De acuerdo al portal Tal Cual, la discusión, según han confirmado, se produjo por un router que sería propiedad de los indígenas. El equipo fue prestado a los militares para poder comunicarse con otras bases y, al reclamar los pobladores por su devolución, se produjo el enfrentamiento.
Miguel Rodríguez, gobernador del estado Amazonas, confirmó a través de su cuenta en Facebook la situación. «Una verdadera tragedia fue ocasionada por algo que pudiese ser visto como irrelevante en cualquier otro lugar. Sin embargo, al no tener la información necesaria para tratar con culturas ancestrales con cosmovisiones distintas, cualquier funcionario confundido puede generar situaciones dolorosas».
Desde el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) instaron a las autoridades venezolanas a esclarecer urgentemente los hechos, además de establecer las responsabilidades a que hubiera lugar, «con estricto apego a los compromisos asumidos por el Estado venezolano en el acuerdo amistoso suscrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de los sucesos conocidos como la Masacre de Haximú, ocurrida en 1993″.
Desde Provea se señaló que, actualmente, las tensiones entre indígenas y actores estatales y no estatales han ido en aumento debido al crecimiento exponencial de la minería ilegal en Bolívar y Amazonas, “que ha sido atizado por el mega proyecto Arco Minero del Orinoco».
Mientras que el coordinador general de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas, Eligio Dacosta, también exigió la investigación y reclamó el uso indebido de la fuerza pública contra los indígenas.
«Se debe investigar la debida proporción en el uso de la fuerza pública, es decir si hubo o no abuso excesivo» reiteró.
Adelantan investigaciones en Amazonas
La organización protectora de derechos indígenas Kapé Kapé reportó que la Delegación Indígena de la Defensoría del Pueblo del estado Amazonas abrió un expediente de investigación por el presunto asesinato de estos cuatro yanomamis a manos de funcionarios militares.
Pero según la información recibida por Provea de personas vinculadas a la Defensoría del Pueblo, no fueron notificados de la creación y traslado de esta comisión, por lo que fueron excluidos de las investigaciones iniciales que se desarrollan actualmente en el terreno.
Por su parte, el coordinador nacional de pueblos indígenas de Foro Penal, Olnar Ortiz, informó al Correo del Caroní que el caso lo lleva la Fiscalía 40 de Control con competencia militar del estado Amazonas.
Dijo que los funcionarios implicados aseguran haber empleado sus armas en defensa propia porque, presuntamente, el hijo del capitán de la comunidad le quitó la pistola a un funcionario y disparó contra los militares.
«Pero evidentemente son armas de fuego, y habría que ver realmente qué es lo que sucedió para poder calificar cómo fueron los hechos e imputar cualquier delito. Todavía está llegando información de Parima B, pues es una comunidad que queda muy lejos, y el acceso es solo aéreo», resaltó Ortiz.
También reportó que los yanomamis no dejan entrar ni salir a nadie del territorio, «pese a que quiere llegar otra comisión para poder mediar y sacar a otros dos funcionarios militares heridos que no han podido salir de la comunidad».
Los fallecidos son tres hombres y una mujer: Isnardo Borges, de 21 años; Cariban González, de 22; Jhonatan Silva, de 30 años, y Martina González, de 45.
Entre los cinco lesionados hay un indígena de 16 años que fue trasladado al Hospital Dr. José Gregorio Hernández, en Puerto Ayacucho, y dos militares que hasta las 2:00 pm de este martes no habían salido de la comunidad.
*Con información de Tal Cual y Redes sociales