Condiciones simbólicas para politicidios en Venezuela
La detención arbitraria de Nicmer Evans
Por: Omar Vázquez Heredia
Domingo, 19/07/2020 11:58 AM
En su obra, “Marcos de guerra. Las vidas lloradas”, la intelectual feminista Judith Butler, con el uso de la metáfora de la fotografía, ha realizado aportes analíticos fundamentales para pensar la negación absoluta del otro en la lucha política, en contextos políticos que tienen características bélicas, concretas o simbólicas.
En sus palabras, el ejercicio de la violencia política por el Estado y organizaciones armadas irregulares implica la construcción de marcos de conocimiento donde se establecen vidas llorables y no llorables, vidas con derecho a duelo o no, vidas o no vidas. Ese enmarcamiento depende de disposiciones ideológicas, éticas y afectivas que justifican el ejercicio de la violencia política sobre vidas que no son llorables, que no son reconocidas como vidas, porque son vividas por sujetos reprimibles significados a partir de un conjunto de cualidades, que pueden ser raciales, sociales, políticas, económicas y religiosas.
Por ejemplo, antes, en la conquista de América, y ahora en la colonización del llamado Arco Minero del Orinoco, los Estados y las organizaciones armadas paraestatales han ejercido la violencia política sobre los cuerpos de los pueblos indígenas, porque eran vidas sin derecho a duelo y no llorables; deshumanizadas, como partes de la naturaleza. Esto, como una expresión del antropocentrismo moderno-colonial propio de los Estados en el inicio y desarrollo de la modernidad capitalista, que implica controlar a la naturaleza para su explotación; y los pueblos indígenas eran y son significados como “naturales” que se pueden sacrificar, en aras de satisfacer las demandas del mercado mundial capitalista y la obtención de ganancias por las viejas y nuevas clases dominantes.
Contexto
Desde el año 2016, el gobierno autoritario de Nicolás Maduro estableció un estado de excepción permanente que suspendió la vigencia de la constitución y la ley, con el cierre de facto de la Asamblea Nacional (AN), la transformación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en un órgano con competencias parlamentarias, y la imposición sin consulta popular previa de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), una institución supraconstitucional y supralegal.
El estado de excepción permanente consolidado con la ANC, es la esencia del régimen político autoritario de Nicolás Maduro para conservar el poder del Estado, con el respaldo de los altos mandos militares y policiales del Estado. La ANC tiene casi tres años y no ha promovido una nueva Constitución, en realidad se ha dedicado a: 1.- Legislar normas jurídicas para criminalizar a la protesta popular y disidencia política como la ley constitucional en contra del odio, y para entregar preferencias fiscales al capital transnacional con la ley constitucional de inversiones extranjeras; 2.- Permitir a Nicolás Maduro y a su gobierno aplicar decretos jurídicos inconstitucionales e ilegales que eliminan los contratos colectivos de la clase trabajadora como el memorando 2792 del Ministerio del Trabajo y benefician al capital con exoneraciones tributarias y arancelarias; 3.- Amenazar con su revocación a cualquier posible autoridad política electa para dirigir las instituciones del poder constituido del Estado, porque se ha atribuido una condición plenipotenciaria como expresión del poder constituyente del pueblo, aunque es una institución convocada por Maduro.
¿Para qué se participa y gana una elección presidencial o parlamentaria cuando la ANC puede revocar ese resultado con el respaldo de las autoridades militares y policiales del Estado? Por eso, la mayoría de la población venezolana se ha abstenido en los últimos eventos electorales orquestados desde Miraflores, entiende que la única forma de recuperar las libertades democráticas y derechos políticos implica la derogación de la ANC, y eso solo es posible derrotando al gobierno de Maduro y la cúpula militar con una masiva, coordinada y permanente movilización popular.
Posición política y vidas no llorables: condiciones simbólicas para politicidios
Por lo tanto, en la actual Venezuela, vivimos en un contexto político que tiene características bélicas como dimensión simbólica, con la definición por el gobierno de Nicolás Maduro de la población venezolana que protesta por libertades democráticas y reivindicaciones concretas como salario igual a canasta básica o acceso a servicios públicos, como un enemigo interno subordinado a los intereses de una potencia extranjera, los Estados Unidos (EEUU). Según la retórica oficial, análoga a la inscrita en la Doctrina de Seguridad Nacional, los integrantes de la mayoría opositora del país somos unos “traidores a la patria”, sin importar nuestra posición política y responsabilidad penal o administrativa de carácter individual, en la promoción de repudiables sanciones, confiscaciones y apropiaciones de bienes del Estado venezolano por EEUU y altos dirigentes de la oposición de derecha, desde agosto de 2017. Para el chavismo oficialista, los opositores somos vidas no llorables, vidas sin derecho a duelo, que no deben doler, porque como agentes al servicio de un Estado extranjero estamos en contra de la patria, encarnada en Nicolás Maduro.
Pero, también, sectores reaccionarios de la oposición de derecha en sus definiciones programáticas establecen la exterminación militar del chavismo oficialista y disidente, y por eso en vez de apostar a la movilización popular promueven una aberrante intervención armada extranjera en su propio país. Desde nuestra perspectiva, el chavismo como movimiento nacional-populista debe ser derrotado en términos políticos, demostrar sus rasgos autoritarios propios de una lógica política castrense de mando-obediencia y su uso del Estado para crear una nueva fracción de la burguesía venezolana, mediante la administración y profundización de las características del capitalismo dependiente y extractivista de Venezuela. Sin embargo, nos oponemos de manera tajante a la aniquilación militar del chavismo y al asesinato en masa de chavistas, como proponen alegremente en las redes sociales dirigentes y simpatizantes opositores. Según ellos, los chavistas son vidas no llorables, y no tienen derecho a duelo, y por ende son no vidas. En realidad, las responsabilidades políticas o penales y administrativas son de carácter individual, y cada jerarca, militante o simpatizante chavista tendrá que ser juzgado en caso de su participación en hechos punibles como individuos incursos en violaciones de libertades democráticas y derechos humanos y/o corrupción.
La detención arbitraria y condenable de Nicmer Evans, imputado por un delito tan abstracto, general y aberrante como instigación al odio, muestra que los exchavistas somos el sector más significado en tanto vida no llorable, una no vida, sin derecho a duelo. Somos seres desechables y aniquilables tanto para el chavismo oficialista como para sectores importantes de la oposición de derecha. Los primeros, nos piensan en tanto doblemente traidores a la patria y los segundos nos esencializan en la identificación política chavista. Entonces, según su interpretación, tenemos responsabilidad política, penal y administrativa en los crímenes cometidos por individuos miembros de las direcciones del bloque gubernamental chavista y la oposición de derecha; que por cierto no son equiparables, porque el gobierno de Maduro ejerce la violencia política desde el Estado.
El entrecruzamiento de marcos de conocimiento donde una parte mayoritaria o minoritaria de la población venezolana es significada como vidas no llorables, que su muerte no es merecedora de generar dolor, es un contexto político donde hay condiciones simbólicas propicias para el desarrollo de politicidios ejecutados en el presente o futuro por el aparato del Estado venezolano. En palabras del académico Eduardo González Calleja, el politicidio son los asesinatos individuales o masivos que sufren un grupo de personas solo por su adscripción política. La forma de desmontar el presente contexto político, que crea condiciones simbólicas para politicidios es distinguir por un lado las responsabilidades políticas y en el otro lado los delitos penales, institucionales y administrativos, y asumir que esos delitos solo son juzgables de manera individual.