Inti Amarú, investigador de Provea, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que los militares también hostigaron y amenazaron a los residentes de esa comunidad que alberga, al menos, a unas 600 personas.
“Es una comunidad que, lastimosamente, está practicando minería porque alegan que ante el abandono estatal y desatención de las autoridades y en una situación de incremento exponencial de prácticas extractivas, se obligan a asumir esto”, dijo Amarú.
Adicionalmente, agregó que también recibieron reportes de otras comunidades indígenas que se ubican cerca de las cuencas del río. “Esto forma parte de una situación descrita por la Misión de Determinación de los Hechos y por organizaciones defensoras de derechos humanos, en la que la extracción minera empuja a las poblaciones indígenas a situaciones de riesgos, desatención y vulnerabilidad de la garantía de sus derechos”, apuntó.
Para finalizar, el investigador de Provea precisó que les preocupa que con estos operativos de seguridad, se profundice la militarización por la disputa de esta zona y que “aumenten los riesgos contra las comunidades pobres”.