Tal como lo prometí en la entrega anterior, quiero referirme y hacer algunas consideraciones respecto al informe preliminar hecho público hace tres días por parte de la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, sobre la repercusión negativa de las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) en el disfrute de los Derechos Humanos en Venezuela.
Como siempre me ha caracterizado, es importante caracterizar a los actores, y en este caso a Alena Douhan, para saber las razones del por qué del pronunciamiento de esta funcionaria de Naciones Unidas, que aunque preliminar, es muy importante para nuestro país, debido a que su informe definitivo será entregado en el próximo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el mes de septiembre del presente año.
Alena Douhan es de nacionalidad bielorrusa, asumió su cargo de relatora especial el pasado 25 de marzo del año de 2020. Es profesora de Derecho Internacional en la Universidad Estatal de Bielorrusia y directora del Centro de Investigación para la Paz.
A su vez, es doctora en Derecho Internacional y Derecho Europeo, además fue vicerrectora de la Universidad Internacional MITSO en Bielorrusia (2016-2019).
Además de ello, es autora de más de 120 libros y artículos sobre diversos aspectos del Derecho Internacional y de más de 40 publicaciones relacionadas con el tema de los Derechos Humanos y que cubren temas tales como: Cuestiones de sanciones específicas y amplias; medidas coercitivas unilaterales; libertad de opinión; derecho al desarrollo; derecho a la educación; arquitectura de sanciones de la ONU creada bajo el Consejo de Seguridad de la ONU y aplicación de medidas restrictivas de la UE. Es decir, toda una especialista en la materia.
Pero lo más importante de todo esto es que, tal y como lo señaló la periodista y amiga corresponsal de RT en Venezuela, Erika Ortega Sanoja, Alena Douhan no cobró por el cumplimiento de su misión en Venezuela, cuando se estila que este tipo de misiones sean cubiertas por el gobierno del país sometido a evaluación. En este caso, más allá de los gastos propios del hospedaje, transporte y alimentación, Douhan no cobró honorarios por el cumplimiento de esta misión, que es producto del mandato de la resolución 27/21 y Corr 1 del Consejo de Derechos Humanos ONU que destaca que las medidas coercitivas unilaterales son contrarias al Derecho Internacional y al Derecho Internacional Humanitario, la Carta de la ONU y de las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados. Además, se destaca que, a largo plazo, estas medidas pueden generar problemas sociales y plantear problemas humanitarios en los Estados a los que se les aplican, como el caso de nuestro país.
En ese sentido, como activista de Derechos Humanos que soy, vicepresidente del Consejo Nacional Bolivariano de Derechos Humanos (CONABDH) quiero señalar lo que a mi juicio son los puntos más destacados del referido informe, luego de su lectura, para que tengamos conciencia de la actual situación humanitaria que afronta el país en estos instantes.
1.- La reducción del ingreso nacional en un 99% debido al bloqueo de activos del Estado y que estamos viviendo con apenas el 1% del ingreso que teníamos antes de la imposición de las políticas de asedio y persecución financiera. De igual manera, las reformas económicas implementadas por el Ejecutivo Nacional no han tenido el éxito esperado debido a esta situación que se ha traducido en un agravamiento de las condiciones de vida en el país.
2.- Una de las más importantes fuentes de ingresos del país como han sido las remesas, las mismas han sufrido una reducción importante debido al bloqueo de activos del Estado y por la complejidad en algunos casos o en la imposibilidad en otros, de la realización de las transferencias bancarias o por su prohibición.
3.- El escalamiento en las políticas de asedio y bloqueo se han traducido en la afectación de la capacidad del país para el mantenimiento de infraestructuras y mantenimiento de proyectos sociales. De acuerdo al informe preliminar de la Relatora Especial, Venezuela se enfrenta a la falta de maquinaria necesaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares. Se informa de que la compra de bienes y los pagos de las empresas públicas están bloqueados o congelados. El sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los clubes deportivos y los ciudadanos de Venezuela denuncian el rechazo o la reticencia de los bancos extranjeros a abrir o mantener sus cuentas bancarias, incluidas las de los bancos corresponsales en Estados Unidos y Europa; las dificultades para obtener visados y comprar billetes; la necesidad de actuar a través de agentes de terceros países; y la necesidad de pagar costes de seguro adicionales. El refuerzo de las sanciones económicas y el creciente exceso de cumplimiento dieron lugar a la aprobación de la Ley Constitucional Antibloqueo en octubre de 2020.
