Jueves, 24 de noviembre de 2022.- Los países alrededor del mundo y las sociedades que los conforman suelen ser heterogéneas y diversificadas, están conformadas por grupos diversos con diferentes conjuntos de valores. Con diferentes herencias raciales, concepciones políticas y sociales antagónicas, diferentes credos religiosos, formas de vivir disímiles y orientaciones diferentes en lo relativo a sus concepciones morales y a su sexualidad. En las sociedades modernas, llamadas democráticas, es de suponer que deben coexistir todas las tendencias, en una atmósfera de respeto mutuo y tolerancia. Dentro de toda esta diversidad cultural encontramos que hay países cuyas poblaciones son ortodoxas y conservadoras con un estricto apego a las normas que las rigen y otras más heterodoxas y liberales, mas evolucionadas en sus conceptos y por supuesto, aquellas en las que se combinan ambos factores.
En nuestro caso, acá en Venezuela, pareciera que nos encontramos en esta última categoría, somos liberales en muchas áreas y muy conservadores en otras y todo al mismo tiempo. Nuestro sistema de valores y de justicia siguen siendo patriarcales y anticuados a la hora de legislar para la inclusividad, un ejemplo de ello es el caso que hoy presentamos a aporreadores y aporreadoras, en donde a una comunidad de nuestra población se les está violando sus derechos constitucionales, cuando se presume de ser un estado socialista, de justicia y de derecho y ejemplo de inclusión, a la comunidad LGBTI no sólo se les niegan sus derechos sino que además se les persigue y criminaliza por su orientación sexual.
En un gesto valiente que los enaltece, activistas de la comunidad LGBTI decidieron encadenarse frente a la Defensoría del Pueblo, ubicada en la plaza Morelos de Caracas, en una protesta donde reclaman sus derechos ciudadanos que están siendo ignorados, violados y los representantes de distintas instituciones del Estado no les están dando las debidas respuestas a sus justas reclamaciones.
Ell@s plantean: Hemos agotado la vía administrativa y la vía judicial solicitando respuestas de varios derechos que nos han sido vulnerados, señaló Koddy Campos, uno de los voceros de los activistas de Defensa los Derechos Humanos de la Comunidad LGTBI, quien añadió: Hemos asistido en varias oportunidades y durante varios años a la Asamblea Nacional y no hemos obtenido respuestas. Hemos asistido al Tribunal Supremo de Justicia y no hemos obtenido respuesta y hemos acudido al Consejo Nacional Electoral y tampoco, hemos recibido respuesta. Es por eso que llegamos a la Defensoría del Pueblo como última instancia para que pueda ser el intermediario o la mediación entre las instituciones del Estado que no dan respuesta y los movimientos sociales de la población LGTBI. ¿Qué se está pidiendo? Se está pidiendo la nulidad del artículo 565 del Código de Justicia Militar donde se castiga con prisión de uno a tres años, por el tan sólo hecho de ser homoxesual, eso pasa aquí en Venezuela. También estamos pidiendo que se aplique el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil que prevee el cambio de nombre para todas las personas.
En este video les presentamos a aporreadores y aporreadoras toda la entrevista: