Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989)
Artículo 24
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud (…)
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.
4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
Ver: https://www.unicef.org/venezuela/derecho-la-salud
I ¡Cuándo el dolor, la indignación y la muerte de una niña desnudan el cierre de una frontera!
Después de la trágica muerte de la niña Michelle de solo cinco años de edad, la madrugada del 30-11-2022; y quien residía con sus hermanitos menores en un rancho en el sector La Fría del estado Táchira; y al ver el cómo la vida de una niña quedó a merced de unos "funcionarios militares" quienes cumpliendo sus "órdenes de arriba", se llevaron por delante la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989), de la cual nuestro país es un Estado firmante, al impedir el acceso desde Venezuela hacia Colombia, en el traslado en ambulancia donde iba la pequeña asistida con oxigeno debido a la gravedad de su estado de salud, y cuya acción derivó en que fuera bajada del vehículo asistencial para ser "transportada" en una carretilla de madera con la finalidad de atravesar la frontera, lo cual, al final desencadenó su lamentable fallecimiento, ha generado una enorme consternación e indignación colectiva, que no solamente demuestra la falsedad de apertura de ambas fronteras, sino que tales "funcionarios(as)" tiene el más alto grado de ignorancia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, y peor, de insensibilidad humana que pueda conocerse para el ejercicio de funciones de resguardo ciudadano y políticas públicas de fronteras.
En efecto, otro hecho tan doloroso que viene a sacudir las conciencias del cómo estamos actuando en materia de protección a la infancia en Venezuela, esta vez recae sobre los propios responsables en garantizar la vida de los ciudadanos; quienes convertidos(as) en verdugos(as), imponen sus códigos de obedecer con arrogancia y fidelidad las imposiciones superiores, que develan que hace mucho tiempo, no existen en el país, espacios para verificar y discutir los conocimientos filosóficos, académicos y jurídicos de quienes ahora egresan de nuestras instituciones policiales y militares; y más grave, un hecho de esta naturaleza, coloca en entredicho el sistema imperante de justicia; convirtiendo en bazofia política y constitucional cualquier declaración que se realice sobre bienestar en la sociedad, porque la praxis es lo que demuestra lo que hace un país en materia de derechos humanos.
Así tenemos, que el 26-9-2022 con la mayor pomposidad mediática el presidente de Colombia y el gobernador del Táchira, acompañados de sus delegaciones civiles y militares, y con rosas blancas en sus manos, aseguraban que venía una nueva etapa. Entre las palabras de Freddy Bernal como autoridad por Venezuela afirmó: "Estamos felices porque los hombres y mujeres de la Frontera nos asumimos venezolanos y colombianos. Hoy es el comienzo de una etapa del reencuentro de crecimiento y mejoramiento en las relaciones y fortalecimiento del área humana (…)" ¹. Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro aseguró desde un audio: "Yo deseo que las primeras personas beneficiarias sean las que habitan al lado y lado de la frontera, las que se arriesgaban en esas trochas, las mujeres que caminaban por allí, prácticamente, dependiendo de funcionarios que, incluso, llegaban a cobrar peaje, de bandas de todo tipo, multicrimen, que podían matar, que podían violar. Hoy hay una recuperación automática para los transeúntes. Hace algunos días, para quienes van en máquinas, ahora, y es, legalizar completamente los flujos culturales de población y económicos. Eso debe redundar en un salto cualitativo en materia de derechos humanos en toda la frontera colombo-venezolana, debe redundar, lo mediremos, lo evaluaremos públicamente, en un aumento de la calidad de vida". ²
Lamentablemente, vemos que tales palabras convertidas en entelequia, dejan en un hecho de inconmensurable dolor, la inercia que ha venido siendo la praxis consecuente del Estado venezolano, ahora unido al colombiano, cuando la muerte de una niña, trastoca y desnuda que la burocracia y la mediocridad política están por encima hasta de los derechos de los niños en nuestros países. De hecho, que una niña tenga que ser trasladada desde Venezuela hasta Colombia para ser atendida en su gravedad de salud, comprueba que el sistema asistencial y sanitario en el Táchira no funciona, y menos garantiza la vida de niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad biológica y patológica; y despreciable, resulta que unos funcionarios hayan sido los responsables en que la infante haya tenido que ser forzosamente bajada de la ambulancia para montarla sin el indispensable oxigeno en una "carretilla" en la desesperación por intentar salvarle la vida; y que originó al final, todo un cuadro doloroso con su terrible fallecimiento.
II Primeras declaraciones de los familiares de Michelle
Luego de la forzada muerte de Michelle, son los propios familiares de la niña fallecida quienes denuncian que fueron las acciones de funcionarios militares los responsables en que se originara el trágico hecho, cuando éstos impidieron el tránsito de la ambulancia desde la frontera del Táchira hacia Puerto Santander en Colombia.
