Nicolás Maduro acaba de anunciar una "reforma judicial". Y es que al parecer la ilegítima e ilegal "constituyente" (2017) que promulgó "leyes" como la inconstitucional "ley del odio" con la cual ha sido llevado a la cárcel cualquier ciudadano(a) por reclamar sus derechos, y que también me fue imputada para estar casi seis meses tras las rejas en condiciones infrahumanas; pues pareciera que se debe incrementar la persecución política, lo cual resulta un contrasentido en tiempos que irónicamente los factores de poder están hablando de "diálogo".
¿Qué busca esta enésima "reforma judicial"?
Cuando Hugo Chávez llegó al poder en las elecciones de 1998, su principal bandera política, estuvo centrada en la abolición del Estado a través de instaurar una Asamblea Nacional Constituyente, que efectivamente se concretó en 1999. A partir de allí, todas las leyes anteriores a ese año han sido derogadas, así que hablar de "reforma judicial" sería reconocer que nada de lo que se hecho en más de dos décadas en materia constitucional, legislativa y judicial por parte del chavismo y del madurismo ha funcionado, y por ende, pues hay que desmantelar lo existente, o sea, como es evidente que la Constitución y las leyes son violadas de manera descarada por el neototalitarismo madurista, lo que se busca en esta oportunidad es hacer "judiciales" esos atropellos desde la seudolegalización.
Por lo tanto, esta enésima "reforma judicial" es un acto concluyente en el desmontaje absoluto de la Constitución de 1999, sustituida por bazofias jurídicas que han llamado "leyes constitucionales" y que buscan con la formación del mal llamado "Estado comunal" la sumisión absoluta de los ciudadanos al neototalitarismo.
¿"Reforma judicial" o la manipulación absoluta del sistema judicial?
Desde que la actual "asamblea" comenzó su período y colocó a Jorge Rodríguez como presidente del órgano "legislativo" fue evidente que Diosdado Cabello quedó a un lado en la toma de decisiones y en el protagonismo del poder, y como no acepta ser segundo de nadie, jamás permitió que fuese designado "primer vicepresidente" de tal estructura del Estado madurista.
Ante ello, no es casualidad que luego de la reciente decisión "judicial" que ha generado en Venezuela que El Nacional tenga que pagarle 30 millones de dólares a Diosdado Cabello por un supuesto "daño moral", y ser tal "sentencia" la excusa perfecta para embargar sus instalaciones, tenemos que una decisión de ese tipo, si vamos a hablar de "reforma judicial" se cae por su propio peso y exabrupto jurídico.
Y es que semejante decisión es una desquiciante "sentencia", porque ese monto ni siquiera lo recibieron las víctimas de la masacre de El Amparo por parte del dictamen emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al punto que este régimen ni siquiera habría pagado la cantidad por indemnización a los sobrevivientes y familiares de los asesinados de aquella barbarie en tiempos de la llamada cuarta república, en donde por cierto uno de los señalados por los testigos en la participación de tal masacre habría sido Ramón Rodríguez Chacín {1}, una de las principales fichas en tiempos de Hugo Chávez y actual apoyo que tiene el madurismo.
Ante lo anterior, nos preguntamos: ¿Estará dentro de las demandas de "reforma judicial" que los sobrevivientes de la masacre de El Amparo se les pague la indemnización acorde con una revisión de la sentencia, y se le iniciará un juicio a Rodríguez Chacín por su presunta participación en esa masacre según detallan las investigaciones y testimonios?
De hecho, si Diosdado Cabello por "daño moral" tiene que recibir 30 millones de dólares de El Nacional, ¿Cuánto dinero tendría que recibir, la familia de Juan Pablo Pernalete, quien fue asesinado por la explosión de una bomba lacrimógena, hecho que ahora reconoce el fiscal general de la República, Tarek William Saab, pero que en su momento el diario "Últimas Noticias" tituló asegurando que la muerte del joven no fue causada por esa acción
macabra en 2017 {2}, para después ese propio diario "retractarse" de su mentira en este 2021 {3}?
Por ello, le pregunto al diputado Diosdado Cabello ¿La salsa "judicial" que es buena para que El Nacional tenga que resarcirle su "daño moral" en una cantidad millonaria en moneda extranjera al extremo de embargar sus instalaciones, no aplica esa misma "salsa judicial" al diario Últimas Noticias en favor del daño moral causado en contra de la familia del joven asesinado Juan Pablo Pernalete? ¿Qué opina Tarek William Saab?
Si es así, bienvenida la "reforma judicial", pero de no ver nada de ello, cuando menos en estos casos, es evidente qué ante hechos similares, al no haber correspondencia jurídica en sus espacios de jurisprudencia, estamos ante la presencia de una vulgar manipulación absoluta de la justicia.
El madurismo cede ante el diosdadismo
La "reforma judicial", viene a ser una especie de presidencia paralela en la "asamblea" y representa para Diosdado Cabello estar en la palestra de las declaraciones y el mundo mediático, y deja en evidencia, aunque ellos lo nieguen, las fracturas públicas entre el madurismo con el diosdadismo, en virtud que a esta última corriente no solo le basta controlar la recaudación de los impuestos en el país, sino que también ahora necesita parte de ese poder judicial, y por ende, blindarse de las posibles traiciones ante sus adversarios internos, y sobre todo crear un neoapartheid político contra la oposición, a quienes llaman apátridas y vendidos al imperio.
Recientemente Diosdado Cabello fue objeto de una polémica con uno de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuando uno de éstos afirmó, que el designado presidente de la comisión de "reforma judicial" realiza constantemente declaraciones en favor del partido oficialista desde un programa que mantiene en el canal del Estado, razón por la cual, Cabello proliferó amenazas sobre el funcionario del poder electoral, al punto de dogmatizar, palabras más, palabras menos, que si ellos (¿poder político o legislativo?) querían sacarlo de allí (rector CNE), podían hacerlo, entendemos sin rendir cuentas a nadie. Verbigracia, allí tenemos que la designación madurista de ese rector, fue rechazada por el diosdadismo, cuando menos, en esos términos políticos.
Por ello, es seguro que una de las características que tendrá esta "reforma judicial" estará vinculada con darle una especie de "inmunidad injuzgable" a los funcionarios con rango de "alta responsabilidad institucional" como piensan llamar a quienes según ellos, ejerzan distintas funciones de poder, y por ende, puedan hacer y decir lo que les dé la gana, desde donde les dé la gana, sin posibilidad de iniciar recursos o juicios en contra de semejantes "funcionarios", lo que sería otra condición perversa de neoapartheid político, porque mientras contra la disidencia se apuntala la "ley del odio" - incluso con mayor saña- para encarcelar e inhabilitar opositores, el madurismo y diosdadismo quedan libres de cualquier comparecencia por sus declaraciones o actos de abusos políticos empleando recursos del Estado.
En síntesis, al parecer la finalidad de la "reforma judicial es de plena impunidad para los factores del poder madurista-diosdadista, y máxima persecución política contra los sectores de oposición política y defensores de Derechos Humanos, o sea, no sería extraño que reclamar una vacuna contra el covid-19, elevar la voz por la legalización de miserables "salarios" de un dólar mensual, o hasta pedir agua para las comunidades, cualquiera de nosotros sea declarado con el remoquete "judicial" de "terrorista" y "desestabilizador".
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{1} https://es.m.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_El_Amparo
{2} https://twitter.com/UNoticias/status/857919573374513153?s=1005