La coordinadora de investigación de la organización defensora de derechos humanos, Lissette González, presentó la cifra y dijo que estas detenciones ocurrieron entre los años 2013 y 2022, es decir, desde que Maduro comenzó su mandato presidencial.
González indicó que los dirigentes sindicales son las personas que corren mayor riesgos por las represalias que sufren/enfrentan ante la defensa de sus derechos laborales.
Provea afirmó que, de acuerdo a su data, al menos el 71 % de las protestas que se llevaron a cabo solamente en el primer semestre de este año, tuvieron foco laboral, pues los trabajadores públicos actualmente perciben un salario precario, cuyo monto no goza de aumento desde hace 20 meses.
Además, González resaltó que las represalias hacia los sindicalistas recrudecieron en los últimos años con hostigamientos, persecuciones, amenazas, despidos y detenciones. Solamente en 2022, registraron 344 casos de amenazas contra trabajadores y dirigentes sindicales.
González aprovechó la ocasión para recordar las detenciones de Gabriel Blanco, Alcides Bracho, Emilio Negrín Reynaldo Cortés y Alonso Meléndez, seis sindicalistas a quienes detuvieron el año pasado y, en agosto de este 2023, los sentenciaron a 16 años de prisión.