Publicada la semana pasada la primera parte de este trabajo, algunos viejos amigos, inoculados por la peste de la cultura extremista, me escribieron indignados, argumentando que yo pretendía "exculpar" a Maduro. Sirva este resumen con que le repliqué a uno de ellos, para recapitular y avanzar a la parte II:
Escribí explícita y vehementemente:
• Que aquí se violan masiva y sistemáticamente los ddhh.
• Que el Estado es responsable de su violación, y que por tanto Maduro, Cabello y Padrino tienen una incontestable responsabilidad política y son incluso responsables de inexcusable negligencia criminal, como señalaré más abajo.
• Que esa violación se ha exponenciado a causa del descuadernamiento institucional y la falta de independencia de los Poderes Públicos.
• Que los ministros de Interior son responsables directos de las ejecuciones durante las OLPs (allí se habrá leído que los denuncié en Fiscalía en 2016), pues fueron suyas las órdenes operativas que las activaron en cada caso.
Ahora, si lo que se quiere es que yo diga que Maduro, Cabello y Padrino son culpables de delitos de lesa humanidad, no lo puedo decir porque NO ES VERDAD.
Curiosamente, a algunos no les basta que éste sea el peor gobierno de nuestra historia, que Maduro sea responsable junto con otros del hambre, la devastación económica y social, la destrucción de los servicios públicos, la quiebra de la industria petrolera, y un largo etcétera de penurias y calamidades, y requieren exagerar, siempre exagerar. No les interesa la verdad. Lo que quieren es crear tal grado de censura al régimen madurista que pueda pretender justificarse una acción militar multilateral (incluso saltándose al Consejo de Seguridad, como fue el caso de Irak) contra el país.
Terminemos de revisar, por una parte, el informe presentado por la Misión independiente de Determinación de Hechos creada por el Consejo de DDHH de la ONU en septiembre de 2019. Y, por la otra, examinemos en lo que cabe el informe gubernamental llamado Contra la Infamia.
Es cierto que el informe de la Misión está plagado de generalizaciones e imprecisiones, pero no cabe la menor duda de que pone de relieve hecho ciertos: crímenes de muy diversa naturaleza y protuberantes violaciones a los derechos humanos. Que cometa errores de todo tipo, como llamar Defensor de los DDHH al Defensor del Pueblo o afirmar que la GN comenzó a ser parte de la F.A. sólo a partir de 1998, o llamar Viceprocuradora a la Vicefiscal (cargo que, si no me equivoco, tampoco existe); que sea dolosamente impreciso en la narración de los hechos, como obviar que el vuelo del helicóptero sobre el TSJ bajo órdenes de Oscar Pérez, formaba parte de un ataque armado contra esa institución; que sea excesivo el uso que hace de fuentes mediáticas indirectas; que ninguno de sus señalamientos se haga con base en los informes de la delegación que in situ la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene radicada en Caracas (por ejemplo, que no haya solicitado los manuales operativos de la GN y de las FAES que el gobierno entregó a esa delegación); que a veces el tono muestre un sesgo claro (como agregar ¡un alias! al nombre de un director de las FAES, o decir "delincuentes con uniforme" como un hecho, sin previa prueba); que se reduzca el concepto de "colectivos" a algunos grupos armados y que no haga referencia a que la inmensa mayoría de ellos tiene pacificas labores sociales y culturales de muy diversa naturaleza; que se llame "grandes manifestaciones populares" a las de 2014, que no lo fueron; o que a propósito de las muertes que se produjeron con ocasión de las protestas de 2014 y 2017 no se mencione que la mitad de ellas en el primer caso y casi la mitad en el segundo fueron causadas por manifestantes violentos o a causa de las manifestaciones (y a las cifras me remito); nada de esto disminuye, como parecen querer hacer ver los voceros oficiales, la gravedad de lo que allí se denuncia.
Se ha criticado que el informe repita la expresión "Motivos razonables para creer", pero un informe como éste, que no es una investigación penal, tiene que basarse en lo que nuestro antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal definía como "deducción vehemente del juez". Esos "motivos razonables" se basan en la coherencia de numerosos testimonios, en prácticas habituales de los cuerpos de seguridad, en la referencia de lugares y actores. De hecho, el mismo Informe aclara que "Las conclusiones de la Misión no equivalen a una condena penal y la información que se presenta aquí es, en la mayoría de los aspectos, inferior a la que se necesita para lograr una condena penal".
