María Eugenia Gabriel Ruíz dice que ya le ha pasado de todo: la han insultado por la calle; la han apuntado con una pistola desde la ventanilla abierta de una camioneta, y la han intentado linchar y quemar viva dentro de su propia casa.
Y todo, asegura, por dos motivos.
El primero, por ser mujer indígena.
Y el segundo, por ser la representante del Consejo de Gobierno Comunal de Comachuén, una comunidad purépecha del municipio de Nahuatzén, en Michoacán, que desde agosto de 2018 expulsó a los partidos políticos y creó su propia policía comunitaria siguiendo el ejemplo de Arantepacua, Sevina, y la cabecera municipal Nahuatzén; las otras comunidades del municipio que también expulsaron a los partidos.
María, que viste una blusa blanca con bordados violetas y lleva recogido en una coleta una larga mata de pelo negro azabache, está sentada en las escalinatas de una parroquia centenaria de Comachuén, cuya entrada está decorada por un arco de flores.
Ahí, al amparo de una sombra, y ante la mirada atenta de cuatro mujeres indígenas que van cubiertas con largos rebozos con los que cubren sus hombros, María explica que es abogada de profesión y que, cuando la comunidad tomó la decisión de expulsar a los partidos ante la corrupción y la inseguridad de la región -balaceras, cobros de piso, asaltos-, la invitaron a formar parte del nuevo concejo comunal.
Todo iba bien, explica con un ritmo de plática pausado. Aceptó formar parte del nuevo concejo y aceptó, además, el encargo de ser la representante de este, aunque matiza que su puesto no le otorgaba un estatus mayor al del resto, puesto que la asamblea es el máximo órgano de decisión en una estructura de gobierno horizontal.
María cuenta que, en mayo de 2019, al poco tiempo de conformarse como consejo comunitario, comenzaron a recibir directamente los recursos de la Federación que le corresponden para realizar obra pública, y que entonces empezaron a aplicarlos en construir obras de drenaje, pavimentación de caminos, techos para escuelas, entre otras.
Pero, pronto, surgieron los problemas y las agresiones.
"Deja la política a los machines"
En paralelo al concejo comunitario electo, María dice que surgió otro grupo "de choque" que se denominó como el "nuevo concejo". Y que esto sirvió de excusa para que el gobierno municipal de Nahuatzén y el gobierno estatal frenaran la entrega de los recursos, alegando que había un conflicto en la comunidad que debía ser resuelto en una nueva consulta.
Al mismo tiempo, la abogada denuncia que fue cuando inició una campaña de desprestigio en su contra, la cual ha sido documentada y denunciada por una Misión Civil de Observación, integrada por múltiples organizaciones civiles como Serapaz, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, o el Centro Fray Francisco de Vitoria, entre otras.
Las agresiones iniciaron con insultos esporádicos hacia María en plena calle, donde le gritaban que "mejor se fuera a limpiar a su casa" y dejara la política "a los machines", y luego fueron escalando hasta acusarla de desviar los recursos de la comunidad.
Y ahí, la cosa empeoró.
El 19 de noviembre del año pasado, un arquitecto la acusó de no querer liberar el dinero para dos obras en la comunidad, un d
epósito de agua y el techado de una escuela.
"Decía que eran 17 millones de pesos que no le quería dar y que yo me los había quedado en mi bolsa. Y la gente, ya con la cabeza caliente por este señor, fue a mi casa a sacarme a la fuerza. Me gritaban que regresara el dinero. Querían tumbar las puertas y pedían que trajeran gasolina para quemarme viva", relata María haciendo varias pausas en el relato para tragar saliva y tomar aire.
"Es decir, a partir de mentiras fueron a lincharme a mi casa", insiste la mujer, que asegura que todos los recursos públicos que llegaron a la comunidad, antes de que el municipio y el estado cortaran la financiación, se aplicaron en 13 obras que mostró el pasado miércoles 19 de febrero en un recorrido en el que participaron medios de comunicación y la Misión Civil de Observación.
Y ahí no quedaron las amenazas. Un mes y medio después, el primero de enero de este 2020, María iba caminando de nuevo por las calles de Comachuén cuando una camioneta se paró a su lado.
"Me apuntaron con una pistola y me dijeron que, o dejaba ya el consejo, o lo dejaba".
Mujeres con las riendas del pueblo
Lourdes Cruz es la otra integrante del consejo de gobierno comunal de Comachuén, donde se encarga de un área clave: las finanzas.
En entrevista, la mujer purépecha explica que, aunque tienen todo el apoyo y el respaldo de sus compañeros hombres en el consejo, tanto ella como María han tenido "que trabajar el doble o el triple" para ser aceptadas en una comunidad donde los usos y costumbres reservan exclusivamente al hombre el liderazgo político y la toma de decisiones sobre el rumbo de la comunidad.
"El machismo en la comunidad no nos acepta y menos aún por los puestos que tenemos como representante del consejo y como encargada de finanzas. Eso, a los hombres machistas les pega en el orgullo. Dicen: cómo es posible que dos mujeres lleven las riendas del pueblo. Eso es imposible, no puede ser. Y por eso ha habido muchos ataques hacia nosotras para sacarnos del consejo comunal", explica Lourdes.
En una plática a las afueras de la casa comunal de Comachuén, que está resguardada por un grupo de policías comunitarios purépechas -que sustituyen a la policía municipal tras la expulsión en 2018 de los partidos políticos-, Lourdes recuerda que hasta hace un par de años en el pueblo no se permitía que la mujer fuera a las asambleas que se hacían en la plaza, "porque estaba mal visto".
Y, aunque se permitía que la mujer votara en las elecciones federales y estatales, estaba prohibido que participaran en las elecciones parar el cambio de los jefes de tenencia, que eran los representantes de la comunidad ante el municipio antes de que se le pusiera fin al tradicional sistema político partidista.
