Ronald Ojeda, militar retirado del Ejército de Venezuela de 32 años, fue secuestrado el 21 de febrero por personas que simularon ser policías chilenos y que lo sacaron de madrugada en ropa interior de su departamento. Nueve días después, fue hallado muerto dentro de una maleta que había sido enterrada en una barriada de la capital chilena.
“Solicitamos y exigimos a Venezuela toda la colaboración que se requiera en este caso para que busquen y pongan a disposición de la justicia a los sospechosos de haber perpetrado o colaborado en este vil asesinato”, dijo el presidente chileno, Gabriel Boric, a periodistas.
“No sólo no vamos a permitir la impunidad, sino que (…) vamos a agotar todas las instancias, tanto nacionales como internacionales”, agregó el mandatario izquierdista y crítico del gobierno de Nicolás Maduro.
Minutos después, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, anunció la asistencia en este caso que tocó fibras diplomáticas.
“Venezuela y su Ministerio Publico tiene la más absoluta disposición de cooperar en la lucha contra el delito transnacional y ofrece a Chile toda su experiencia en el combate de estos grupos de delincuencia organizada”, escribió en redes sociales.
– Móvil político –
La Fiscalía chilena apunta “a pensar que la hipótesis más plausible es que haya habido un móvil político”, dijo más temprano la ministra del Interior Carolina Tohá, en una declaración en el palacio de Gobierno.
“¿De quién es ese móvil político? Eso la misma investigación lo tiene que aclarar”, agregó la ministra.
La investigación hasta ahora ha establecido que miembros de una banda criminal transnacional, posiblemente del “Tren de Aragua”, fueron los autores materiales del secuestro.
La víctima no tenía relación aparente con el crimen organizado y desarrollaba actividades lícitas en Chile, que le concedió refugio político tras escapar de una cárcel venezolana después de ser acusado de conspiración. En sus redes sociales, Ojeda se calificaba como “preso político”.
“Estamos hablando de una víctima que ha participado de acciones en contra del gobierno venezolano y que, en segundo lugar, ha estado detenido nueve meses y se escapó”, explicó este viernes el fiscal a cargo de la investigación, Héctor Barros.
“Nunca he dicho que esto es de contrainteligencia, sino que es un delito transnacional que se organizó en Venezuela”, precisó.
– “Inmediata detención” –
Dos venezolanos fueron individualizados como autores del crimen. La Fiscalía afirma que escaparon casi de inmediato a su país y que pedirá su extradición, aunque la ley de Venezuela no la contempla para sus propios ciudadanos.
El fiscal Saab señaló que Chile solicitó “datos personales y antecedentes penales de cinco personas vinculadas al homicidio de Ronald Ojeda, en donde dos de las mismas son el propio Ojeda y otra, del hoy procesado por terrorismo Anyelo Heredia”.
Heredia, también militar, fue preso acusado de participar en una conspiración para asesinar a Maduro.
“El Ministerio Público de Venezuela está procediendo a la ubicación de los sujetos señalados como presuntos involucrados en dicho crimen, para su inmediata detención en el caso de que los mismos se encuentren en nuestro territorio”, indicó Saab.
Saab aseguró que el Tren de Aragua “fue completamente desmantelado a finales del año pasado”, en línea con el discurso del gobierno de Maduro que niega de que esa organización opere en otros países de la región.
Chile de hecho llamó el jueves a consultas a su embajador en Caracas, Jaime Gazmuri, tras considerar “un insulto” esta postura sobre la que Caracas ha insistido en los últimos días. Una interrupción de relaciones de momento está descartada, pese a pedidos de parlamentarios oficialistas y de oposición.
“Esto que ha pasado es importante para Chile. Le damos la mayor gravedad pero también es importante para Venezuela. Los ojos van a estar puestos en su comportamiento”, señaló por su parte Tohá.
????️???????? “HEMOS Y SEGUIREMOS RESPALDADO PLENAMENTE A LA FISCALÍA”
— 800 Noticias (@800Noticias_) April 12, 2024
El presidente de Chile, Gabriel Boric, exigió la colaboración del gobierno de Venezuela para esclarecer los hechos sobre el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.
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