Así tenemos, que Yusbey Medina prima de Michelle, indica entre varios señalamientos: "La frontera está abierta, pero ¿para qué o para quién?" "Nadie. Ni de Venezuela, ni del lado colombiano nos ha contactado". O sea, que, desde esta perspectiva, la frontera sigue cerrada para el ciudadano común, lo cual pudiera catalogar de engaño, lo afirmado por Gustavo Petro y Freddy Bernal sobre la supuesta "reapertura" de la frontera; es decir, que las acciones de ambos Estados solo han sido parte de la demagogia política, y, por ende, en otras promesas que sólo generan decepción y frustración para los pueblos; máxime cuando en esta trágica situación, ni siquiera pudo valorarse el derecho a la vida de una niña.
También Yusbey explicó que la niña, quien tenía problemas respiratorios y del corazón, y cuyo traslado para su atención en Colombia se había realizado en anteriores oportunidades, confiesa que esta fue la primera vez que se realizaba con tanta urgencia, al punto que tuvieron que hacer una colecta entre familiares y amigos para poder trasladarla en un servicio privado de ambulancia, después de haber sido atendida en un centro de salud de La Fría; y sobre este particular hecho asegura: "Cuando llegaron al puente, la guardia venezolana no dejó pasar la ambulancia"; y después de esa condenable acción por parte de tales "militares" añade: "Las palabras de la médica fueron: hasta acá las puedo ayudar. A la niña le quitaron el oxígeno y la subieron a una carretilla en medio de la lluvia".
Yusbey; concluye: "Si vamos a Colombia es porque acá no tenemos recursos para pagar. Se trataba de una urgencia. ¿Por qué pueden pasar camiones, comida, pero no una ambulancia en una emergencia?" "No nos cabe en la cabeza tanta crueldad. Toda la familia está destrozada, ojalá algo así no vuelva a pasar"; mientras siendo la tarde del 2-12-2022, aún esperaban por la presencia de un especialista en medicina forense que pudiera realizar la autopsia a la niña en el Hospital Central de San Cristóbal, lo cual viene a sumar más debilidades al deteriorado servicio de salud que se presta en el Táchira y Venezuela.
En este contexto, la familia sin emitir acusaciones, espera que haya investigaciones serias y determinantes de esta inexplicable tragedia, que pudo haberse evitado, si la niña hubiese llegado con asistencia de oxígeno hasta el centro de salud en el norte de Santander. Hay que mencionar, que hasta el momento solo ha habido una escueta mención por parte del gobernador del Táchira en iniciar una "investigación"; lo cual, independientemente de sus efectos, ignora una apreciación ante el terrible daño causado a una familia tachirense, y sobre todo, un traumático antecedente humano, que coloca en tela de juicio la actitud de parte de una fuerza armada que pareciera, estar ausente del dolor que confrontamos millones de venezolanos por las complejas y difíciles situaciones derivadas desde lo más alto del poder.
III "Órdenes militares" están sobre los acuerdos y derechos supraconstitucionales de los niños, niñas y adolescentes
Ahora bien, sobre las declaraciones de la prima de la niña Michelle conviene realizar las siguientes interrogantes: ¿Conocen los funcionarios militares adscritos en los puestos fronterizos de Venezuela, o de cualquier otro espacio sobre nuestra geografía nacional que existen los principios de Prioridad Absoluta e Interés Superior del Niño, debidamente establecidos en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna)?
¿Cómo puede justificarse que "órdenes militares" o "políticas" estén por encima de tratados internacionales en materia de protección infantil? ¿Quiénes se atrevieron a cerrar la frontera hasta para casos en donde la vida de una niña o de cualquier persona está en riesgo, porque ellos se consideran los dueños absolutos de nuestros destinos, están libres de este tipo de responsabilidades fatales? ¿Cómo es posible que después de esta tragedia, no haya habido ningún pronunciamiento por parte de las autoridades militares del más alto nivel en el Táchira; o, por el contrario, éstos siguen "cumpliendo órdenes superiores", en este caso de callar ante la muerte de una niña, donde los militares son los primeros acusados por la familia de Michelle?
¿Qué ha sido de los funcionarios militares que se encontraban de guardia la madrugada del 30-11-2022 cuando ocurrieron tales hechos? ¿Por qué se omiten sus nombres y grados, si cada vez que existe un caso semejante relacionado con funcionarios civiles, sus identidades se dan a conocer a la opinión pública? ¿Por qué el hermetismo sigue siendo una particularidad en esta tragedia?