4.- De igual manera, se señala en el referido informe que las líneas eléctricas pueden trabajar hoy en día a menos del 20% de su capacidad. Se estima que el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor desde 2015 oscila entre 1 y 5 millones, y que la población se reducirá a unos 27 millones en 2021. La mayoría de los servicios públicos se han visto mermados entre un 30% y un 50% de su personal, incluido el más cualificado (médicos, enfermeras, ingenieros, maestros, profesores, jueces, policías, etc.), lo que ha provocado una desorganización interna, un aumento de la carga de trabajo para el personal restante, una reducción de los servicios y una disminución de su calidad.
5.- Asimismo, destaca el informe de la relatora Douhan que el 90% de los hogares están conectados al sistema nacional de distribución de agua. Sin embargo, numerosos hogares denuncian cortes frecuentes debido a los cortes de electricidad que afectan a las bombas de agua y al mantenimiento de las infraestructuras, y a la escasez de personal de mantenimiento cualificado. La distribución de agua sólo puede hacerse «por turnos» para garantizar su entrega a toda la población, y la mayoría de los hogares sólo pueden acceder al agua una o dos veces por semana durante varias horas. Debido a los impedimentos comerciales, el uso de agentes químicos para tratar y purificar el agua para hacerla potable se ha reducido en un 30%.
6.- Otro dato a destacar del referido informe preliminar es el referido al de importación de alimentos. Señala Douhan que este ítem, que constituye más del 50% del consumo de alimentos, han provocado el crecimiento constante de la malnutrición en los últimos 6 años, con más de 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave. Los mecanismos para hacer frente a esta situación incluyen la disminución del número de comidas al día (1 o 2 en lugar de 3); la reducción de la cantidad y la calidad de los alimentos; la descapitalización/venta de los bienes del hogar para comer; y la reducción de los gastos en salud, ropa y educación; con un aumento correlativo de las crisis familiares, las tensiones, la violencia y las separaciones; el trabajo infantil; la participación en la economía sumergida; la actividad delictiva, incluido el tráfico de drogas y de personas; el trabajo forzoso; y la migración. El programa de cajas de alimentos CLAP, iniciado como iniciativa gubernamental en 2017 y que abarca 6 mln. de hogares en todo el país, disminuye la diversidad de artículos.
7.- También debemos destacar del informe lo siguiente: "Venezuela ha dependido casi por completo de las medicinas importadas del extranjero, mientras que la mayoría de los servicios médicos públicos eran proporcionados por el Estado de forma gratuita antes de 2016. Los impedimentos para la atención sanitaria incluyen la falta o la grave insuficiencia de medicamentos y vacunas; el aumento de los precios; la escasez de electricidad para abastecer a los equipos; la escasez de agua y los problemas de saneamiento que afectan a la higiene; el deterioro de la infraestructura debido a la falta de mantenimiento, la ausencia de piezas de repuesto, la falta de disponibilidad de nuevos equipos debido a la falta de recursos o a la negativa a venderlos o entregarlos; la degradación de las condiciones de trabajo y la falta de equipos de protección contra las enfermedades infecciosas; la pérdida de personal en todas las áreas médicas debido a los bajos salarios; y la finalización de la construcción de hospitales y centros de atención primaria".
"En particular, el Hospital Cardiológico Infantil de Caracas enfrenta una disminución de 5 veces el número de cirugías (de un promedio de 1.000 intervenciones anuales en el período 2010-2014 a 162 en 2020). Las plazas de personal médico en los hospitales públicos están vacantes en un 50-70%. Solo alrededor del 20% de los equipos médicos están actualmente en funcionamiento. El país se enfrentó a una grave escasez de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria en 2017-2018. La falta de pruebas y tratamiento para el VIH en 2017-2018 supuso, según los informes, un grave aumento de la tasa de mortalidad. El desvío de activos de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO, ha impedido que se realicen trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos; dichos trasplantes se habrían realizado en Italia y Argentina antes de 2016 con cargo al Estado. El Relator Especial también observa el crecimiento reportado de la mortalidad neonatal y materna desde 2013, con una leve mejoría en 2019, cuando se activó la cooperación humanitaria con UNICEF, la OPS, la iglesia y otras organizaciones humanitarias".
"Otros efectos nocivos de la crisis son el creciente problema de los embarazos en adolescentes, que está alcanzando un nivel de crisis con niñas de 12-13 años que se quedan embarazadas en medio de la falta de acceso a la información y al uso de métodos anticonceptivos; y el aumento del VIH/SIDA debido a las relaciones sin protección".
