El Gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro, reaccionó luego de que la Corte Penal Internacional (CPI) anunciara este 1 de marzo que seguirá adelante con las investigaciones por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado, luego de que el país hubiera apelado la realización de la pesquisa en 2023.
Según un comunicado difundido en las redes sociales por el Ejecutivo, Venezuela considera que la CPI está intentando usar los mecanismos de justicia penal internacional con propósitos políticos. Desde el círculo político de Maduro, insisten en que los delitos señalados están siendo investigados y sancionados por las autoridades de justicia venezolanas.
La Sala de Apelaciones de la CPI no dio lugar a los argumentos presentados por el Gobierno en noviembre pasado, que sostenían que en Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad, sino que se trata de "un puñado de incidentes" investigados a nivel nacional y que no necesitan intervención de la justicia internacional.
En junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares permitió al fiscal reanudar la investigación, al considerar que los procesos judiciales internos de Venezuela no reflejaban adecuadamente la magnitud del caso y mostraban "periodos de inactividad inexplicables", según citó EFE.
El magistrado Marc Perrin de Brichambaut, al leer la decisión de la Sala de Apelaciones, confirmó la autorización para continuar con la investigación, desestimando por unanimidad los seis argumentos presentados por Caracas contra esta medida. En tanto, autorizó al fiscal, Karim Khan, a seguir las pesquisas.
¿Por qué investiga la CPI al Gobierno de Venezuela?
La fiscalía anunció la apertura de la investigación en noviembre de 2021, tras un examen preliminar iniciado en 2018 a partir de una remisión de Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, que denunciaron presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde febrero de 2014.
En 2017, durante varios meses se produjeron manifestaciones contra el Gobierno, un año que estuvo marcado por acusaciones de tortura, arrestos arbitrarios y abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Las protestas dejaron 125 muertos.
Caracas solicitó en abril de 2022 posponer las investigaciones de la CPI a favor de las autoridades venezolanas, quienes continuarían con sus propias pesquisas. Sin embargo, siete meses después, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación, argumentando que Venezuela no estaba haciendo lo suficiente en el caso, solicitud que fue concedida en junio pasado.
En las audiencias de noviembre, el ministro de Exteriores venezolano, Yvan Gil, afirmó que la justicia nacional ya estaba actuando y mencionó que más de 255 agentes del Estado habían sido imputados, 64 acusados y 62 condenados por casos de violaciones de derechos humanos, los cuales son de interés para la CPI.
Gil lamentó que la CPI no respetara el principio de complementariedad, diseñado para evitar superposiciones en las investigaciones. En respuesta, el fiscal señaló que su investigación estaba en fase preliminar y que era poco razonable esperar que pudiera identificar sospechosos o establecer el alcance del caso, contradiciendo la posición de Caracas, que cuestionaba la validez legal y sustancial de la solicitud de reanudación de la investigación.
Ahora, Khan podrá continuar indagando sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad.
*Con información de France24, EFE y Reuters