Desde el día de ayer, medios de difusión y de propaganda de la extrema derecha nacional e internacional han desarrollado todo un aquelarre con respecto a la divulgación de un documento de la ex fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en la que concluye que autoridades civiles, miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) e individuos progubernamentales habrían cometido delitos de lesa humanidad en Venezuela desde al menos el mes de abril de 2.017.
Si bien la publicación reproducida por los medios hegemónicos no señala que el nuevo titular de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, Karim Khan haya tomado una decisión a partir de los avances que dejó su antecesora referidos al caso venezolano, a través del Examen Preliminar que dicha instancia debe realizar, si se ratificó que el documento publicado es una respuesta al recurso interpuesto por el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, ante dicha instancia internacional.
Llama poderosamente la atención que la Ong Acceso a la Justicia haya confirmado la información de que, en el documento divulgado, se haya considerado que existe "inacción por parte de las autoridades venezolanas en investigar y sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el país". Esto representa la primera parte de la información divulgada.
La organización ya había referido que en Venezuela las autoridades del Estado y en especial sus fuerzas de seguridad militares y policiales "habían cometido crímenes de lesa humanidad".
Igualmente, la investigación previa de Bensuoda orienta a reconocer que se habrían cometido «crímenes contra dirigentes opositores, la participación de actores civiles y fuerzas de seguridad, y luego la falta de investigación». Esto último lo apunta también el periodista Luis Carlos Díaz.
El documento de la Fiscalía internacional concluye que «es significativo que, habiendo revisado la información presentada por las autoridades nacionales, los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación sobre la situación serían admisibles en términos de inacción. Esto se debe al número limitado de procedimientos internos pertinentes relacionados con los posibles casos identificados por la Fiscalía; su alcance muy limitado en relación con sus hallazgos; y la falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos".
Prosigue indicando que «esto se debe a que, según la información disponible, se han iniciado procedimientos internos o se han adoptado decisiones nacionales con el fin de proteger a las personas de la responsabilidad penal". Agregaron que las investigaciones no se han llevado de manera independiente o imparcialmente, "lo que significa que se han llevado a cabo de una manera que es incompatible con una intención de llevar al interesado ante la justicia".
Se espera que el nuevo Fiscal tome una decisión sobre el Examen Preliminar Venezuela I que podría consistir en:
Archivarlo.
Mantenerlo hasta tener elementos para una decisión.
Cerrarlo y abrir una investigación a cargo de la CPI.
Esta última opción la promueven diferentes organizaciones de derechos dentro y fuera del país. Consideran que hay elementos suficientes para juzgar a las autoridades del Estado venezolano por su presunta responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad, o en realidad dotar del necesario casus belli para la salida por la fuerza de Nicolás Maduro del poder.
Luego de señalado estos elementos como introducción, debo realizar algunas apreciaciones al respecto.
En primer lugar, las acusaciones expresadas en el referido documento no tienen ningún tipo de valor e implicación jurídica a nivel internacional. Más bien las mismas son utilizadas con fines propagandísticos como parte de las campañas internacionales y operaciones de guerra psicológicas destinadas para ir generando las condiciones más idóneas para las operaciones de cambio de régimen promovidas desde EEUU, España y Colombia con apoyo de algunos actores políticos dentro de Venezuela.
Tal y como lo señaló el Fiscal General de nuestro país, Dr. Tarek William Saab, la ex fiscal Bensouda actuó unilateralmente "sin tener en cuenta, ni la colaboración efectiva ofrecida de buena fe por nuestras autoridades, ni la documentación presentada, demostrativa de la indiscutible actividad investigadora del Ministerio Público y del Poder Judicial".