Durante los '90, quien suscribe fue defensor activo de los derechos humanos. Sé, por experiencia propia, que buena parte de las prácticas denunciadas son de inveterada presencia en nuestros cuerpos de seguridad, así que leyendo los testimonios y las informaciones presentadas en el Informe de la Misión, considero creíble la narración que se hace de crímenes como la tortura (práctica generalizada y sistemática: golpes, encadenamientos, descargas eléctricas, ambientes exageradamente fríos, luz artificial permanente, amenazas, incluida la sexual), de la que es emblema el caso del capitán Acosta Arévalo, o como los tratos crueles y degradantes (por ejemplo, desnudez forzada para requisas). Igualmente, sé que es cierta la recurrente violación del debido proceso, los retardos judiciales (que serían intolerables en un marco de resguardo de los derechos humanos), la aplicación de justicia militar a civiles, o la flagrante violación de inmunidad parlamentaria.
¿Quién duda de que se cometen ejecuciones (mal llamadas extrajudiciales en Venezuela, pues desde que a fines del siglo XIX aboliéramos la pena de muerte, toda ejecución lo es) y muertes durante los operativos de seguridad? He escuchado algunos testimonios de los familiares de las víctimas con ocasión de las equívocamente bautizadas como Operaciones de Liberación del Pueblo, y son incontestables los abusos de todo tipo que durante su ejecución se cometieron. Estas acciones recuerdan a la incorrecta decisión adoptada el 27F de invadir los barrios para rescatar lo saqueado, y sus detenciones masivas, a las redadas que con base en la terrible Ley de Vagos y Maleantes se solían llevar a cabo en los barrios de Caracas antes de 1998. El Informe detalla pormenorizadamente algunas de estas OLPs (Cota 905 2015, Santa Rosa de Agua Zulia 2015, El Valle 2016, Barlovento Miranda 2016, entre otras). Desde que fueron suspendidas las OLPs, entraron en acción las FAES de la Policía Nacional, que han cometido un mayor número de violaciones a los derechos humanos. Comparto el señalamiento de acuerdo al cual "Los mandos militares o superiores políticos: 1) sabían que se estaban produciendo asesinatos y detenciones durante las operaciones y 2) sabían o aceptaban la alta probabilidad de que se produjeran estos actos fuera del marco de la ley"; "las autoridades no adoptaron las medidas adecuadad para prevenirlos o reprimirlos"; "En lugar de aplazar, suspender y reformar significativamente las operaciones, las autoridades siguieron despachándolas...". Es la mayor acusación contra el más alto gobierno que se emite en el informe: es decir, una participación indirecta.
Miles de muertes causadas a la población civil con muy pocas bajas por parte de los cuerpos de seguridad, ponen en evidencia que se trata en una porción muy significativa de ejecuciones y no de "enfrentamientos", como las autoridades policiales han querido hacer creer. Como hemos señalado más arriba, la violación a los derechos humanos se ha exponenciado a causa del descuadernamiento institucional y la falta de independencia de los Poderes Públicos: sin controles, sin interpelaciones ni investigaciones parlamentarias de ningún tipo, criminalizadas de antemano las ongs de derechos humanos, interferida y desacreditada la denuncia a través de los medios de comunicación, siendo subalterna la condición de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo respecto del Poder Ejecutivo, parece haberse dado carta blanca a los jefes policiales para actuar con impunidad.
El Informe de la Misión no establece ninguna responsabilidad penal. Así lo dice explícitamente al final de sus más de 400 páginas. Por lo que no es verdad que allí se acuse de modo directo a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino de delitos de lesa humanidad. Insisto y subrayo: a mi modo de ver, de ese informe puede establecerse sí su responsabilidad política y su negligencia criminal al, por ejemplo, haber permitido que 143 acciones de las OLPs durante el primer semestre de 2016 (según se señala en el Informe) se hiciesen sin protocolos de procedimiento o que habiendo recibido o conocido numerosas denuncias públicas (en particular contra la PNB-FAES, el SEBIN, el CICPC y el DGCIM), en vez de adoptar medidas de investigación y de control, antes por el contrario se felicitara y encomiara a los cuerpos de seguridad y a sus autoridades en elocuentes y solemnes alocuciones públicas. Creer que puede ser prueba de la participación directa de Maduro, Diosdado y Padrino en crímenes de lesa humanidad que un magistrado que no lo es (Ángel Zerpa), o un militar (Cristopher Figuera), o un fiscal (Franklin Vivas), o un familiar de alguna víctima (Steyci Escalona), dijera que a su vez escuchó decir a un funcionario que dijo que las órdenes se recibían directamente de parte de ellos, no me parece serio. Más podría serlo su auto-pregonada participación en el puesto de mando de las OLPs, que el Informe por contrario no investiga en detalle. Tal vez sea cierto, como se dice en el Informe, que el Presidente y el Vicepresidente "no previnieron los crímenes y violaciones, ni los sancionaron" a tiempo, pero eso dista mucho de la responsabilidad por crímenes de lesa humanidad. Tanto es así, que de la influencia de Diosdado Cabello en las acciones de los cuerpos de seguridad, se dice en el Informe que "merece una mayor investigación". Lo más que se menciona son aseveraciones como que el DGCIM le "reporta al Presidente", o que la Misión cree que Maduro "tenía conocimiento de las violaciones cometidas en el DGCIM (...) y no ha adoptado las medidas necesarias para impedir que se produzcan". Pero luego cuando se señala que se tiene "...información fidedigna de que (Nicolás Maduro) participó directamente, ordenando o instigando determinados actos delictivos", no se emite una sola prueba a este respecto. De hecho, el Informe subraya que "Es necesario seguir investigando la trasmisión de información entre el nivel operacional y las autoridades de alto nivel (...) para determinar si las autoridades de alto nivel sabían o debían saber que se estaban cometiendo o a punto de cometer crímenes" como asesinatos y ejecuciones durante las OLPs y las protestas.
