Este primero de mayo, el Señor Fiscal en el marco de la estrategia propagandística del gobierno, tendente a posicionar un estado fallido como paladín en defensa de los derechos humanos hizo público un comunicado dirigido a la Corte Penal Internacional.
Como exposición de motivos a la lectura del comunicado, el Sr. Fiscal, en rueda de prensa, con seriedad del mal académico, cuando quiere intimidar e impresionar a sus alumnos, se apoyó en frías estadísticas, datos inanimados que ocultan el dolor y el llanto de cientos de venezolanos, para testimoniar su "trabajo decisivo, minucioso e importante", según sus palabras, y de seguidas indicó: "716 funcionarios de seguridad de estado y 40 civiles, cómplices con ellos, por presuntas vulneraciones de los derechos humanos; aprendidos 540 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares vinculados con estos hechos; han sido acusados 1064 funcionarios y 136 civiles; condenados 153 agentes del estado que violaron los derechos humanos" , estas estadísticas fueron dadas por el fiscal en el canal "de todos los venezolanos", absolutamente verificables.
Esta muestra estadística presentada por el Señor Fiscal en tres años y ocho meses de su gestión frente al Ministerio Público, refleja que la violación de los derechos humanos en Venezuela, principalmente por motivaciones políticas, no soporta el clásico argumento de hechos aislados, por lo que no es difícil concluir que se trata una política implícita de estado en la construcción de una hegemonía a costa de sufrimiento de cientos de venezolanos, en donde por cierto, no se refiere por ninguna parte al resto de decenas de funcionares policiales, militares y de inteligencia de todos los rangos, perseguidos, encarcelados y sometidos a violaciones de sus derechos humanos.
En el esfuerzo del fiscal para demostrar su defensa de los Derechos Humanos, ante la Corte Penal Internacional, sin hacer alusión al dolor sufrido por las víctimas, al de sus familiares y de toda la sociedad venezolana, debió hacer referencia a lo que él llamó casos emblemáticos: el Concejal Fernando Albán, el Capitán Acosta Arévalo, el estudiante Juan Pablo Pernalete, el ajusticiamiento en el Barrio el Limón en el Estado la Guaira y el ajusticiamiento de los dos integrantes de la Televisora Comunitaria La Guacamaya, en el Estado Zulia.
Sobre el caso Albán, informó que, en principio, se había imputado a dos funcionarios por quebrantamiento de normas de custodias, y que, el Ministerio Público solicitó la nulidad y la causa fue retrotraída a la fase de investigación, lográndose una orden de aprensión por homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de la fuga del detenido, lográndose la privativa correspondiente. No hizo mención el Sr. Fiscal a su rueda de prensa del 10 de octubre de 2018, trasmitida por TELESUR, donde demostró con supuestas pruebas en mano que había sido un suicidio ( https://youtu.be/xj_nyUjVOFb ), Sr. Fiscal, aún está a tiempo de pedir perdón a la sociedad venezolana, con la misma fuerza y convicción con la que le pide perdón a la Corte Penal Internacional con su "rectificación legal" e ilegítima, donde se cambia el suicidio por homicidio culposo.
En el caso del Capitán Acosta Arévalo, informó que el Tribunal Supremos de Justicia, ordenó una nueva investigación en octubre del 2020, y en una nueva audiencia se imputaron a dos funcionarios por los delitos de homicidio intencional calificado, ejecutado con alevosía y tortura. Me imagino que el Ministerio Público, órgano del Poder Moral, compartió la defensa de las fechorías del gobierno con el Poder Judicial, ante las inobjetables evidencias del vil asesinato del Capitán Acosta Arévalo, imposible de pasarlo por debajo de la mesa, como si ocurrió con la masacre donde acabaron con la vida Oscar Pérez y sus compañeros.
Al referirse al caso de Juan Pablo Pernalete, que muere producto de un golpe en el pecho, ocasionado con una bomba lacrimógena, informó sobre la imputación de 12 funcionarios por homicidio Preterintencional en grado de complicidad respectiva.
En el caso de la masacre del Barrio el Limón en el Estado La Guaira, indicó que fueron imputados 5 funcionarios por los delitos de motivos fútiles, uso de arma orgánica y simulación de hechos punibles.
Haciendo alusión al ajusticiamiento de dos integrantes de la Televisora Comunitaria, La Guacamaya, en el Estado Zulia, que sacudió la sociedad cabimense y zuliana en general, indica el fiscal, que fueron imputados 5 funcionarios por homicidio calificado, violación de domicilio por parte de funcionarios públicos, simulación de hechos punibles entre otros.
Entrando en el análisis del comunicado debo hacer las siguientes consideraciones:
En primer lugar, el Fiscal se concentra en demostrar mediáticamente a la Corte Penal Internacional, el compromiso que tiene el estado venezolano de realizar todas las investigaciones vinculadas a las violaciones de los derechos humanos, hasta el punto, de que, según el fiscal, este es el tercer informe que presenta el país, que complementa todos los requerimiento solicitados por la corte, e indica que, ante esto, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional guarda silencio; que se respondió el cuestionario en todas sus partes, informando sobre la situación procesal de los casos requeridos, tanto en la jurisdicción civil como militar y que se han tomado todas las medidas acordadas, sin que hasta ahora se conozcan las observaciones de la corte.
En segundo lugar, tratan de entrar en una ofensiva un tanto tibia contra la Corte Penal Internacional al plantear que hay falta de transparencia del proceso por parte en la Fiscala de la Corte Penal Internacional en la tramitación del examen preliminar en el que se encuentra el Estado, que solo se da información y colaboración de parte del estado hacia la corte y no hay reciprocidad desde la corte al país, es decir, no han sido correspondidos por la CPI.
Toda la narrativa del Fiscal esta direccionada a que, en el concierto nacional e internacional se imponga la falsa idea, donde el gobierno es defensor de los derechos humanos y que la Corte Penal Internacional no ha correspondido con la eficiencia de la Fiscalía, dado que, la Corte Penal Internacional tiene carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales en los países que son parte del Estatuto de Roma, que solo interviene cuando los casos que pueden entrar en su competencia no han sido investigados por el sistema de justicia de un estado parte. El Fiscal se esmera en lucir bien ante la Corte Penal Internacional, dejando traslucir, miedo ante ese organismo internacional, y contradictoriamente prestando poca atención al juicio de una sociedad desgarrada por la violación de sus derechos humanos.
Mientras culmino de escribir estas ideas, estoy viendo y escuchando a la Vice Presidenta de la Republica, que realiza supremos esfuerzos para imponer una matriz de opinión a nivel nacional e internacional, en la cual la violación de los derechos humanos es una creación de las redes sociales, sin embargo, esto contradice abiertamente al Fiscal, quien para congraciarse con la Corte Penal Internacional y colocar al gobierno en una posición de respeto a los derechos humanos, se ve obligado a reconocer algunas violaciones de los derechos humanos emblemáticos e inocultables, y es que, en materia de violación derechos humanos por parte del gobierno, tendríamos que recordar un adagio popular: "..el que está bien amarrado, cuando lo sueltan se enreda"; lo que suele ocurrirle con mucha frecuencia, a quienes como la Vice Presidenta, tratando de ocultar realidades que son moral, legal ética y técnicamente irrebatibles bordean los límites de una indeseable estupidez, con nula o baja responsabilidad reflexiva.