El largo historial del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de denigrar a las personas migrantes está alcanzando una peligrosa y probablemente violenta escalada al nominar para puestos clave en su gabinete y equipo de Gobierno a supremacistas blancos simpatizantes del movimiento extremista “Estados Unidos Primero”. Uno de los pilares de la campaña de Trump fue su promesa de deportar a al menos doce millones de personas, a las que se refiere como “ilegales”. La victoria electoral de Trump ha hecho subir el valor de las acciones de las empresas penitenciarias privadas, pero también ha impulsado a los movimientos populares a organizarse para resistir las políticas despiadadas del presidente electo.
El 27 de octubre, en el mitin racista que encabezó en el Madison Square Garden de Nueva York, Trump expresó: “Estados Unidos es ahora un país ocupado, […] dentro de nueve días será el Día de la Liberación de Estados Unidos. El primer día [de mi Gobierno] lanzaré el mayor programa de deportación de criminales en la historia de Estados Unidos. […] Vamos a echarlos a patadas de nuestro país lo más rápido posible”.
A excepción del propio Trump, nadie en su entorno manifiesta tanto odio hacia los inmigrantes como Stephen Miller, a quien eligió como jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca. En el acto de campaña que se llevó a cabo en el Madison Square Garden, Miller azuzó a la multitud gritando: “¡Estados Unidos es para los estadounidenses y solo para los estadounidenses!”.
Stephen Miller fue el artífice de las políticas contra la inmigración implementadas durante el primer mandato de Trump, como la prohibición de ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de países musulmanes y la separación de familias migrantes. El futuro miembro del Gabinete de Trump ha tenido cuatro años para tramar nuevas medidas y ha desarrollado un amplio plan para llevar a cabo deportaciones en masa. Miller expuso detalles de sus planes en febrero pasado, durante un discurso que pronunció en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés):
“[Hay que] cerrar la frontera, que no entren [inmigrantes] ilegales, y que todos los que están aquí se vayan. Es así de simple. […] Es necesario implementar una serie de políticas internas y externas interrelacionadas. […] Por ejemplo, la política de “Permanecer en México”; terminar [la construcción] del muro; llevar adelante juicios rigurosos contra los inmigrantes ilegales, realizar los vuelos de repatriación hacia [el centro o sur de México] en lugar de poner como punto de destino el norte del país. Eso es muy importante. [También podemos] volver a implementar el Título 42”.
La normativa conocida como “Título 42” refiere a una ley promulgada en 1944 que permite al presidente del país restringir la inmigración y expulsar a cualquier persona que sea considerada un riesgo para la salud pública. Esta sección del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos fue invocada por Trump durante la pandemia de COVID-19 y fue sostenida por el presidente Biden hasta entrado el 2023.
Miller continuó así su discurso: “[Otra de las políticas sería] la prohibición de viajes. […] Podríamos retomar esas políticas y agregar otras nuevas. También se podrían establecer bases de operaciones a gran escala para los vuelos de deportación. Entonces, detenemos a los inmigrantes ilegales y los llevamos a esas bases de operaciones, desde donde los aviones los trasladarán de regreso a sus países a cargo de las fuerzas federales. Se le delega a la Guardia Nacional la facultad de hacer cumplir las leyes migratorias”.
Las “bases de operaciones” no deben confundirse con campos de concentración.
Donald Trump también ha elegido a Thomas Homan para desempeñarse como su llamado “zar de la frontera”. Homan fue director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante la primera presidencia de Trump. Ahora estará a cargo de la expulsión masiva de migrantes planeada por Trump.
Durante una entrevista que mantuvo con la periodista Cecilia Vega en el programa “60 minutos”, Homan evitó responder sobre el costo que tendrán esas deportaciones en masa:
Vega: “Hemos visto una estimación que indica que deportar a un millón de personas al año tendría un costo de 88.000 millones de dólares”.
Homan: “No sé si eso es exacto o no”.
Vega: “¿Es eso lo que deberán pagar los contribuyentes estadounidenses?”
Homan: “¿Qué precio le ponemos a la seguridad nacional? ¿No merece la pena?”
Vega: “¿Hay alguna manera de llevar a cabo deportaciones masivas sin separar a las familias?”
Homan: “Por supuesto que la hay. Podríamos deportar a las familias enteras”.
De esta manera, Homan indicó que niños, niñas y jóvenes nacidos en Estados Unidos —es decir, ciudadanos legales estadounidenses— podrían ser deportados junto con sus padres indocumentados.
El presidente electo también ha designado a la gobernadora del estado de Dakota del Sur, Kristi Noem, como secretaria de Seguridad Nacional. Noem tiene poca experiencia en Seguridad Nacional, pero ha enviado en varias ocasiones a la Guardia Nacional de Dakota del Sur a la parte texana de la frontera entre Estados Unidos y México.
Trump, que planea utilizar a las Fuerzas Armadas estadounidenses para implementar las deportaciones en masa, ha nominado al veterano militar y presentador del canal Fox News Pete Hegseth como secretario de Defensa del Gobierno entrante. Hegseth tiene varios tatuajes vinculados al supremacismo blanco, incluida una imagen de “la cruz de Jerusalén”, un símbolo del nacionalismo cristiano inspirado en las Cruzadas.
La gente se está organizando en todo Estados Unidos para hacer frente a esta próxima ola de redadas, campos de concentración y deportaciones masivas. Alejandra Pablos es una narradora y activista comunitaria por la justicia reproductiva residente de Arizona, que luchó exitosamente contra su propia deportación durante diez años.
En conversación con Democracy Now!, Pablos describió su trabajo en una red de respuesta rápida: “Se trabaja con la gente a nivel comunitario, tratando de informar a la gente sobre sus derechos y sobre lo que pueden hacer para protegerse mutuamente”.
La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles se ha estado preparado durante un año y cuenta con equipos legales listos para luchar contra Trump y su equipo de deportación en los tribunales.
Trump, Miller y Homan ya han intentado realizar deportaciones masivas anteriormente. Se encontraron con una sólida resistencia en las calles y en los tribunales. Por su parte, la contundente oposición forzó a Trump a anular una orden ejecutiva, lo que permitió detener la separación de familias migrantes.
El desafío ahora consiste en que aquellos que cuentan con el privilegio y las protecciones de la ciudadanía estadounidense se solidaricen con los millones de residentes indocumentados que se ven amenazados por las deportaciones masivas que planea Trump, y respondan con una resistencia sólida, perseverante y organizada.