El contra-informe presentado por el gobierno, también deja mucho que desear.
Una tercera parte está ocupado por el desarrollo de un discurso meramente político contra la oposición extremista y la continua agresión externa contra el Estado venezolano, intentando probar que los actos de violencia causados por la línea insurreccional seguida por una parte de la oposición, crearía un entorno propicio para la violación masiva de los derechos humanos. Así, se parte de un juicio de intención acerca del otro informe, a cuyas inconsistencias dedica un sexto del contra-informe.
Un sexto adicional está dedicado a la exposición sobre la Constitución y las instituciones atinentes a la materia, todo lo cual no es sino una referencia teórica, es decir, mención de eso que algunos han llamado la constitución de papel y no la constitución real que hablaría de cómo poco de lo que se dice en aquélla se verifica en ésta. Por ejemplo: que se hable de empoderamiento del pueblo, cuando todos conocemos la interferencia estatal-partidista que hay en los espacios de supuesta participación popular; o que se proclame aún que se está disminuyendo la pobreza, cuando sabemos del hambre, la desnutrición infantil, la destrucción del salario real de los trabajadores, etc.: en fin, el largo anecdotario de la retórica oficial.
Casi puedo decir que comparto lo que allí se dice cuando se impugna la violencia insurreccional impulsada por la oposición extremista durante el año 2017, pero para que ese señalamiento tenga credibilidad, habría que establecer que su principal caldo de cultivo fue la indignación frente al bloqueo del revocatorio, hecho inconstitucional y antidemocrático ejecutado por las más altas autoridades del gobierno.
De la pagina 79 a la 96, el contra-informe se ocupa de la pretendida "reforma policial", que no es sino otra normativa teórica, de poca consecuencia práctica, como se ha visto.
Es sólo a partir de la página 96 (es decir, 16 páginas de las 112 que tiene) que hay referencia y admisión así sea indirecta a violaciones a los derechos humanos al hacerse mención al trabajo de la Fiscalía. Celebro que de 2017 a 2020, 600 funcionarios del Estado hayan sido imputados (25 % PNB-FAES, 27 % policías estadales, 7 % Ejército, 41 % otros cuerpos de seguridad). Pero a juzgar por los hechos, no luce suficiente.
En fin, pues, que se trata de dos informes que sólo ofrecen dos medias verdades. Al centro de ellas está la cruda realidad a la que día a día nos confrontamos los venezolanos, una en la que, a causa de las políticas públicas de un mal gobierno y también de las agresiones externas propiciadas por un sector extremista de la oposición, se sufre una masiva y sistemática violación de los derechos humanos, no sólo ésa que causan los cuerpos de seguridad del Estado cuando ejecutan y torturan, sino la que proviene de las restricciones de los derechos políticos y civiles cercados por una cultura autoritaria y militarista que se promueve desde el poder, y en particular la que se expresa en el hambre, la destrucción del salario real de los trabajadores (y por tanto de las pensiones), las enfermedades sin cura, y la devastación de servicios publicos vitales como los del suministro del agua, de la electricidad y del gas.
Venezuela se merece un destino en que se haga realidad la afamada consigna enarbolada por Amnistía Internacional: todos los derechos para todos. Se requiere para ello una democracia moderna, con instituciones fuertes, y una economía productiva que cree la riqueza necesaria ara lograr el desarrollo con justicia social y progreso para todos. Y de un movimiento político que se defina fundacionalmente por la defensa de los derechos humanos. Es posible, perfectamente posible hacerlo. Los venezolanos tenemos la palabra.