8.- Las afectaciones a la educación escolar y universitaria también fueron recogidas en el referido informe preliminar. Se destaca la reducción del apoyo gubernamental desde el año 2016, con la reducción o terminación del suministro de uniformes escolares, zapatos, mochilas y material de oficina; y la reducción del número de comidas diarias en la escuela (de 2 a 1), la disminución de su cantidad y diversidad de alimentos o su cancelación total. La indisponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las empresas extranjeras a comerciar con las instituciones públicas venezolanas y, a menudo, con las privadas, ha provocado la suspensión del Programa Canaima, iniciado en 2015 para ensamblar ordenadores portátiles compactos con fines educativos, de los que se han distribuido 6,5 millones a través del sistema escolar sin coste alguno. Incidentes técnicos en 2019 incapacitaron el satélite público de Venezuela, reduciendo sustancialmente la cobertura de Internet en el país y haciendo difícilmente posible el aprendizaje a distancia en el curso de la pandemia.
9.- Cuatro años de hiperinflación inducida por las políticas de asedio económico y bloqueo se han traducido en la devaluación del bolívar en los que un dólar en la actualidad equivale a 1.900.000 bolívares.
10.- El resultado de esa hiperinflación inducida ha sido la disminución de los salarios en el sector público que hemos pasado a ganar de 500 dólares a 150 dólares en 2015, y de 10 dólares a menos de 1 dólar en el año 2020.
Estas políticas implementadas por Estados Unidos afectan también a sectores privados de la economía venezolana, la mayoría de ellos no afectos al actual Gobierno Bolivariano; a organizaciones no gubernamentales, universidades, clubes deportivos y personas, debido a que han reportado que instituciones financieras en el extranjero rechazan o aceptan con reticencias las solicitudes de apertura o mantenimiento de cuentas bancarias, incluyendo con corresponsalías de estos bancos.
También otro dato a destacar son los problemas que deben enfrentar las personas que pertenecen a las clases medias que suelen viajar al exterior en sus vacaciones debido a las dificultades para obtener las visas o boletos aéreos, sin mencionar los pagos adicionales a agentes por concepto de seguros.
Igualmente destaco la merma del 30 al 50% del personal que laboraba en áreas de servicios públicos esenciales, más la perdida de trabajadores calificados (médicos, enfermeras, ingenieros, maestros, jueces, efectivos policiales, etc) lo que implica desorganización y mayor carga de trabajo, servicios reducidos y menor calidad en los mismos.
De acuerdo a este informe preliminar, 2.5 millones de venezolanas y venezolanos sufren de inseguridad alimentaria severa. Comen menos veces diarias, menos alimentos y de menor calidad.
El Clap que llega a 6 millones de familias, ha disminuido en la diversidad de artículos que proveía.
Por estas razones, el gobierno venezolano activó la cooperación con el PNUD, UNICEF, ONUSIDA, la OPS, otras agencias internacionales, así como con la iglesia, el sector privado y las ONG humanitarias que prestan ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos. Sin embargo, los intentos de liberar los fondos congelados en el Banco de Inglaterra para la compra de medicamentos, vacunas, kits de protección y equipos médicos a través del PNUD y la OPS en 2020 han fracasado. No se han liberado fondos para la compra de COVAX a través de la OPS en 2020 – 2021. A pesar de la intensificación del trabajo con los actores humanitarios, se han reportado algunos casos de vigilancia y persecución del personal de las ONG nacionales que participan en el trabajo humanitario.
Esto es apenas un esbozo de lo que el informe preliminar que la Relatora Especial sobre la Repercusión Negativa de las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) en el disfrute de los Derechos Humanos en Venezuela, Alena Douhan ha expresado sobre nuestro país.
Y eso que no mencioné sobre la situación del combustible, porque tanto Erika Ortega Sanoja como otros ya han hecho mención de dicho ítem en sus consideraciones.
Lo que si destaco es que como activista en materia de Derechos Humanos con visión crítica, apoyo en todo y en cada una de sus partes el referido informe preliminar por reflejar la verdad y las causas de la actual situación de mi país.
Próximamente, la organización a la que pertenezco, Consejo Nacional Bolivariano de los Derechos Humanos (CONABDH) hará su pronunciamiento oficial a través de diferentes medios de comunicación, sobre el referido informe.
Así que amigas y amigos, cuando usted no pueda acceder a la alimentación, a los medicamentos, cuando el agua le falle o el internet, entre otros servicios públicos. Recuerde quien es el verdadero responsable de esta difícil situación que nos afecta a todas y a todos, más allá de nuestra ideología o preferencia política.
Y esto es un importante asunto que amerita reflexión y que requiere del concurso y de las mejores voluntades de todas las venezolanas y de todos los venezolanos para poder superar esta situación.
Y vaya la significación especial que tiene el escribir estas modestas opiniones, a 202 años de la fundación de la Colombia Bolivariana, en la Angostura del Orinoco un 15 de febrero de 1819, y a 200 años de la Batalla que selló la Independencia de Venezuela. Era una tarea que tenía pendiente desde hace por lo menos tres días, que espero haber saldado un poco hoy.
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!