Ninguna orden militar, sea del nivel que sea, puede estar por encima del Derecho a la Vida de los niños y de las personas. Lo que ha ocurrido en esta dolorosa situación es un caso de ignominia, misantropía, y han convertido la frontera en un acceso numulario, que debe terminar porque ha sido casi una década de sufrimiento que ahora llega al paroxismo de la maldad con un hecho de esta naturaleza.
IV ¿Cómo deben ser las acciones del Ministerio Público?
El fiscal general de la República suponemos que ordenó una investigación sobre la muerte de Michelle; la cual no va a devolver la vida a la niña, y menos matizar el dolor de su madre, padre, y hermanitos que aún cuando están pequeños, sentirán su ausencia y sus palabras, y cuyo dolor se hace más intenso socialmente hablando, al ser una familia vulnerable por sus precarias situaciones de vida. En consecuencia, la fiscalía si efectivamente se guía por los preceptos internacionales en materia del Derecho Internacional, así como lo que plantea la Lopna, tiene que orientarse en una clara acción que esto ha sido - aunque los responsables sean llevados ante la justicia - como un crimen de Estado. Verbigracia, fue el Estado quien violó las normativas de niños y adolescentes contra una niña, a quien impidieron que llegara en una ambulancia hasta el respectivo centro asistencial. No existen excusas ante esta barbarie humana.
Por ello, la fiscalía debe establecer las siguientes responsabilidades:
a) Penales: Las cuales deben estar centradas en quiénes impidieron el acceso de la ambulancia hasta el centro de salud en el norte de Santander. Debe haber responsables intelectuales y materiales. Los primeros por imponer "órdenes" violando cualquier normativa en favor de la niña. Los segundos, porque conociendo in situ, el estado de salud de la niña – posteriormente fallecida – no tuvieron un ápice de sentimientos, y "cumpliendo" una orden inhumana, se aferraron a ésta, creyendo que, con ello, están haciendo lo "mejor", aunque la niña haya terminado fallecida.
b) Civiles y Administrativas: La familia perjudicada con este hecho debe ser indemnizada. No se puede continuar con un Estado que evada sus responsabilidades, y piensa que por ser el "todopoderoso" de la política, con control a sus anchas de otros "poderes públicos", los funcionarios policiales y militares, después que violan los derechos ciudadanos, y son quienes representan a ese "Estado", entonces basta un espectáculo mediático de detención, y "asunto arreglado". Esta situación, reiteramos, es un crimen de Estado, y, por ende, debe haber indemnización en favor de esa familia; y que esto no sea, la entrega de una vivienda – al enterarse que vivían en un rancho - cuando eso es otro derecho al cual tenemos los venezolanos. Si el ministerio público quiere cumplir un rol objetivo, y ponderado ante la muerte de Michelle, debe actuar conforme son los ejemplos similares en el campo internacional de protección de niños, niñas y adolescentes. Algo distinto solo desacreditaría las agotadas instituciones venezolanas; entre ellas, la justicia.
V En forma de conclusión
Las violaciones contra niños, niñas y adolescentes no solo son aspectos individuales o grupales de personas o grupos criminales. El Estado se ha convertido en un constante violador de los derechos de nuestra infancia concebidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y en la Lopna; y peor resulta ver que "funcionarios" de ese "Estado" de manera impune, bajo el seudo-precepto de "cumplir órdenes" evadan sus responsabilidades penales, civiles y administrativas. El ministerio público está en la obligación de informar a los venezolanos sus acciones sobre este lamentable hecho. Nos preguntamos: ¿Si en Apure un grupo de personas incluso destrozó paredes en tribunales de ese estado por una decisión de un juez; qué pudiera pasar si en este caso no surge responsables de manera inmediata? Esperamos acciones contundentes que puedan generar acciones y reacciones que hagan justicia ante la muerte de Michelle, y eviten que se repitan hechos semejantes en el futuro.
¡Michelle! Que tu pureza, tu inocencia y el dolor que sufriste en tus últimos momentos, sean un espejo para que no existan más injusticias con nuestros niños ¡Eres un ángel lleno de luz para todos!
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Corredactor de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños y Adolescentes y promotor en la creación de los manuales de normas de convivencia educativos (1998)
Consejero y Ex – presidente del extinto Consejo Estadal de Derechos del Niño y Adolescente de Nueva Esparta (2002 – 2007)
Ponente I Congreso Mundial sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (2002)
Ex – Coordinador de Defensorías Educativas y Planteles Privados de Nueva Esparta (2006-2012)
Lic. en educación en las menciones de Ciencias Sociales y Lengua (UNA). Maestría en Educación mención Enseñanza del Castellano (UDO). Dr. en Educación (UPEL)
Autor de la Teoría de La Regeneración del Pensar – Investigador
frontera colombo-venezolana, debe redundar, lo mediremos, lo evaluaremos públicamente, en un aumento de la calidad de vida". ²
