Bachelet presentó una actualización oral de la situación en Venezuela en la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos.
Indicó que el nuevo acuerdo permitirá desplegar un equipo de seis funcionarios en el país, frente a los dos que tiene actualmente, aunque la voluntad de Bachelet es establecer una verdadera oficina en Caracas.
Según la alta comisionada, el primer año del acuerdo permitió avanzar en la cooperación técnica, como la revisión de protocolos policiales sobre el uso de la fuerza o el compromiso asumido por el fiscal general de avanzar en la investigación de 58 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad.
Ese ofrecimiento abarca también 35 casos de muertes durante protestas que la Oficina de Bachelet tiene debidamente documentados.
Por primera vez, los dos funcionarios de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU pudieron entrevistar de forma confidencial a 39 detenidos vinculados a casos significativos, lo que Bachelet valoró como "un salto cualitativo" en la colaboración con las autoridades.
De otra parte, la alta comisionada pidió al gobierno continuar con la liberación "de todos quienes han sido detenidos arbitrariamente", tras expresar satisfacción por la liberación reciente de 110 personas.
Esta medida -opinó- contribuye a la distensión política y a la apertura del espacio democrático.
Venezuela tiene 333 presos políticos pese a los 50 que fueron excarcelados por el indulto otorgado por el presidente Maduro el pasado 31 de agosto, asuguró el Foro Penal, que lidera la defensa de estas causas en el país.