Tal y como en su oportunidad lo señaló mi amigo personal, ex agente del estado ante la ONU y activista en materia de Derechos Humanos, Germán Saltrón Negretti, ningún Estado del mundo cumple al 100% en materia de Derechos Humanos. Lo que si podemos señalar sin complejos de ningún tipo es que en Venezuela desde la llegada al poder de Hugo Chávez y continuado con Nicolás Maduro, no se aplica la violación de Derechos Humanos ni la persecución política a la disidencia como políticas de Estado como si ocurría en la IV República. Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra un capítulo completo a la promoción de los Derechos Humanos y prohíbe la violación de los mismos, estableciendo sanciones enérgicas a los ejecutores de tales violaciones.
Es decir que, en el caso de la violación de Derechos Humanos, la responsabilidad penal es individual y no colectiva o estadal. Y aquellos funcionarios del Estado, militares o policiales implicados en la violación de los mismos, han venido recibiendo las sanciones que establece el ordenamiento jurídico venezolano, pero esto evidentemente no es noticia para algunos medios que dicen ser de comunicación social.
Pero, retomemos el tema que nos ocupa en estas líneas.
Hay que tomar debida nota del surgimiento de esta información a la víspera justamente del inicio de los diálogos entre voceros del Estado venezolano con las vocerías de las distintas oposiciones que hacen vida en Venezuela, con la promoción de los mismos por parte del Reino de Noruega y México prestando su territorio como facilitación de las referidas negociaciones. Es evidente que se busca descarrilar estas conversaciones y los posibles acuerdos a los que puedan llegar las partes en conflicto.
También es importante acotar que en el mes de septiembre se reúne el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU, y los enemigos históricos e internacionales de Venezuela no descartan la posibilidad de aprovechar dichas tribunas internacionales para nuevamente traer a la agenda político mediática temas como la supuesta crisis migratoria, las violaciones de Derechos Humanos en Venezuela, la crisis humanitaria, la supuesta persecución a la disidencia política al gobierno que hoy encabeza Nicolás Maduro entre otros temas, todo ello para reactivar las tesis de Estado Fallido y Estado Forajido para justificar la salida por cualquier vía de la Revolución Bolivariana del poder.
De esas reuniones hemos señalado argumentos y situaciones que deben darse, como la presentación del informe definitivo de la Relatora Especial Alena Douhan quien vino al país a comienzos de este año para realizar una evaluación sobre el impacto negativo que las medidas coercitivas unilaterales han tenido en el disfrute de Derechos Humanos en Venezuela. Ese es un elemento que tiene a más de uno vuelto loco y que pretenda darle una patada a la mesa en los diálogos que se inician a partir del día de hoy en México.
Las heridas que se la han infligido al país producto de las mal llamadas sanciones va a ser muy lenta y no es posible recuperarse por medios propios. No los tienen los ciudadanos, ni el sector privado del país ni el Estado, además de la necesaria cooperación internacional para ello (nada que ver con injerencia ni tutelaje, eso sí). Por lo que hay que establecer unos acuerdos mínimos de convivencia y de recuperar cierta estabilidad institucional para atender y resolver la situación crítica que vive el país.
Pero, lamentablemente hay venezolanas y venezolanos que no apuestan a ello, sino que aspiran a gobernar sobre las cenizas de nuestro país. Y aunque se les han asestado golpes que han minimizado de manera ostensible su capacidad de movilización y de violencia, no obstante mientras sigan recibiendo apoyos logísticos desde Colombia y EEUU, más la afectación y ataques en contra de nuestra economía, las amenazas a la recuperación y restitución de nuestra calidad de vida, pero sobre todo al derecho de vivir en paz y en tranquilidad se verá seriamente trastocado.
Eso es lo que está en juego y eso es lo que buscan los que apuestan a que no se consolide la estabilidad política e institucional en el país para que se logre la recuperación, crecimiento y prosperidad económica.
Así que atentos y prevenidos para cerrarle las puertas a los que buscan generar desestabilización y apuestan a las salidas de fuerza en la actual coyuntura política venezolana.
¡Bolívar y Chávez viven! ¡Y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!