Es imposible no pensar en los detenidos recientemente por las fuerzas de seguridad estatales, durante o inmediatamente después de las manifestaciones ocurridas, y sobre todo cuando los afectados pertenecen a los sectores más pobres de la población y una buena parte de ellos son adolescentes, en el borde de su infancia, y personas discapacitadas, algunas mentalmente afectadas. Pienso además en las mujeres jóvenes, madres luchadoras, alejadas de sus hijos y muy vulnerables a la ocurrencia de situaciones indebidas. Los años que llevamos de lucha por la justicia social, la equidad, las reivindicaciones de los sectores populares y los derechos ciudadanos; nuestras vivencias de años, las injusticias enfrentadas a lo largo del tiempo, no han endurecido en nada nuestros corazones, ni nuestra voluntad libertaria, por lo que nuestros sentimientos y nuestra condición humana permanecen intactos y afortunadamente nunca se han sometido a ideologizaciones de ningún tipo, ni se han escondido ante el miedo a la represión.
Pensar en lo que deben estar pasando esos jóvenes y esos discapacitados en manos de nuestros nada idóneos cuerpos policiales y dentro del infierno que son los retenes y prisiones venezolanas, nos desespera y nos impulsa una vez más a escribir al respecto, para ver si podemos conmover las fibras de bondad que me niego a aceptar hayan desaparecido en los carceleros de hoy. E insistimos, pese a los mensajes dejados en el ambiente por dirigentes importantes del sector oficial, con esa nefasta y amenazante frase de que esta vez “no habrá perdón”. Si estuviéramos seguros del triunfo de la justicia, de que el debido proceso se cumplirá cabalmente, de que nuestra Constitución y las leyes no será nuevamente violentadas y que se tomarán las medidas para no cometer desafueros e infamias, y para asegurar el bienestar físico y mental de los seres humanos aprehendidos, quizás no tendríamos ninguna razón para escribir, ni preocuparnos.
Pero, aun con el peligro de ser incomprendidos y caer en el grupo de los sospechosos del régimen, no podemos callar ante lo que consideramos una violación de derechos ciudadanos y humanos fundamentales y una actitud que deja muchísimo que desear, por su similitud con escenarios nacionales del pasado, que se pretendieron eliminar y simplemente se han copiado e incrementado. Situación que suponemos nadie en el gobierno, en su sano juicio, puede querer, entre otras cosas, porque no los ayuda en la necesidad que tienen de legitimarse interna y externamente. La venganza no es justicia, el regocijo por el sometimiento del adversario o de quien creemos es el adversario, tampoco lo es, independientemente de que seres enfermos puedan disfrutarlo. No creo que Bolívar haya disfrutado el fusilamiento de Piar, ni el “Decreto de Guerra a Muerte”, que se vio obligado a imponer en su momento.
Responsablemente, tenemos que decir, y como ciudadanos tenemos pleno derecho a hacerlo, que las acusaciones del Ministerio Público no se corresponden con la verdad de los hechos ni con el deber ser legal ni constitucional. Un acto vandálico no es en sí mismo un acto terrorista. Tampoco constituye un acto de traición a la patria. Ni necesariamente es un acto de odio, ni implica asociación para delinquir. Nos parece, que se están utilizando ciertas acusaciones como comodines jurídicos, que los tribunales de control deberían rechazar, si tuvieran realmente la libertad que deberían de tener para hacerlo. Esto no significa que no haya detenidos a quienes se les pueda acusar de los tres o cuatro delitos señalados, pero clara y lógicamente deberían ser los menos numerosos. Y mucho más cuando hablamos de niños o adolescentes, o nos referimos a discapacitados, entre ellos personas mentalmente inhábiles.
Pese a haber vivido 79 años, de los cuales 60 he dedicado a luchar por una nación independiente, soberana y pujante productiva y socialmente, y por un sistema donde rigiera la democracia y la justicia social, no cabe en mi cabeza que una muchacha de 16 años, dedicada a la música, pueda ser una terrorista. Ni que dos jóvenes de 15 y 16 años puedan ser dos traidores a la patria. Ni que tampoco un discapacitado mental constituya un peligro para el Estado por estar enfermo de odio. Conociendo la descomposición existente en nuestros cuerpos policiales, algo que sabe todo el mundo pues la gente la sufre diariamente, me es imposible aceptar que en las detenciones habidas no hayan jugado un papel la arbitrariedad de los funcionarios, la venganza y el pase de facturas o la simple extorsión. Y por decir lo que pienso espero que no se vaya a especular de que estoy difamando a todos los agentes policiales. Es claro, que ésa no es mi intención.
Sí debo confesar que me perturba, cuando reflexiono sobre esta situación, que me vengan a la mente las acciones de la entidad sionista genocida que llaman Israel contra el pueblo palestino, pues éstas realmente no tienen nada que ver y no son nada comparables con lo que ocurre hoy en Venezuela, pero en ellas los niños, desde el vientre materno hasta la adolescencia, y los adolescentes luego, son los blancos preferidos del ejército sionista, como lo demuestran las cifras de las víctimas. No quiero que nada de lo que se haga en Venezuela pueda parecerse ni remotamente a lo que sucede hoy en Palestina. Los casos de los adolescentes y de los discapacitados detenidos deben ser revisados especialmente, para evitar cometer errores graves en la forma de tratarlos. La vulnerabilidad particular de las damas debe ser tomada en cuenta, en la vigilancia del respeto y protección de las mismas. Se podría nombrar una comisión de gente preparada, sensata, imparcial y objetiva, que estudie estos casos e informe directamente al Presidente.