23 de marzo de 2022.-
En el marco del operativo anticorrupción fue detenido el juez José Mascimino Márquez García, por vender una sentencia. Se trata del mismo juez que actuó en el juicio por la desaparición del militante popular Carlos Lanz, y que dictó sentencias condenatorias, en un caso muy polémico.
Carlos Lanz era un dirigente chavista, ex guerrillero y experto en guerra de cuarta generación. Muy respetado entre los sectores más radicales del ejército bolivariano, aportaba en cursos de formación sobre estrategia e inteligencia.
Al producirse su desaparición en agosto de 2020, las principales sospechas cayeron sobre grupos mercenarios pagados por Estados Unidos. Su desaparición coincidió con la sentencia a 20 años de prisión que la justicia venezolana dictó contra los ex boinas verdes Luke Denman y Airan Berr, por una operación militar realizada en el país. También había denunciado a la Contratista Rendon Group como responsable de diseñar y coordinar la estrategia comunicacional del "Plan Colombia, Plan Patriota y el Plan de Seguridad" , para agredir a Venezuela. También en aquel momento se comentó la posibilidad de que hubiera sido víctima de una interna militar, ya que Lanz estaba claramente alineado con los sectores más revolucionarios de las FANB.
En julio de 2022, la causa dio un vuelco cuando fue detenida su esposa y miembros de su círculo más cercano, militantes del PSUV, acusándolos de asesinato. Con una fuerte exposición del Fiscal General Tarek William Saab, se afirmó que Lanz había sido secuestrado y asesinado por ese grupo y que la responsable intelectual era su propia esposa Mayi Cumare. La causa tuvo muchas irregularidades, por falta de asistencia jurídica a los acusados, porque el cadáver nunca apareció y porque las cámaras de seguridad de la ruta por donde supuestamente fue conducido, no confirmaron el paso de los secuestradores. Pero finalmente, el juez Marquez García condenó a los acusados a penas de hasta 20 años de prisión.
El Operativo anticorrupción, que se inició por la comprobación de una defraudación a PDVSA por 3.000 millones de dólares y, que le costó el cargo al poderoso ex Ministro de Energía y Petroleo, Tarek El Aissami, puede tener otras implicancias judiciales. Podría contribuir a reabrir el caso de Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, que denunciaron maniobras fraudulentas de la administración de PDVSA. Estos jóvenes gerentes, fueron sentenciados a cinco años de prisión por"divulgar información sensible que fue utilizada por Estados Unidos para imponer sanciones". Con el operativo anticorrupción, algunas de sus denuncias, empiezan a confirmarse.