"El tribunal de justicia transicional (TJT) encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante la guerra ha imputado a la cúpula de la extinta guerrilla de las FARC por una serie de delitos asociados con el secuestro, una de sus prácticas más crueles y repudiadas."
La nota anterior, como demuestra el link colocado de seguidas, aparece en el diario madrileño "El País", en su edición de hoy, jueves 28-01-20.
En la misma nota se dan algunos de los nombres de quienes han sido objeto de esa decisión, la que les podría llevar a la cárcel por unos cuantos años. Y entre esos están, "Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, presidente del partido recientemente rebautizado como Comunes, así como Julián Gallo –conocido como Carlos Antonio Lozada– y Pablo Catatumbo, quienes ocupan dos de los diez escaños que tiene la organización en virtud de los acuerdos. También figuran Pastor Alape, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez, Jaime Alberto Parra –'El médico´– y Bertulfo Álvarez –quien falleció de cáncer este miércoles–."
Desconocemos, pues la nota no dice nada al respecto, si en la legislación colombiana, de los nombrados, aquellos que ocupan los cargos representativos en el congreso, pudieran alegar impunidad o no. Pero en todo caso, no sería esto el motivo de este trabajo, porque tampoco es lo fundamental, sustancial.
Según la nota del diario que citamos, "Eduardo Cifuentes, quien preside la JEP (Junta Especial para la Paz), "El acuerdo de paz supuso la entrega de las armas, pero igualmente obliga la entrega de la verdad". Pero también enfatizó que "las graves infracciones al derecho internacional humanitario equivalen a crímenes de guerra."
También se resalta en la nota, como quizás por eso de la obligación a entregar la verdad, el secretariado de FARC declaró, "El secuestro sólo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad". "Hoy día entendemos el dolor que les causamos a tantas familias, hijos, hijas, madres, padres, hermanos y amigos, que vivieron un infierno esperando tener noticias de sus seres queridos".
Personalmente, desde una perspectiva humana, le doy a esta "confesión" un enorme valor, porque pudiera servir para que reflexionemos acerca de la trascendencia que implica la lucha armada, la guerra, que a veces se asume como un juego o una alternativa a corto plazo, para alcanzar el poder, sin mediar el alto valor de los daños que eso pudiera causar, mayormente entre la gente inocente y a la que en veces creemos defender y proteger y difícilmente de compensar con las acciones posteriores. Sé bien que, en Venezuela, aquello se asumió en buena medida por copiar, seguir una línea, romanticismo y por mucho infantilismo, lo que en todos los casos predominó.
En la nota también se habla como la JEP, tiene pendiente la tarea de abordar aquellos asuntos, derivados del fragor de esa lucha por largos años, como la responsabilidad del Estado y, por intermedio de este, tantas personas, gobernantes, funcionarios policiales y militares, en los delitos que se pudieron cometer, como aquello de los fusilamientos colectivos e individuales sin juicio, la tortura, desaparecidos, falsos positivos. Y por tener esa tarea pendiente, según el mismo diario y nota, sabiendo todo lo que hay detrás de eso y los reiterados señalamientos hacia Álvaro Uribe y su propia persona, el presidente Iván Duque ha estado gestionando para "derogar la JEP y modificar los acuerdos."
Pese lo anterior, es como muy sospechoso y nada dignificante que la JEP y el Tribunal de Justicia Transicional (TJT), hayan comenzado por la gente de la FARC. Suponemos que, por haber sido ellos los "alzados contra la legalidad y el Estado colombiano", tengan el carácter de primeros responsables, pero eso implica el riesgo que, con posterioridad, más como lo demuestra la diligencia que realiza Duque, quienes desde el Estado cometieron los delitos que antes señalamos, terminen en el olvido, mientras los otros pagan cárcel y hasta la condena que implica la confesión y admisión de la culpa por parte de los exguerrilleros.
En Venezuela, pese la larga historia de dictaduras y gobiernos presuntamente democráticos que, violaron reiteradamente los derechos ciudadanos, humanos y hasta dejaron una larga lista de asesinatos escandalosos, como el caso del profesor Lovera y de tantos más, eso nunca ha sido castigado. Por ejemplo, que recuerde, a Pedro estrada, por nombrar a alguien, quien de repente tiene pocos dolientes, nunca el Estado se ocupó de imputarle y por tanto tampoco se solicitó a país alguno donde vivió hasta morir, lo extraditase.
Quizás, por haber sido los exguerrilleros, los primeros en confesar los tantos daños que causaron,k de acuerdo a lo convenido y habiendo entonces "delincuentes confesos", la JEP y el TJT, empezaron por ellos y esperan por quienes habría que elaborarles los respectivos expedientes y abrirles sus causas, lo que pareciera una tarea como muy ardua, pues esperar de ellos atiendan a lo de "entregar la verdad", es más que una fantasía. De donde se corre el riesgo que, por aquellos hechos bochornosos, terminen pagando solamente quienes no tuvieron quienes les protegieran y menos encontraron caminos sinuosos y siniestros por donde escaparse y, lo que es más, los otros, del bando contrario, hasta sigan apareciendo como personas honorables en la sociedad colombiana y en la comunidad internacional. Y de estos, como que no hace falta dar nombre porque son como demasiados conocidos, pero sin expedientes en los tribunales y menos jueces dispuestos a cobrarles sus delitos.
"La guerra es mala", la violencia es por demás dañina y contraria a la íntima condición humana. Eso implica necesariamente la destrucción del opuesto, lo que empieza por pensar distinto.
En toda guerra los factores en pugna, de una manera u otra se exceden. La justicia, el valor inherente a una causa no justifica excederse, aplicar sanciones indebidas, como asesinar o violar derechos del vencido. Nada explica ni le da validez a la tortura, la ofensa e irrespeto a la dignidad del contrario y menos si es prisionero. Si la sociedad, el Estado, te garantiza, tus derechos para hacer valer tus razones, más si ellas son las mismas de la mayoría del colectivo, según el razonamiento de cada quien, no se justifica apeles a la violencia y el atemorizar a los demás.
En Venezuela, por tomar una referencia, desde el 2000 hasta hoy, hay muchas cosas que no se pueden ni deben olvidar. No se puede olvidar el haberle puesto una bomba al carro de un funcionario para asesinarle por el trabajo que hacía, como tampoco a quienes prendieron fuego a ciudadanos por suponerles distintos y contrarios a lo que ellos creían. No se puede olvidar a quienes arengaron multitudes para que cometieran delitos graves que llegaron a poner en peligro la vida de niños en la escuela inicial. A quienes han estado incitando a los venezolanos a la guerra y todavía en eso continúan. Menos a quienes se robaron fortunas e intentan salvarse dándole a eso un disfraz de político o acto derivado del accionar en ese mismo campo. Como tampoco a quienes, habiendo cometido delitos comunes, se amparan en la figura de "político perseguido por el régimen o la dictadura", para evadir sus responsabilidades. Y sería larga la lista e innecesario continuar explayándola porque el lector bien la conoce.
Como tampoco se puede olvidar al funcionario del Estado que, valiéndose de su poder y la autoridad de la que está investido, violó los derechos humanos de los detenidos por una razón u otra. Como a los conocidos y cansadamente denunciados por extorsión continuada.