Olnar Ortíz, representante del Foro Penal capítulo indígena en estado Amazonas, intentó denunciar los asesinatos ante el Foro el miércoles por la tarde, pero no lo logró.
Informó que pese a este primer intento frustrado, el jueves tratará de presentar una denuncia ante el organismo multinacional.
El defensor de los Derechos Humanos de Foro Penal expresó que pese al intento frustrado, logró hablar con el presidente del Foro y relator del organismo.
Horas antes, Ortíz informó que denunciaría lo ocurrido en Parima B ante la ONU. Añadió que al momento de hacer la denuncia realizaría una transmisión en vivo.
Sobre lo ocurrido en Parima B
El 20 de marzo de 2022, la exigencia de devolución de un router que los indígenas habían entregado bajo acuerdo a los militares del componente de Aviación terminó con cuatro muertos y cinco heridos, entre ellos dos militares.
Semanas antes, los indígenas yanomami de Parima B entregaron un router con el objetivo de disfrutar de una conexión a internet que beneficiaria a ambas partes.
Los militares contaban con una torre y los yanomamis con el router. Ambos se complementaban. No obstante, el 20 de marzo cuando el segundo capitán intentó conectarse, no pudo pues los militares habían cambiado la contraseña.
Al pedir la contraseña, los funcionarios se negaron y es cuando inició el conflicto. La autoridad indígena exigió la devolución del equipo, a lo que lo militares también se negaron.
Con el paso de los minutos la tensión fue creciendo. En los hechos posteriores, cuatro yanomamis resultaron muertos por impactos de proyectiles.
De acuerdo con la periodista Carolina Azabache las personas fallecidas fueron Isnardo Borges de 21 años de edad, Cariban González de 22 años de edad, Jhonatan Silva de 30 años de edad, y Martina González de 45 años de edad.
Designan a fiscales para investigar homicidios
El 23 de marzo el Fiscal General, Tarek William Saab, designó dos fiscales para investigar lo ocurrido en Parima B, municipio Alto Orinoco.
A través de su cuenta en la red social Twitter, Saab escribió: “designados en Amazonas el fiscal 91 nacional en materia indigenista y la fiscal 4 de Derechos Humanos para investigar conjuntamente con expertos del Cicpc, la denuncia sobre el enfrentamiento entre indígenas yanomami y funcionarios militares”.
Las investigaciones posteriores han estado marcadas por un total hermetismo por parte de las autoridades.