La relatora de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Alena Douhan, ofreció una rueda de prensa, que duro más de dos horas, para compartir la evaluación preliminar ante la visita realizada al territorio venezolano, para evaluar los efectos del bloqueo impuesto por Estados Unidos, contra Venezuela. Donde la prensa libre y la canalla mediática de Elliott Abrams. Trataron de tergiversar y sabotear la presentación del informe, pero se consiguieron con una funcionaria muy segura de lo que decía, no queda duda, la representación de Donald Trump y de Elliott Abrams quedaron muy mal parada en la rueda de prensa, dio pena ajena las preguntas que hicieron, su objetivo era dejar la imagen en el mundo, que el responsable de la crisis humanitaria de Venezuela, es el gobierno del Presidente Nicolás Maduro y que la Casa Blanca, nada tenía que ver con la crisis humanitaria que sufren los venezolanos
Alena Douhan resalta que las medidas unilaterales aplicadas contra Venezuela, sus instituciones y activos en el extranjero, violan los derechos internacionales, así como violan los derechos del país, para responder ante las necesidades de un pueblo que sufre las consecuencias del bloqueo aplicado por EEUU y sus aliados europeos. La relatora internacional, destacó con preocupación la restricción en el acceso a los repuestos necesarios para restablecer el funcionamiento de maquinarias, vinculadas al sistema de agua y electricidad, deriva en efectos negativos dentro de las prácticas de supervivencia. Aseo, alimentación, cuidados personales y en el sistema de Salud nacional. El informe final se presentará en septiembre del 2021 ante el Consejo de Derechos Humanos (DD.HH.) de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Yo no he parado de recopilar y evaluar materiales, afirmó la alta funcionaria del organismo internacional.
Durante su estadía en Venezuela, Alana Douhan se reunió con funcionarios del Gobierno Nacional, de la Asamblea Nacional, del Poder Judicial y del Consejo Nacional de Derechos Humanos, así como con representantes de organizaciones internacionales y del cuerpo diplomático, sectores de la oposición y la sociedad civil. Desde el año 2014, Venezuela está bajo un esquema ilegal de sanciones económicas, comerciales y financieras, impuestas por la Casa Blanca. Esta acción que persigue la desestabilización del Gobierno Nacional, limitó significativamente la calidad de vida de los venezolanos. En particular, las medidas coercitivas unilaterales han impedido el tratamiento médico especializado de niños, jóvenes y adultos con enfermedades crónicas, dada la negativa de la banca internacional, de procesar las transacciones procedentes de Venezuela, a causa del bloqueo económico. Esta situación se acentuó con la llegada de la pandemia por COVID-19, limitando el acceso de Venezuela a medicamentos, insumos y vacunas para tratar la enfermedad infecciosa.
Más de 2.5 millones de personas sufren inseguridad alimentaria severa, no pueden adquirir los productos de primera necesidad debido a los altos costos. Ha bajado la calidad de los alimentos. Ha aumentado el trabajo infantil. El programa de distribución de alimentos (CLAP), creado en 2017, ya no cuenta con variedad de productos. A esto se suma la falta de combustible que viola el derecho a la movilización de los ciudadanos y el traslado de los alimentos y gas doméstico, que ha llevado a la gente a cocinar con leña, lo que afecta su salud. Los agresores deben levantar las sanciones contra Venezuela y sus funcionarios y descongelar los activos del país detenidos en otras naciones, como Portugal y Reino Unido. Venezuela tiene 30.000 millones de dólares congelados en el exterior, la recomendación de la relatora, es que se liberen para que se puedan obtener las vacunas contra la covid-19. Las sanciones ha congelado el otorgamiento de créditos a los empresarios, lo que obstaculiza la inversión en el país; estas sanciones violan los derechos a los venezolanos.