28-08-24.-A través de una nota de prensa, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, alertó que trasladar a cientos de manifestantes detenidos en contextos postelectorales a las cárceles rehabilitadas de Tocuyito y Tocorón puede interpretarse como un acto de venganza y tortura.
Este martes 26 de agosto se conoció que unas 300 personas que fueron aprehendidas en diferentes manifestaciones por efectivos de seguridad estaban siendo trasladadas a estos dos penales, ubicados en Carabobo y Aragua, respectivamente.
Refiere el OVP que el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, y el Internado Judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito, durante muchos años fueron foco de atención por la corrupción, riñas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, armas, esclavitud y otras violaciones contra los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Luego, entre setiembre y octubre de 2023 penales de Tocuyito, Tocorón, Vista Hermosa, Trujillo, Yaracuy, La Pica y Puente Ayala fueron los intervenidos, con un total de más de 8 mil presos trasladados a otros sitios de reclusión.
De ese total, más de 3.254 eran presos de Tocorón y Tocuyito, quienes confiaron en la promesa del ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, que les aseguró que esos traslados eran "temporales y circunstanciales".
A casi un año de promesas olvidadas
Expone la ONG en su comunicado que "casi un año después de promesas olvidadas, Tocorón y Tocuyito vuelven a la palestra pública cuando Nicolás Maduro dijo que estas instalaciones serían reacondicionadas como cárceles de máxima seguridad para encarcelar a miembros de la sociedad civil, trabajadores de la prensa, defensores de DDHH, abogados y dirigentes políticos que se opongan" al gobierno nacional.
En este sentido, se pregunta la organización "¿cuál debe ser el procedimiento para calificar a más de 2.000 detenidos para trasladarlos a un centro de reclusión de máxima seguridad? Primero es fundamental hacer una clasificación de los detenidos que esté vinculada al concepto de "evaluaciones individualizadas".
Explican que "una evaluación individualizada, en el contexto penitenciario, se refiere al análisis sistemático del recluso utilizando técnicas como instrumentos estructurados, un examen de la documentación disponible, entrevistas y observaciones para determinar sus riesgos futuros (incluido el riesgo de lesiones autoinfligidas o suicidio, riesgo para el personal penitenciario o para otros reclusos, el riesgo de destrucción de infraestructura, riesgo de fuga y el riesgo para el público en caso de fuga), así como los factores que deben tenerse en cuenta para reducir o gestionar esos riesgos.
Tocorón y Tocuyito reflejan crisis del sistema penitenciario
Lejos de ser cárceles de máxima seguridad donde se pueda implementar una debida clasificación de privados de libertad, es un hecho que las cárceles de Tocorón y Tocuyito reflejan la crisis del sistema penitenciario venezolano, donde destacan las condiciones de hacinamiento, corrupción y la falta de control por parte de las autoridades".
Para el director general del OVP, Humberto Prado, "aunado a la infraestructura, entre otras deficiencias del sistema penitenciario en Venezuela, es importante destacar que los presos políticos no deberían ser tratados como presos sociales porque su encarcelamiento no obedece a la comisión de delitos comunes, sino a razones políticas o ideológicas.
Este tipo de encarcelamiento viola principios fundamentales del derecho internacional, que protege la libertad de expresión y la participación política como derechos humanos básicos. Tratar a los presos políticos como criminales ignora la naturaleza injusta de su detención y perpetúa la represión estatal.
Además, la equiparación de presos políticos con presos sociales puede poner en riesgo su seguridad e integridad física. Los presos sociales están encarcelados por delitos que pueden involucrar violencia o peligro, lo que podría exponer a los presos políticos a un entorno hostil y violento".
La semana pasada se confirmó que los 103 hombres y 12 mujeres detenidos durante las protestas postelectorales en el estado Anzoátegui y que fueron imputados por incitación al odio y terrorismo, tienen como centro de reclusión el Centro Agroproductivo José Antonio Anzoátegui, conocido como "Puente Ayala".
Este centro ha sido criticado en el pasado por su hacinamiento y las condiciones precarias.
Antes de ser llevados a la máxima de Anzoátegui, los reclusos se encontraban en el Centro de Detención Preventivo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicada en el Polígono de Tiros de Barcelona.
El OVP ya había alertado estas irregularidades
Ya la semana pasada "desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hemos denunciado continua y sostenidamente el hacinamiento crítico en las cárceles de nuestro país, por lo que este tipo de prácticas inconstitucionales se han vuelto ley para el régimen y atentan contra las garantías judiciales establecidas en nuestra Carta Magna", reseñó la organización en su página web.
Ninguno de los detenidos han sido objeto de evaluaciones médicas ni psicológicas. Algunos de ellos sufren algún tipo de patología y no reciben atención médica.
El acceso al agua potable es una de las severas limitaciones dentro de las cárceles y los detenidos en las movilizaciones sufren de ello todos los días. De acuerdo con el OVP, "el acceso al agua potable en los recintos penitenciarios es nulo o lo poco que les llega no es apto para el consumo ni para asearse".
Finalmente, el Observatorio exige la liberación inmediata y sin restricciones de todos los hombres, mujeres y adolescentes que fueron privados de su libertad arbitrariamente, por razones políticas o ideológicas, en una flagrante violación contra sus derechos humanos.
Familiares lloran a sus parientes
La ONG Una Ventana a La Libertad reportó a inicios de esta semana que las madres y demás familiares de los jóvenes detenidos por las protestas postelectorales en Venezuela no pudieron aguantar las lágrimas al ver a sus hijos trasladados este domingo 25 de agosto al Centro de Formación para el Hombre Nuevo El Libertador, la cárcel Fénix Carabobo, en Tocuyito.
En medio de la despedida se escuchaban frases como "sin miedo, hijo", "Fuerza, papá", "Te amo, hijo"," Aquí estamos", "No te vamos a desamparar, papá", de parte de varios padres y madres mientras observaban a sus hijos desde afuera del centro penitenciario, sin poder tocarlos. Los jóvenes solo levantaban las manos.
De acuerdo a UVL unos 150 jóvenes (entre ellos adolescentes) fueron detenidos los días lunes 29 y martes 30 de julio por las protestas postelectorales.
El pasado 10 de agosto el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk expresó su preocupación por el alto número de casos de detenciones arbitrarias de manifestantes pacíficos. Entre esas aprehensión es, hay niños y adolescentes, además de periodistas, miembros de partidos políticos, defensores de derechos humanos y voces disidentes del oficialismo.