora en términos de poder bélico ante el gobierno, no hay forma de hacer una equiparación entre las fuerzas de la oposición, casi inexistente desde el punto de vista orgánico y unitario dentro del país, respecto a la hegemonía bélica que tiene actualmente quienes controlan el aparato del Estado.