Por ello, Lourdes lamenta que el nivel de participación electoral de la mujer en esta comunidad siempre fue mínimo: de 5 mil personas con edad de votar que habitan las comunidades que integran Nahuatzén, la mitad aproximadamente son mujeres, y apenas unas mil participan en las elecciones. El 20%.
Pero ahora, con la llegada del consejo comunal y la expulsión de los partidos, Lourdes Cruz asegura que, muy poco a poco, las cosas están empezando a cambiar en favor de la equidad de género.
"A partir de que se conformó el consejo de gobierno comunal, las mujeres estuvimos luchando para que se nos diera participación y el derecho a opinar en los asuntos de interés de la comunidad", plantea la concejala.
"Sí hubo un gran debate -añade Lourdes-, pero al final se permitió que al menos hubiera dos integrantes mujeres en el consejo, y a partir de ese momento hemos estado luchando para integrar a más mujeres en la vida de la comunidad".
Virginia, de tez cobriza, grandes ojos negros, y que viste unas toscas botas negras y un uniforme azul marino con la bandera de México en un brazo y la purépecha en el otro, es una de las mujeres que también pasaron a formar parte de la vida comunitaria de Comachuén.
Aunque su trinchera, dice, no es la política ni la administración, sino resguardar al pueblo y proteger sus bosques de los talamontes.
Con las manos entrelazadas y en posición de firmes, Virginia dice que el resto de los compañeros de la ronda comunitaria le dieron la bienvenida, y que no ha tenido problemas de aceptación para ir con ellos de igual a igual a hacer rondines por los densos montes de la sierra purépecha.
Aun así, admite que solo está ella y otras dos compañeras en la ronda comunitaria donde el número de hombres las quintuplica.
Aunque matiza que esto se debe, precisamente, al machismo, ya que pocos hombres permiten que sus esposas se vistan de uniforme, se calcen unas botas militares, y salgan solas a la calle y a los montes a imponer el orden a otros hombres.
"Tengo el mismo derecho y voy a participar"
A unos siete kilómetros de Comachuén, en el corazón de la Meseta Purépecha de Michoacán, se encuentra Sevina, otra comunidad de apenas 3 mil 500 habitantes que desde julio de 2018 expulsó a los partidos políticos para regirse por un gobierno comunitario.
María Imelda Ramírez, una mujer de gesto severo, pero de sonrisa fácil, explica que la situación en su comunidad es similar a la de la vecina Comachuén.
"Acá una mujer no puede andar entre hombres, porque eso quiere decir que ya eres una vulgar. Nos discriminan mucho por eso. No tenemos derecho a salir a la calle, porque si nos casamos es para estar en casa atendiendo al marido y a los hijos. Y esto es algo que nos ha limitado mucho por años", critica Imelda.
Aunque para ella, todo cambió a raíz de unos talleres de empoderamiento que una organización de la sociedad civil fue a dar hace unos años a las mujeres de la comunidad.
Esas pláticas, asegura con los ojos ligeramente entornados por la luz anaranjada del atardecer que cae sobre Sevina, le cambiaron la perspectiva.
"En esos talleres me di cuenta de que, como mujer, tengo mis derechos, y que somos iguales a los hombres. Tal vez no lo seamos en fuerza, pero sí en derechos: ni el hombre un paso adelante, ni yo un paso atrás. Me enseñaron que tenemos que ir parejos, hombro con hombro".
Por ello, Imelda fue elegida, precisamente, como consejera de Equidad del nuevo consejo comunitario de Sevina, donde, a pesar del avance que supone que las mujeres comiencen a participar en la vida política de la comunidad, admite que la igualdad "aún no se ve".
"Todavía existe mucho machismo en Sevina", lamenta la concejala.
Mientras que en Arantepacua, a poco más de 12 kilómetros de Sevina a través de una carretera estrecha y fracturada en múltiples curvas, topes, baches, y recodos, parece que hay un mayor avance en la equidad de género y en el rol de la mujer en la vida pública de la comunidad.
Juana Morales, integrante del consejo comunitario tras la expulsión de los partidos en 2017 luego de un operativo policiaco que dejó cuatro muertos y decenas de heridos, explica que cuando se integró el nuevo consejo comunitario se acordó que los ocho integrantes fueran cuatro hombres y cuatro mujeres.
"Ahora hay mujeres en todas las áreas clave de Arantepacua. En asuntos sociales, en seguridad, en temas civiles, y en administración. En todos hay un hombre y una mujer para sacar adelante los problemas de la comunidad", subraya Juana.
No estigmatizar
Ante este panorama y ante las dificultades que enfrentan las mujeres para participar en la vida pública de las comunidades, Ana Gómez, colaboradora en el área de litigio del Centro de Derechos Humanos Fray Vitoria, pide poner en perspectiva la situación del machismo en estas localidades, "y no estigmatizar a las comunidades indígenas como machistas".
"Cuando se habla de violencia política de género se utiliza de ejemplo a las comunidades indígenas. Se dice: ‘miren, allí golpean a las mujeres y no las dejan participar’. Pero no hay que perder de vista que esto también sucede en los contextos urbanos, donde los ataques también son diferenciados hacia la mujer y por motivo de género".
Por ello, Gómez considera que lo importante es que la participación de la mujer indígena en la vida pública de las comunidades está sirviendo, desde ya, para reflejar las necesidades de otras mujeres, lo cual, a su vez, servirá para que más mujeres se vayan sumando a este proceso.
"Se está abriendo el camino y lo que se espera con eso es que también se refleje en la participación de la mujer en el proceso de la toma de decisiones de estas comunidades", concluye Ana Gómez.