El colega, hermano, luchador social y político, Guillermo Zarraga, que durante más de treinta años desplegó sus habilidades profesionales en el campo de la ingeniería, al servicio del país, especialmente en el Complejo Refinador Paraguaná (CRP), con una brillante hoja de servicios, uno de los más experimentados en su campo; resulta que hoy, es un preso político; su delito: aparecer en una fotografía con decenas de trabajadores petroleros junto al entonces Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaido, en la ocasión que éste presentara al país el Plan de Rescate de la Industria Petrolera .
Esa fotografía fue causal de su despido del CRP, el posterior acoso por parte del SEBIN, el allanamiento de su casa en la ciudad de Coro por el, su detención y desaparición forzada durante 10 días (le tumbaron la puerta de su casa a las 3 de la madrugada el 14 de noviembre del 2020 los funcionarios del DGCIM), sin que mediara una orden de allanamiento.
Señor Fiscal, Presidente del Consejo Moral Republicano, nos preguntamos y le preguntamos: ¿Dónde estuvo el Defensor del Pueblo en este caso? ¿Investiga la Fiscalía estas actuaciones irregulares y arbitrarias de los llamados cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado, o, por el contrario, deja ese flanco abierto para que actúe el Tribunal de la CPI, en su carácter de complementariedad en relación a la violación de los derechos humanos en los estados miembros del Estatuto de Roma?
La detención de Zárraga se produjo el 14 de noviembre en horas de la madrugada, después de que el Presidente Maduro se refirió a un "ataque terrorista" que causó una explosión en una torre en la refinería Amuay, en Falcón, con capacidad de 645.000 barriles por día.
Señor Fiscal, Usted sabe, que las pruebas contra Guillermo Zárraga, deben ser desestimadas cuando este 17 de junio a las 10 a.m. se inicie el juicio en su contra; tales pruebas: su teléfono celular que no es Androide y al momento de su retención no lo llevaba con el y un diagrama de las refinerías que le exigieron sus secuestradores que dibujara, lo cual para un experto con el nivel de Zárraga pudo haberlo hecho con los ojos cerrados.
A Zárraga se le acusa de dar información a Juan Guaido y a un norteamericano que según, las fuentes gubernamentales, pretendía volar las refinerías del país, por cierto, cuando Zárraga fue detenido este presunto terrorista tenía varios meses detenido, no existe ninguna evidencia de que Zárraga se comunicara con Guaido y con el norteamericano.
Todos sabemos Señor Fiscal que la exclusión de la prueba se logra, entre otras razones, cuando en la obtención de la misma se hayan vulnerado derechos fundamentales; ahora dígame Ud. Señor Fiscal, cuál será la calidad de una "prueba" obtenida en un ambiente de tantas arbitrariedades e irregularidades: un presunto culpable, que es amenazado por un órgano de seguridad del estado, como preparando el terreno, luego le tumban la puerta de su casa a las 3 de la madrugada y lo desaparecen durante 10 días.
Pero más allá de eso Señor Fiscal, ¿Ud. no cree que el terror reflejado por la cifras que ud. maneja, que forman parte del ambiente, también pueden perturbar las pruebas en una acusación?: según sus palabras, Señor Fiscal, de las cuales estoy siempre pendiente ud expresó : "hemos realizado un trabajo decisivo, minucioso e importante", y de seguidas indicó: "716 funcionarios de seguridad de estado y 40 civiles, cómplices con ellos, por presuntas vulneraciones de los derechos humanos; aprendidos 540 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares vinculados con estos hechos; han sido acusados 1064 funcionarios y 136 civiles; condenados 153 agentes del estado que violaron los derechos humanos" , estas estadísticas fueron dadas por Ud. Señor Fiscal en el canal "de todos los venezolanos", absolutamente verificables.
Señor Fiscal, a partir del 17 de junio a las 10 de la mañana, cuando se inicie el juicio contra un inocente, en el caso del Ingeniero Guillermo Zárraga, Ud. tiene la brillante oportunidad de iniciar el camino de reivindicación de la Fiscalía y la justicia venezolana, que no puede seguir siendo un arma para la afrenta política de quien ostente el poder.