Los niños habían sido presuntamente reclutados forzosamente por los rebeldes que se apartaron del pacto de paz que desarmó en 2017 a las FARC.
La Defensoría del Pueblo de Colombia que vela por los derechos humanos confirmó la denuncia y detalló en un comunicado que los "cuatro niños y adolescentes" fueron ejecutados en los límites entre los departamentos de Caquetá y Amazonas (sur) "luego de haber desertado" del Frente Carolina Ramírez, una de las facciones disidentes de las FARC que se adhirió a un cese al fuego bilateral planteado por el Gobierno el 1 de enero.
"Reclutar y asesinar niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas no son precisamente gestos de buena voluntad para alcanzar la paz. Además de ser evidentes violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)", reclamó la Defensoría.
Por su parte, el presidente Petro calificó el múltiple asesinato como "un crimen atroz, una bofetada a la paz" y anticipó "medidas frente a estos hechos".