De ser cierto está información, el Gobierno y particularmente su Presidente Nicolás Maduro es sentado en el estrado judicial de la Corte Penal Internacional y sometido formalmente a investigación penal por algunos de los delitos contemplados en el Estatuto de Roma lo cual constituye un paso previo a un posible enjuiciamiento.
Ese hecho revela por un lado, que el trabajo argumentativo de los factores de derecha que hacen oposición dentro y fuera del Gobierno, con abierto financiamiento económico y político internacional, incluso con el abierto apoyo de Jefes de Estado y de Gobiernos con enemistad manifiesta a Venezuela y su Gobierno, fue consistente para dar la apariencia de que en efecto existan factores que induzcan a pensar que el propio Gobierno ha propiciado "crimines de lesa humanidad".
Hecho que debería confirmar la inexistencia de "imparcialidad, probidad, independencia y respeto al debido proceso" de ese órgano de justicia supranacional (CPI) lo cual demuestra a su vez varios factores que en apariencia no fueron valorados con suficiente seriedad, propiedad e importancia por nuestra Cancillería y mucho menos por órganos del Estado Venezolano como el Poder Judicial por órgano de la directiva del Tribunal Supremo de Justicia, del Poder Moral en lo que respecta a las funciones y el papel desempeñado por el Defensor del Pueblo y el propio Fiscal General del Ministerio Público y de la Asamblea Nacional quienes les compete vía comité de postulaciones la designación de los Magistrados que deben ocupar esos órganos públicos.
No es algo desconocido ni oculto las reiteradas denuncias públicas por la extrañas y recurrentes ineficiencias, incumplimiento y lo que es peor desobediencia injustificada e inaceptable de la estricta normativa Constitución y la Leyes de la República; particularmente en lo relativo al irrestricto respeto de los ddhh y el deber de asegurarles sus más elementales garantias constitucionales y respeto de sus derechos ciudadanos.
Particularmente a aquellos ciudadanos que son sometidos a juicios por delitos de cualquier índole y mucho más cuando se les enjuicia por delitos contra la estabilidad, independencia y seguridad de la República, de rebelión y conspiración que supone estar al frente de ilicitos penales considerados por la doctrina como delitos políticos o por razones políticas.
Incontables son los señalamientos de parte de sus abogados defensores por no respetarse el debido proceso, el derecho a la defensa, la igualdad Procesal, y lo que es más importante la ausencia de tutela judicial efectiva que es la garantía de que el Juez al conocer y decidir lo hará en base a lo presentado y probado en el proceso, a la verdad procesal y a la máxima experiencia, pero que además sus desiciones serán liberrimamente autónomas, independientes, probas y sin presiones de ninguna especie; por supuesto apegadas a la Ley y a la Constitución.
Por si fuera poca esa realidad inocultable que se expresa en todo el País, coexisten otros hechos más grave aún que es el poder inaceptable de los cuerpos de policía nacional, estadal o municipal como organos auxiliares del poder Judicial y del Ministerio Público.
Las denuncias de malos tratos, torturas y hasta ejecuciones sumarias extrajudiciales al qué son sometidos muchas de estas personas, sigo pensando que ocurren por vía excepcional, porque sigo creyendo que desde el alto Gobierno y mucho menos del Presidente Maduro no hay una política para ejercer esas prácticas aborrecibles, ilegales, inconstitucionales e inmorales, así lo creo, pero de modo alguno se puede desconocer que ocurren con una frecuencia inaceptables y sus prácticas no parecen cesar porque tampoco hay medidas oportunas ni ejemplaruzante de los órganos competentes para no solo investigar sino castigar de ipso facto esas malas prácticas policiales.
Recientemente la Asamblea Nacional reformó algunas Leyes de estos organismo auxiliares de policía judicial y estáblecio la obligación de crear inspectorias internas para recibir y procesar denuncias de atropellos a los ddhh de las personas privadas de libertad.
Creo sinceramente que no será suficiente sino se imponen medidas claras y firmes de parte del Estado para evitar esas prácticas policiales de violaciones a los ddhh que es en definitiva las mayores motivaciones que esgrime el CPI para admitir las denuncias contra nuestro Estado por crímenes de lesa humanidad que en mi criterio personal son hechos delictuales que no califican por improcedencia e inepta calificación de la naturaleza y tipicidad delictual aplicada por el Fiscal del CPI para acreditar ese tipo de delito internacional.
Pero repito, no podemos como Estado desconocer que tenemos fallas graves de naturaleza estructural y cultural en esta materia porque además de lo expuesto para vergüenza nuestra hemos sabido de casos de personas detenidas que tienen orden de libertad emitidas por los Tribunales de sus causas y los cuerpos de seguridad que tienen bajo su responsabilidad su detención se niegan sin causa ni razón legal a ponerlos en libertad.
De esos a abusos de autoridad dónde se desconoce la autoridad de jueces que ordenan la libertad se conoce que los principales cuerpos que se sienten con un suprapoder para encima de la propia Constitución Nacional privar ilegalmente a alguien que tiene orden de salida y estar en lo libertad han sido los que están bajo las órdenes del Jefe del SEBIN y el DGCIM quienes demuestran en mi opinión que son funcionarios que no creen en sus juramentos ante la Constitución y por alguna razón que desconozco alguien les permite ese suprapoder.
Creo que nuestro Presidente haría bien destituyendo esos jefes de esos cuerpos, porque además en esos cuerpos han ocurridos hechos probados de torturas y Ejecución sumaria extrajudicial pero además apoyando a las instituciones del Estado para que con gallardía, sin miedo y con respecto al principio de la división y corresponsabidad de los Poderes Públicos como el poder judicial y el poder moral.
Ya basta de opacidad, complicidad e irresponsabilidad en materia de violaciones a los ddhh, es tiempo Sr. Presidente de TOLERANCIA CERO
Ya es hora por ejemplo que UD se siente con los familiares y comité por la búsqueda de Carlos Lanz Rodríguez y nos informe que ha pasado y que va a pesar con el paradero de nuestro querido y comprometido luchador político.
Es hora de tomar decisiones, porque para mañana puede ser tarde.